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¿De qué se acusa al expresidente Guillermo Lasso en el juicio político que retomará la Asamblea Nacional?

El juicio se realizó el 16 de mayo, se escuchó al exmandatario y a sus interpelantes y solo faltó cerrar debate y votación, pero la muerte cruzada lo suspendió.

El expresidente Guillermo Lasso en una foto de archivo. Foto: EFE

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Cuando se presentó en la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político contra el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso -quien acaba de dejar el poder hace menos de una semana-, los legisladores de oposición que impulsaron el proceso plantearon los supuestos delitos de concusión y peculado, pero la Corte Constitucional solo dio paso al último.

El delito de peculado para llevar a juicio a un mandatario está contemplado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y la acusación contra Lasso se enmarca en el caso de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y la contratación de buques para el transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tanker Pool Company LLC.

En la Asamblea anterior, los legisladores proponentes sostenían que Lasso conocía y consintió que dichos contratos eran perjudiciales para la economía del Estado, y que pese a ello debían seguir celebrándose y ejecutándose. Por eso se planteó censurarlo y destituirlo, ahora como ya no está en funciones solo correspondería lo primero.

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El juicio empezó en marzo de 2023, cuando los asambleístas de ese tiempo presentaron una acusación contra Lasso y la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que continúe el proceso.

El trámite con la presentación de pruebas de cargo y de descargo, incluidas las comparecencias, llegó hasta el 16 de mayo de 2023, cuando se escuchó al ex primer mandatario y a los legisladores Viviana Veloz (RC) y Esteban Torres (PSC), quienes presentaron una moción de destitución y censura del mandatario en el pleno.

Solo faltó cerrar el debate y luego esperar cinco días para la votación de la moción; pero con la emisión del Decreto Ejecutivo 741 el 17 de mayo, que aplicó la muerte cruzada, truncó ese objetivo.

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Seis meses después, la recién integrada Asamblea Nacional pretende cerrar el proceso, pero surgen algunas inquietudes. Lo hará una Asamblea donde hay 93 legisladores que no estuvieron en todo el proceso seguido, desconocen el expediente y las pruebas de cargo y de descargo que se presentaron.

De la composición de la actual legislatura hay 44 asambleístas que fueron reelectos, de ellos, 35 del movimiento Revolución Ciudadana; cinco del Partido Social Cristiano y cuatro de organizaciones de minoría. Por lo tanto, una gran mayoría de asambleístas que actúa en el Parlamento desconoce a detalle las pruebas de cargo y de descargo en este juicio. (I)

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