La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) pide a la Corte Constitucional (CC) dictar medidas cautelares de suspensión provisional de la disposición decimoprimera de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) para evitar su ejecución, pues se rehúsan a transformarse en entidades bancarias.
En el sector financiero de las cooperativas de ahorro y crédito hay preocupación por la entrada en vigor de la LOIP, en tanto la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la solicitud de medidas cautelares de la asociación, planteadas en su demanda del 4 de julio de 2025.
Esencialmente, el gremio considera inconstitucional la disposición decimoprimera de la LOIP, que señala que “previo al desarrollo de los análisis de interconexión y riesgo sistémico en el término de 90 días contados a partir de la posesión de los miembros de la Junta Política de Regulación Financiera y Monetaria esta emitirá las regulaciones necesarias para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que, con la finalidad de proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía de las localidades y preservar la estabilidad financiera, deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos”.
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André Benavides, defensa técnica de la asociación, dijo que están a la espera de que se califique la demanda y se acepte el pedido de suspensión provisional para que, luego de las etapas y análisis constitucionales, la CC pueda “expulsar” del ordenamiento jurídico esta disposición.
“Esta disposición es contraria a la Constitución respecto del derecho de asociación. La Asamblea Nacional metió por la ventana esta norma sin debate previo en la comisión, incluso violentando la unidad de materia en su tratamiento. Lo que se pretende es garantizar los derechos de los socios de las diferentes cooperativas; pero, principalmente, que se respeten las disposiciones que están relacionadas con el reconocimiento de la economía popular y solidaria. Lo que se busca es garantizar el cooperativismo. Desde ningún punto de vista se pretende solapar que no existan regulaciones o controles”, precisó Benavides.
Este 23 de julio, el directorio de la asociación hizo un pronunciamiento público en el que pidió al Gobierno de Daniel Noboa abrir un diálogo para que no se dé paso a esta medida.
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El director ejecutivo de la asociación, Juan Pablo Guerra, detalló que en el Ecuador existen seis millones de personas asociadas que representan el 30 % de este sistema financiero, quienes están a la expectativa de que la Corte resuelva con urgencia la demanda y, de ser posible, priorice su caso.
El impacto inmediato que tendrá la norma sobre este sector es que se afectarían sus estructuras y socios.
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Para ejemplificar, Guerra insistió en que estas entidades las componen personas y no capitales, por lo que “si una cooperativa tiene un capital social, en certificados de aportación de $ 50 y tiene 50 socios, cada uno es dueño de un dólar. Si se llegara a aplicar la conversión a bancos, mañana ya no tengo 50 dueños de la institución, sino 50 acciones. Entonces, si tengo 25 dólares en mi bolsillo y compro 25 acciones, ya no tengo 50 socios, sino que paso a tener las 25 acciones que me quedan (de un dólar cada una) y las otras que compré en 25 dólares, es decir, suman 26 accionistas. Pero el que compró el 50 % de las acciones (las 25) es el que tomará las decisiones y, por lo tanto, va a convertir esa institución en el fruto de sus decisiones, no en el fruto colectivo de la acción, de lo que piensan todos sus socios”.
“Ahí se encuentra el principal efecto, porque lo que están haciendo es crear una cultura del interés pecuniario, de que el que tiene más tiene más poder para decidir para actuar y controlar los destinos de la institución, y el que tiene menos no tiene derecho a nada. Ese es el interés pecuniario que pretenden hacer en la sociedad de capitales”, reflexionó.
Aseguró que esta demanda no es por un interés particular o de accionistas, sino de los socios. “En este ejemplo, esos 50 socios son los dueños de la institución y ellos son corresponsables de la administración. Pero cuando se pretende hacer esto, se rompería la estructura de las cooperativas”, ahondó.
La LOIP se aprobó en la Asamblea Nacional por la bancada del movimiento de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), y sus aliados. Desde el 26 de junio está en vigor, luego de publicada en el Registro Oficial.
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El jefe de Estado no la vetó; al contrario, la envió directamente a su publicación.
Por ello, en la asociación cuestionan que se haya tramitado en “tiempo récord” y “jamás” fue puesta a discusión de los sectores sobre los que se legisló.
Guerra reconoció que no están preparados para la conversión a entidades bancarias, porque “no somos bancos”. “No puedo cambiar la razón social, porque no fui constituido como banco y no acepto ser banco. No se puede decir de la noche a la mañana que seamos sociedades capitales, y eso es lo que hoy estamos defendiendo”, añadió.
No obstante, aclaró que no existe ninguna reacción de pánico financiero o de retiro de fondos.
“La reacción de los socios ha sido la de motivar la unidad”, dijo Guerra y pidió mantener la “tranquilidad” en los socios que “siguen confiando en el sector; una disposición transitoria no puede borrar décadas de nuestro trabajo”. Así también, descartó rumores sobre un “pánico financiero”.
En la Corte Constitucional hay decenas de demandas de inconstitucionalidad planteadas por varios sectores en contra de las leyes de Solidaridad Nacional, de Integridad Pública y de Áreas Protegidas, aprobadas por el oficialismo. (I)
