De ocho candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional, apenas dos alcanzaron el puntaje máximo de 20 en méritos

En el concurso público para seleccionar a tres jueces de la Corte Constitucional (CC), apenas dos de los ocho candidatos auspiciados por las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, alcanzaron un total de 20 puntos en la calificación de sus méritos.

En tanto, una de las postulantes, Bárbara Terán Picconi presentó su renuncia por motivos de enfermedad, según se conoció. Con esta, suman dos renuncias, pues la primera fue la de Salim Zaidán Albuja, presentada en diciembre pasado.

De esta forma, siete candidatos siguen en la competencia.

La Comisión Calificadora -encargada de organizar el concurso de renovación parcial de tres jueces constitucionales- revisó el pasado 14 de enero los méritos de cada uno de los postulantes al cargo. Esto, una vez que culminó la fase de impugnación ciudadana, en que se desecharon las dos objeciones presentadas en contra de los ciudadanos Bárbara Terán Picconi y Jorge Sosa Meza.

El reglamento emitido para efectuar el proceso determina que los méritos se calificarán sobre 20 puntos; el examen escrito por 40 puntos y el oral por otros 40 puntos, con lo que suman 100 puntos. Quienes alcancen las calificaciones más altas serán designados jueces constitucionales.

Comisión desechó impugnaciones a Bárbara Terán y Jorge Sosa, quienes seguirán en el concurso de renovación de la Corte Constitucional

Ana Donoso Bustamante, candidata de la Función de Transparencia y Control Social, y Jhoel Escudero Soliz, por la Presidencia de la República, alcanzaron el total de 20 puntos.

De acuerdo con las calificaciones emanadas de la Comisión Calificadora, los puntajes quedaron de la siguiente manera:

Uno de los aspectos en que los postulantes no suman puntaje es en el ejercicio de la magistratura, y que fue advertido por la Comisión Calificadora en los inicios del concurso, cuando demandaba a las tres funciones el cumplimiento de requisitos de sus auspiciados.

El tercer numeral del artículo 433 de la Constitución precisa que uno de los requerimientos para ser nominado juez es el haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años.

En ese caso, solo Terán y Donoso alcanzaron un punto por el ejercicio de la magistratura.

Cárdenas, Escudero, Ortiz, Sarango, Sosa tienen cero de puntuación en ese ítem. A Vásquez no se le puntuó el haber sido parte de la Corte Suprema de Justicia en el 2004-2005, pues para la Comisión “no fue posible reconocer su participación en un tribunal cuya designación significó un quiebre del sistema constitucional”.

Seis de los competidores alcanzaron 9 puntos por haber impartido la docencia; Terán tuvo 0 y Donoso 5 puntos.

Superada esta fase de calificación de méritos, la Comisión Calificadora convocó para este jueves 20 de enero a rendir el examen escrito.

En un inicio se había programado que esta prueba la rendirían este lunes (17 de enero), pero se conoció que una de las postulantes dio positivo para COVID-19, por lo que la aplazaron para el jueves.

Corte Constitucional define en un reglamento las normas que se seguirán para sortear a los tres jueces salientes

Está previsto que el lugar definido sea la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), que ha ofrecido facilitar un espacio para este evento.

Las preguntas fueron elaboradas por los cinco miembros de la Comisión y se mantendrán bajo reserva.

Habrá un tiempo de cuatro horas para que los concursantes cumplan con esta etapa: entre las 09:00 y 13:00, y no se fijará una nueva fecha, según se informó. Ellos podrán pedir recalificación de las notas, en el caso de sentirse afectados.

Finalmente, la Comisión comunicará cuándo se realizará el examen oral, que sería la próxima semana, en el que deberán exponer sobre un caso relacionado con las funciones a ejercer.

Esta será la última fase del proceso de renovación y se prevé que culmine los últimos días de enero, con lo que los comisionados anunciarán quiénes son los nuevos tres jueces elegidos.

De forma paralela, la Corte Constitucional realizará el sorteo público para definir a los tres jueces que culminarán sus funciones.

Para ello se emitió un reglamento que establece los mecanismos a seguir, que se iniciará con la designación de un notario público, quien dará fe de la transparencia del proceso.

El presidente de la Corte, Hernán Salgado Pesántez, convocará a una plenaria que “será presencial”.

“La Corte Constitucional efectuará el sorteo de forma manual, por un medio transparente, sometido al escrutinio público y veeduría ciudadana”, que se transmitirá en vivo por los canales institucionales y con la presencia de medios de comunicación.

El reglamento deja abierta la intención de que los jueces puedan voluntariamente concluir su periodo de funciones, lo que no será interpretado como una renuncia al cargo.

“Desde la recepción de la convocatoria a la sesión de sorteo y hasta antes de llevarlo a cabo, los jueces que deban participar en la renovación podrán expresar voluntariamente si desean concluir su periodo de funciones. Dicha expresión no podrá ser interpretada como renuncia al cargo”, cita el artículo 6 de esa normativa.

De darse esta posibilidad, se fijaron tres requisitos: si son menos de tres los que expresan voluntariamente concluir su periodo, se sorteará entre quienes queden hasta completar los tres salientes.

Si son más de tres, el sorteo se hará entre estos; y si son tres los que toman la decisión, “serán considerados jueces salientes sin necesidad de que se lleve a cabo un sorteo”.

Los jueces salientes permanecerán en el cargo hasta que la Asamblea Nacional posesione a los nuevos.

Este 5 de febrero se cumplen los tres primeros años de la Corte Constitucional, por lo que corresponde su primera renovación, según el artículo 432.

Los actuales nueve jueces fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) y posesionados en la Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2019.

De esta forma, la Carta Política establece que los jueces estarán en sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años. (I)