Con los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en funciones prorrogadas, hay incertidumbre de cuándo se posesionarán sus remplazos en la víspera de un año electoral por la organización de los comicios seccionales y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para febrero del 2023.

Este 20 de noviembre, el CNE cumplió los tres primeros años de gestión, y correspondía efectuar una renovación parcial de dos consejeros principales y suplentes, mediante un concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana, que el Consejo de Participación no realizó en cumplimiento del artículo 218 de la Constitución.

En esa norma se establece que los consejeros electorales estarán en funciones seis años, pero su pleno se renovará en dos ocasiones: dos vocales en una primera ocasión y tres en la segunda.

Esta primera renovación se encuentra en la etapa inicial con la convocatoria a la ciudadanía a postularse para ser parte de la comisión ciudadana que organizará el concurso en el que se elegirá a dos consejeros principales y suplentes electorales.

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Con el tiempo en contra para el CPCCS, según los plazos establecidos en el reglamento, la elección se desarrollará en al menos siete meses. Por lo que en mayo del 2022 se conocería a las nuevas autoridades.

A lo que se suma que se desconoce cuándo se efectuará el sorteo público que definirá quiénes deben terminar su periodo.

El CPCCS dispuso mediante reglamento que “luego del 20 de noviembre” del 2021 (que se cumple el primer tercio de periodo) se realizará el sorteo. Pero la fecha no se ha concretado.

De esta forma, el CNE se encontrará en periodo electoral para la organización de los comicios seccionales del 2023, en el que también se elegirá a los siete miembros del CPCCS.

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Las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde febrero del 2020, establecen en su disposición general octava que este periodo es el “ciclo electoral que integra todas las actividades y operaciones que se desarrollan, de manera ordenada, durante un lapso dentro de las etapas preelectoral, electoral y poselectoral”.

Esto se articula con el artículo 16 de la misma norma, que determina que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos ni en el funcionamiento de los órganos electorales”.

El Consejo aprobará el inicio del periodo electoral en consideración a la fecha de la elección, es decir, en febrero del 2022, pudiendo convertirse en ‘máxima autoridad’.

En marzo del 2020, el Consejo aplicó esta norma. En ese entonces se convirtió en la ‘máxima autoridad’ al declararse en proceso y periodo electoral para los comicios presidenciales y legislativos que se realizaron el 7 de febrero de 2021.

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Dentro de la institución hay cautela entre los consejeros sobre esta coyuntura. El consejero José Cabrera anticipó que si él es sorteado para terminar sus funciones, acatará el resultado.

El analista electoral y catedrático Esteban Ron cree que el CNE no debería declararse en periodo electoral porque una vez tomada esa decisión, sus autoridades podrían volverse “inamovibles”.

“El Código de la Democracia señala que la Función Electoral se declara en periodo electoral un año antes de las elecciones, por lo que no debería declararse el periodo electoral hasta que se haga la renovación, que está supeditada a la ejecución del concurso del CPCCS. Pero, si este enfrenta vicisitudes, no se sabe qué pueda pasar. Y si no se acelera el proceso y se declara el CNE en periodo, la responsabilidad será directa del Consejo de Participación. La pelota está en su cancha”, enfatizó Ron.

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Criterio distinto tiene Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, quien consideró que una vez que estén designados los nuevos consejeros, estos deben asumir sus cargos aunque se encuentren en periodo electoral.

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“El 20 de noviembre, hace tres años, fue cambiado el Consejo y los actuales vocales asumieron sus cargos en medio del desarrollo de las seccionales del 2019, por lo que los nuevos miembros deberán posesionarse y continuar con la organización de los comicios del 2023″, afirmó.

Desde el CPCCS, su vicepresidente David Rosero, en una declaración a la cadena Teleamazonas, ofreció que en abril del 2022 esperan ir culminando el concurso para que continúe el proceso electoral.

La Procuraduría General del Estado en un pronunciamiento jurídico concluyó que los vocales electorales se mantendrán en funciones hasta que se designe a sus remplazos, lo que para el vicepresidente Enrique Pita implica que sus decisiones futuras serán legítimas.

Además, la dirección seguirá en manos de Diana Atamaint como presidenta y Pita en la vicepresidencia.

Al cumplirse los tres primeros años en funciones, José Cabrera reconoció que en sus inicios hubo desacuerdos y controversias entre los cinco consejeros, que “hicieron daño a la institución”.

Pero que fue a las puertas de la convocatoria a las presidenciales del 2021 que decidieron “trabajar en equipo” y el resultado fueron “unas elecciones limpias y transparentes”.

Esto, comentó, tuvo efecto en que organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) comprometan su cooperación para la renovación de tecnología, por ejemplo.

No obstante, lamentó los problemas presupuestarios que enfrentan por la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, que impide justamente la renovación de equipos de informática que están obsoletos.

También requieren personal que no pueden contratar porque no hay dinero para pagar sus salarios. Según las estadísticas internas, entre el 2017 y el 2020 la reducción de personal bordeó el 18 %.

Destacó como logros la depuración del Registro Electoral y la implementación del Registro Electoral Pasivo, que incorpora a aquellos ciudadanos que no han sufragado en los últimos cuatro años.

Entre otras actividades, se estrenaron con la realización del debate electoral para los candidatos a la Presidencia de la República; garantizar la participación de jóvenes y mujeres en las candidaturas, en concordancia con las reformas al Código de la Democracia.

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La transmisión en vivo del escrutinio de las últimas votaciones nacionales, que dio “certezas” a la población y evitó protestas ciudadanas.

Además, destacó la intervención del Consejo en el plan de vacunación contra el COVID-19, que se realizó con base en el Registro Electoral.

Cabrera insistió en que el Consejo no solo enfrenta una crisis presupuestaria, sino que también podrían quedarse sin las instalaciones de la matriz en Quito.

Semanas atrás el edificio fue afectado por las fuertes lluvias, por lo que están a la espera de que el Cuerpo de Bomberos de la capital emita un informe en el que se declare si el inmueble es aún habitable o los expone a riesgos.

Para Esteban Ron, la gestión del Consejo fue “exitosa” en los comicios presidenciales últimos, a diferencia de los seccionales del 2019, en los que se incumplieron los plazos para la posesión de las autoridades locales electas.

“En este periodo el organismo provocó indeterminaciones jurídicas que causaron inestabilidad. En las presidenciales hubo problemas que terminaron en una pugna política entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la no inscripción de la candidatura del empresario Álvaro Noboa. Otro error fue haber impulsado un ‘pacto político’, cuando se comprometieron a revisar actas de escrutinio por pedido del excandidato presidencial Yaku Pérez, que no estaban contempladas en la ley”, afirmó.

El analista político Arturo Moscoso consideró que uno de los retos para el CNE es trabajar en el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, para así contrarrestar la desconfianza ciudadana en las instituciones y la democracia.

Cree que un paso para ello es debatir el proyecto de reformas al Código de la Democracia que impulsa la Corporación Participación Ciudadana. (I)