Los cuatro consejeros de “mayoría” del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) exhortarán a la Asamblea Nacional a que elabore un proyecto de ley interpretativa a la Ley de la Contraloría General del Estado que viabilice la designación de un contralor encargado.
Esa es la salida política y jurídica que plantearon este 2 de julio los consejeros David Rosero, Sofía Almeida, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán en una rueda de prensa desde Guayaquil, a la que no habían sido invitados los vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.
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La presidenta del Consejo, Sofía Almeida, explicó que exhortarán al Parlamento a que haga una “ley interpretativa” para “solucionar el vacío legal” en la ley, y se “establezca a quién corresponde encargar las funciones y determine qué organismo o autoridad es la competente para designar un encargo en los casos que ameriten”.
En el CPCCS hay una primera propuesta para designar a un contralor del Estado encargado
Esto porque el artículo 33 de la Ley de la Contraloría establece que el subcontralor será designado por el contralor general, y “subrogará al contralor en caso de ausencia definitiva o temporal hasta la designación del titular”.
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A esto se suma que un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado concluyó que el CPCCS no tiene facultad legal para nombrar encargos, y en este caso de la Contraloría. Únicamente debe realizar el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a estar autoridad, como lo establece el artículo 208 de la Constitución.
“La subrogación (de funciones) es el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para asegurar la continuidad en el funcionamiento de ciertos organismos, entre ellos la Contraloría General del Estado, y no existe norma legal que faculte al Consejo de Participación Ciudadana a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría”, cita el pronunciamiento de la Procuraduría, firmado por su titular, Íñigo Salvador.
La propuesta se da en un contexto en el que el actual contralor subrogante, Pablo Celi, se encuentra preso en la cárcel 4 de Quito, por las investigaciones que efectúa la Fiscalía General de un delito de presunta delincuencia organizada, a la vez que la Asamblea Nacional inició un proceso de juicio político por estas denuncias.
Celi designó como subcontralora encargada a Valentina Zárate, pero ella renunció a sus funciones de manera irrevocable. Por eso la propia Contraloría designó a Carlos Riofrío como nuevo subcontralor, en caso de ausencia temporal y definitiva de Celi, según un comunicado oficial.
Por ello, los cuatro consejeros consideraron que para destrabar la designación de un contralor encargado por la “crisis institucional”, los asambleístas deben elaborar en el “menor tiempo posible” este proyecto normativo, pues según Almeida, si hay “voluntad política” podrán hacerlo.
El consejero Dávalos aseguró que el Consejo realizará el concurso público de oposición y méritos a la brevedad posible, pero demandó al gobierno de Guillermo Lasso los recursos necesarios para ese efecto.
“La solución es la realización del concurso de oposición y méritos que requiere el apoyo financiero del Gobierno nacional, que hasta ahora no se ha hecho presente”, increpó.
Plantean incluir prueba psicológica para la elección del nuevo contralor
Según Almeida, se requerirán alrededor de $ 400.000 que esperan que el mandatario los asigne con prontitud.
Ella agregó que tiene previsto convocar mañana a una reunión a los consejeros para tratar este exhorto, aunque sentenció que ellos son la “mayoría absoluta” y esperan contar con la “unidad” de los otros tres vocales.
Por su parte, el consejero Hernán Ulloa también tiene una propuesta, para elegir a una autoridad encargada acogiéndose al artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, pues considera que las leyes se “complementan”.
Ese artículo establece que en caso de ausencia definitiva de la autoridad de esta institución, el CPCCS “procederá a encargar a una persona quien ejercerá las funciones establecidas en la presente ley por el periodo que dure el proceso establecido para la selección y designación”.
Además, cree que se debe convocar a los titulares de varias funciones del Estado para analizar los perfiles de los posibles candidatos a ocupar ese encargo de contralor y así darle “legitimidad”.
Preparan un segundo juicio político en contra de Pablo Celi
Almeida dijo que puede haber posturas de los consejeros, pero que la Ley de la Defensoría del Pueblo es para aplicar a esa entidad, y que en el caso de la Contraloría ello no aplicaría.
Esta tarde el pleno del CPCCS fue convocado para aprobar la socialización del reglamento para la designación del próximo titular de la Contraloría del Estado, mediante un concurso de oposición, méritos e impugnación ciudadana que fue elaborado por una comisión técnica, con delegados de cada vocal.
Con ello, lo publicitarán para que la sociedad civil haga sus recomendaciones en un plazo de cinco a siete días, y luego sea finalmente aprobado para iniciar con el procedimiento público.
Esta autoridad deberá estar designada en marzo del 2022, cuando concluye el periodo para el cual fue electo Carlos Pólit Faggioni, quien renunció al cargo el 20 de junio de 2017 antes de ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional, al estar involucrado en el caso Odebrecht.
Lo sucedió como subcontralor Pablo Celi, quien a su vez fue ratificado por el extinto CPCCS de Transición. (I)