Tres legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC), este jueves 31 de julio, presentarán una solicitud de juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, por el caso Progen, relacionado con la contratación de la empresa para construir las centrales El Salitral de 100 megavatios (MW) y Quevedo de 50 MW, pero que la Contraloría del Estado detectó indicios de responsabilidad penal.
El caso, según el asambleísta Lenin Barreto, ha llevado al escándalo todo el sector energético y que no puede ser blindado por la Asamblea Nacional.
A más de Barreto, los legisladores Blasco Luna y Juan Andrés González, que pertenecen a la bancada Revolución Ciudadana (RC), serán quienes motiven el pedido de juicio y esperan una pronta calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), así como el tratamiento rápido, eficiente y transparente que debe realizar la Comisión de Fiscalización y Control Político.
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Las contrataciones de Progen han costado al Estado ecuatoriano más de $ 150 millones, que lamentablemente será bastante complicado recuperar.
El asambleísta Juan Andrés González señaló que la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad política dado que hay antecedentes importantes, como son los informes de la Contraloría del Estado sobre dos contratos firmados el 2 de agosto del 2024, en los que determina responsabilidad administrativa y civil.
En tanto que la Fiscalía General del Estado hace dos días inició un proceso de responsabilidad penal, y a la Asamblea Nacional le corresponde transparentar la situación desde lo político; por lo tanto, siendo el Ministerio de Energía y Minas el eje rector de la energía en el país, tienen que existir responsables, y la ministra Inés Manzano no puede evadir esa responsabilidad necesariamente política desde la Asamblea.
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Si ya se iniciaron las responsabilidades administrativas y civiles, lo que falta es lo político y la Asamblea Nacional está para responder al país y garantizar la transparencia, afirmó el asambleísta Blasco Luna, quien hizo un llamado al Consejo de Administración Legislativa a no poner trabas ni dilatar el proceso que estará debidamente sustanciado.
El legislador Luna dijo que el Gobierno en estos días ha desvinculado a más de 5.000 funcionarios supuestamente por eficiencia y por ser malos funcionarios; entonces, “que empiece casa dentro, una mala funcionaria como la ministra Inés Manzano debería estar fuera”, subrayó.
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El representante del Cañar dijo que la Asamblea Nacional debe estar a la altura para que por unanimidad “mande a la casa, políticamente hablando, a la señora Inés Manzano, porque este país no puede dejar en la impunidad todo este perjuicio que afecta directamente a la economía del país”, anotó.
Dijo que como país se está pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional (FMI), por $ 400 millones del primer desembolso, y $ 150 millones se ha ido en corrupción, por lo tanto, Manzano tiene que responder políticamente y tiene que ser censurada, puntualizó.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha señalado que dos funcionarios de altos cargos renunciaron luego que la Contraloría General del Estado en el examen especial determinara indicios de responsabilidad penal.
A través de su cuenta en X indicó que después de solicitar a la Contraloría el examen especial en el proceso de Progen y ATM (Austral Technical Management), en un caso el informe provisional y en el segundo el informe definitivo, señalan IRP (indicios de responsabilidad penal) de varios funcionarios, quienes deberán defenderse con los recursos que la ley establece.
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La Contraloría realizó examen especial a los contratos que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) firmó con las empresas Progen y ATM.
Progen fue contratada para construir las centrales El Salitral de 100 megavatios (MW) y Quevedo de 50 MW; mientras que ATM, para levantar la planta Esmeraldas III de 91 MW. Los contratos con las dos empresas fueron firmados en agosto del 2024 durante la declaratoria de emergencia del sector eléctrico.
De acuerdo con la ministra Manzano, el examen especial que realizó la Contraloría a los contratos con las dos empresas se realizó por petición del Ministerio de Energía y que en diciembre del año pasado entró Contraloría para comenzar con el proceso y a “determinar las responsabilidades que tenga que determinar”. (I)
