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Danilo Carrera: Fui el Caballo de Troya... para tumbarse al gobierno de Guillermo Lasso

El empresario recibió el pasado viernes una orden de arresto domiciliario. Asegura que Fiscalía está reproduciendo “cobardemente” una novela mediática ficticia.

Danilo Carrera asegura que la acusación en su contra se ha hecho sin prueba alguna. Foto: Archivo

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El empresario Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue imputado el viernes, 24 de noviembre, por la Fiscalía por delincuencia organizada al presuntamente haber liderado una trama de corrupción en empresas públicas y un juez pidió arresto domiciliario. Carrera se pronunció este domingo diciendo que la FGE está reproduciendo “cobardemente” una “novela mediática ficticia” en su contra y que fue “el Caballo de Troya montado a la carrera para tumbarse al gobierno” del expresidente.

“La persecución política en mi contra debiera alarmar a la Nación. No por mí, que a mis 85 años sabré defenderme. Debiera alarmarla porque lo mismo le pueden montar a cualquier otra persona, cuya libertad quede a expensas de un sistema judicial cobarde, que no sabe enfrentar ni poner coto a extorsionadores profesionales, que lo usan para sus protervos fines”, subrayó el presidente de la Federación de Tenis del Ecuador.

Carrera dijo que la acusación en su contra “se ha limitado a su supuesto liderazgo de un grupo que pretendía dedicarse a conseguir contratos o nombramientos en el gobierno, según la narrativa novelada por (Andersson) Boscán, que la Fiscalía, sin el coraje ni el rigor técnico que sí tienen fiscales del primer mundo, decidió reproducir para satisfacer claras motivaciones políticas. Pero sin prueba alguna”.

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El empresario aseguró que la acusación es falsa y sin pruebas y que esto se confirma en el expediente, que es público y citó dos argumentos:

  1. “El 19 de enero de 2023, ante la pregunta de mi abogado sobre la grabación atribuida a un individuo Cortázar -a quien nunca he conocido, como se dice, ni en pelea de perros- en la que este habría afirmado que yo dizque lideraba aquel grupo de tráfico de influencias, Boscán declaró ante la fiscal Lluglla que se había deshecho de la misma, dizque para proteger la identidad de sus fuentes. Eso consta en la página 297 del expediente. Lo único que hay, entonces, es lo que dice Boscán. Con la “credibilidad” que este tenga”, refirió.
  2. “Pero no solo no hay pruebas. También quisieron montarlas ficticiamente: en una conversación en la casa del procesado Nahín Massuh, Boscán le dice “Tienes que crearte una cuenta que diga Danilo Carrera” (página 33.318) y luego agrega: “Claro es que si llega a Danilo le llega al presidente (página 33.368). Fui pues, el Caballo de Troya montado a la carrera para tumbarse al gobierno.”

“Luego de casi 11 meses de que empezase la incesante novela mediática ficticia, con la que se me ha venido difamando, que generó -en un país cuyas autoridades judiciales han perdido el valor de no dejarse mangonear por semejante clase de inventos, pues los acogen como supuestas “noticias de delito” para fingir severidad y cumplimiento de funciones- la Fiscalía ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dicho, por fin, de qué pretende acusarme. Ha dejado por fuera, por cierto, las teorías más ridículas e insolentes, como las de mi supuesta vinculación con mafias asesinas o del narcotráfico. O con temas de pedofilia, extremo perverso al que inclusive llegaron mis (no digo gratuitos) detractores, en la versión digital moderna de los antiguos pasquines injuriosos que se repartía en calles y plazas”, apuntó.

En tanto, el pasado viernes un juez ordenó prisión preventiva para Carrera Drouet, pero quedará bajo la figura de arresto domiciliario por tener más de 65 años. En cambio, Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), así como Leonardo C. y Gabriel M. sí tendrán prisión preventiva.

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Por otra parte, para Julio L., Roberto B. y Antonio I. se ordenó la prohibición de salida del país y la presentación una vez por semana en Fiscalía. En tanto que Jorge O. deberá presentarse semanalmente en el Consulado de Ecuador en Miami (EE. UU.).

El juez Renán Andrade Castillo, de la Unidad de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, también dispuso retención de cuentas, pólizas e inversiones con los que cuenten los procesados en el sistema financiero nacional por cuarenta salarios básicos unificados y la prohibición de enajenar bienes a escala nacional, con el fin de garantizar una posible reparación integral.

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En el desarrollo de la audiencia, Fiscalía señaló que la investigación se inició en enero de 2023, luego que se conociera, a través de un parte policial, sobre una presunta red de corrupción hecha pública por un medio de comunicación digital. Luego de obtenidos los elementos de convicción suficientes, se determinó que existiría una estructura criminal con personas que se habrían organizado para cometer delitos en contra de la eficiencia de la administración pública.

La fiscal del caso señaló que el 30 de octubre de 2023, luego del análisis correspondiente -y debido a la existencia de hechos y personas comunes-, se acumuló a este proceso la investigación denominada León de Troya.

Con base en los elementos de convicción presentados ante el juez, se estableció que los presuntos líderes de la organización delictiva serían Carrera Drouet y el fallecido Rubén Cherres Faggioni, quienes junto con los otros integrantes de la presunta estructura ejecutaban actividades para obtener beneficios económicos desde la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y valiéndose de su cercanía con figuras de la política nacional.

Entre los elementos de convicción presentados se incluyen las versiones de varios de los procesados, del periodista que hizo pública la denuncia de corrupción, y otros.

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Esa información -según detalla Fiscalía- concuerda con las transcripciones de las interceptaciones de las llamadas en las que los integrantes de la organización estarían direccionando posibles contratos y el ingreso irregular de personas a cargos públicos en empresas públicas, como Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador.

Asimismo, en esas comunicaciones se habrían coordinado reuniones entre los procesados.

Con base en estos elementos, Fiscalía justificó su pedido de prisión preventiva para los ocho procesados, ya que otras medidas cautelares no aseguran su presencia en las siguientes etapas del proceso. (I)

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