La nueva mayoría legislativa, integrada por los correístas, socialcristianos y la bancada de Gobierno, indaga el camino jurídico para retomar el juicio político al ahora expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza, acusado de un presunto peculado en la renovación de contratos entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker.

El juicio a Lasso empezó en marzo de 2023, cuando los asambleístas de ese tiempo presentaron una acusación contra Lasso y la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que continúe el proceso.

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El trámite con la presentación de pruebas de cargo y de descargo, incluidas las comparecencias, llegó hasta el 16 de mayo de 2023, cuando se escuchó al ex primer mandatario y a los legisladores Viviana Veloz (RC) y Esteban Torres (PSC), quienes presentaron una moción de destitución y censura del mandatario en el pleno.

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Solo faltó cerrar el debate y luego esperar cinco días para la votación de la moción; pero con la emisión del Decreto Ejecutivo 741 el 17 de mayo, que aplicó la muerte cruzada, truncó ese objetivo.

Seis meses después, la recién integrada Asamblea Nacional pretende cerrar el proceso iniciado contra Lasso, pero al examinar en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el procedimiento jurídico de un juicio político a un mandatario que no llegó a concluir por la aplicación de la muerte cruzada, surgen algunas inquietudes.

Quien debe retomar el juicio político a Lasso será una Asamblea Nacional donde hay 93 asambleístas que no estuvieron en todo el proceso seguido, desconocen el expediente y las pruebas de cargo y de descargo que se presentaron.

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De la composición de la actual legislatura hay 44 asambleístas que fueron reelectos, de ellos, 35 del movimiento Revolución Ciudadana; cinco del Partido Social Cristiano y cuatro de organizaciones de minoría. Por lo tanto, una gran mayoría de asambleístas que actúa en el Parlamento desconoce a detalle las pruebas de cargo y de descargo en este juicio.

Vicente Taiano, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, espera conocer la decisión que tome el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, respecto a cómo retomar el tema; si primero corre traslado a los 137 asambleístas con el informe de la comisión sobre el juicio político donde debe haber detalles sobre lo que ocurrió alrededor de este tema o convoca directamente a abrir el debate.

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Con ello, los actuales legisladores tendrían elementos de juicio para tomar una decisión, porque conocerán las motivaciones y razones por las cuales se llevó a una interpelación a Lasso Mendoza.

Explicó que el expresidente del Parlamento Virgilio Saquicela suspendió el debate porque tanto el acusado como los interpelantes expusieron sus pruebas, consecuentemente, se debería reabrir el debate y dar la palabra a un legislador por bancada antes de la votación de la moción de censura, luego de transcurrir cinco días como señala la Constitución.

Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, explicó que este proceso en lo político estaría resuelto porque habría los votos, entre los que ahora integran la mayoría, para censurar al exmandatario, pero la piedra angular está en lo jurídico, donde se deberán observar las normas del debido proceso para garantizar que todos los jueces, en este caso los asambleístas, tengan conocimiento pleno de las acusaciones, pruebas de cargo y de descargo, para definir si existen razones para una censura.

Otro de los temas que se deben resolver, añadió el representante de Pichincha, son los interpelantes, porque al no haber uno de los interpelantes o acusadores no habría razón de continuar y se tendría que archivar el proceso, dijo. “Sería innecesario seguir un proceso de juicio político cuando ya está la justicia interviniendo sobre el mismo tema”, subrayó.

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Peñafiel dijo además que se debe tomar en cuenta que la norma constitucional permite a la Asamblea Nacional, únicamente, enjuiciar a un presidente de la República y no habla de un exmandatario; aunque habría una línea delgada de interpretación al argumentar que el juicio a Guillermo Lasso se inició cuando fue presidente.

Proceso

El 9 de mayo de 2023, con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispuso seguir con el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esto ocurrió luego que el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba archivarlo, por falta de pruebas, no se aprobó.

La moción de la resolución fue planteada por Viviana Veloz, de la bancada correísta, quien es una de las interpelantes de Lasso.

El primer punto de la resolución aprobada habla de enjuiciar políticamente a Lasso “por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida por el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional”.

Añade que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO) definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”.

“Jamás cumplió su deber constitucional previsto en el artículo 233 de la Carta Fundamental y, al contrario de remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos ilícitos, permitió que el señor Valm. Jhony Estupiñán sea cesado ilegalmente del cargo de gerente, a pesar de que fue él quien le remitió un informe y una carta denunciando dichas irregularidades”, señala el documento. (I)