La audiencia pública en el trámite de 26 demandas de inconstitucionalidad por el fondo y la forma en contra de Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) se instaló a las 10:34 de este miércoles, bajo la expectativa de que el gobierno de Daniel Noboa defienda el texto que aprobó su bancada legislativa en la Asamblea Nacional.
De forma telemática, la mañana de este 27 de agosto, el juez ponente de la CC, José Terán, instaló la audiencia pública como parte del tratamiento de 26 acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la LOIP, vigente desde el 26 de junio pasado.
En la diligencia están presentes ocho de los nueve jueces para escuchar a las partes procesales, accionados y accionantes, para formar su criterio antes de emitir su fallo.
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El juez ponente, José Terán, indicó que hay 30 legitimados activos, es decir, los que demandaron la inconstitucionalidad de la norma; frente a los legitimados pasivos, que son la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General del Estado.
Además, se inscribieron 20 amicis curiae (amigos de la Corte) para exponer sus argumentos a favor o en contra de la ley.
“Esto refleja la trascendencia de escuchar a las partes”, precisó el magistrado.
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El primero en intervenir fue Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien cuestionó que esta normativa promovió el desempleo porque hubo despidos de funcionarios.
Pero a la vez sirvió para “condonar” deudas tributarias de grandes empresarios, entre los que mencionó a las empresas de los familiares del presidente de la República, Daniel Noboa.
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Ricardo Luna, en representación de las cooperativas de ahorro y crédito, refirió la inconstitucionalidad de una de las transitorias que obliga a estos actores de la economía popular y solidaria a transformarse en entidades bancarias.
“Están elementos sustanciales, desconociendo un sistema económico válido. (...) Esta disposición no fue parte del proyecto inicial, fue incluido de ‘yapa’, desconociendo los derechos de los socios de asociarse”, manifestó Luna, por lo que pidió que sea declarada inconstitucional la disposición transitoria décima primera de la LOIP.
Adolfo Espinel, otro de los demandantes, argumentó que la ley no cumple los criterios de ser económica urgente porque incumpliría el requisito de unidad de materia.
Además, porque se habría afectado el procedimiento legislativo, ya que en medio del segundo debate, el legislador de ADN Andrés Castillo propuso la inclusión de reformas penales y migratorias.
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La diligencia se extenderá por varias horas e incluso no se descarta que continúe por los siguientes días, tomando en consideración el número de accionantes.
Esta ley fue enviada por el primer mandatario con el carácter de económico urgente y se aprobó por una mayoría legislativa de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional.
El cuerpo legal reforma cerca de 20 leyes, entre ellas, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, endureciendo penas para los menores de edad que participen en actos delictivos. (I)
