La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) solicitó a la Contraloría General del Estado que controle el buen uso de servidores y bienes públicos durante la jornada de este martes, 12 de agosto de 2025, día en el que el presidente Daniel Noboa convocó a una movilización hacia la Corte Constitucional (CC).

A través de un comunicado, la bancada correísta rechazó que se “pretenda usar a los servidores públicos como fuerza de choque para una disputa política del Gobierno”.

“Hemos solicitado a la Contraloría acciones de control para garantizar que el personal y vehículos oficiales permanezcan en sus funciones, y al Ministerio del Trabajo la nómina de servidores para verificar su asistencia”, anunció la RC.

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Asimismo, el correísmo criticó que desde el Ejecutivo exista un “intento de presionar a la Corte Constitucional con recursos del Estado”, pues esto, dice la misiva, “evidencia la precariedad de la independencia de funciones”.

La movilización está prevista para las 11:00, en el ‘puente del guambra’, ubicado en la avenida Patria, sobre la avenida 10 de Agosto, en el centro-norte de la capital.

El recorrido de la marcha será por las avenidas Patria, 6 de Diciembre y terminará en la calle Lizardo García, donde se aloja la sede de la CC.

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¿Qué dice la Ley?

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), los servidores públicos están impedidos de ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado. Asimismo, están prohibidos de abandonar injustificadamente su trabajo.

Otra de las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos es paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones.

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En tanto que el artículo 22 de la misma normativa obliga a los funcionarios públicos a cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida.

Por su parte, el artículo 33 de la Losep, referente a permisos a servidores públicos, indica que la autoridad nominadora concederá permisos hasta por dos horas diarias para diferentes actividades, como estudios regulares, atención médica hasta por dos horas, con certificado del IESS o para el cuidado del recién nacido, hasta por dos horas.

Daniel Noboa convocó a esta manifestación para rechazar la suspensión provisional que dispuso la Corte Constitucional a 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.

“Alzaremos nuestro grito de protesta porque no permitiremos que quienes se oponen al trabajo, la seguridad, a la paz nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza. Leyes aprobadas por la Asamblea, los representantes del pueblo, por personas electas por ciudadanos, cosa que ellos nunca fueron”, enfatizó el presidente.

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(I)