Dos jóvenes, una de 24 y otro de 25 años, interpusieron acciones de protección en contra del concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se lleva a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y piden que se suspenda el proceso y retroceda a la primera etapa: la convocatoria.
Para este lunes, 8 de septiembre, la jueza de la Unidad Judicial de la Familia Nubia Vera Cedeño convocó a Éricka Alegría Espinoza, de 24 años, estudiante de una universidad de Quito a presentarse a la audiencia a las 11:00 para que ratifique el “retiro de su demanda” y el pedido de archivo.
La mujer presentó una acción de protección en la que pide dictar una medida cautelar que suspenda el concurso de selección de dos vocales para el Consejo Nacional Electoral y que se declare la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana de haber violado la seguridad jurídica.
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Como medida de reparación propone que el concurso retorne o se “retrotraiga” a la convocatoria, precautelando los derechos de 163 postulantes inscritos desde 2022 y que se tomen en consideración sus carpetas de vida, siempre y cuando cumplan con los requisitos contemplados en la Constitución y la ley.
El mismo pedido hace Ramiro Garzón Larco, de 25 años, trabajador independiente, en un escrito de formato y contenido similar al que hace Alegría en su recurso.
Los accionantes reclaman que el CPCCS y la comisión ciudadana —esta última encargada de hacer el concurso de selección de las dos autoridades electorales— no dieron trámite a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en el que consideró viable la “unificación” de los procesos de selección de dos y tres consejeros del CNE.
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Sin embargo, “el Consejo de Participación Ciudadana continúa en el trámite del concurso sin saber con certeza si se trata del parcial o total, con la codificación de un reglamento que dispone que aplica exclusivamente para la renovación parcial, (…) por lo que no ha tomado acciones claras y un procedimiento idóneo para garantizar el derecho a la seguridad jurídica”, cita el escrito presentado por Alegría y otra demanda con el mismo contenido ingresada por Garzón.
La demanda de Garzón recayó por sorteo en el despacho de la jueza de la Familia de Quito María Guamangate Ante, aunque no ha convocado todavía a la audiencia.
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En tanto, la de Éricka Alegría está para su trámite en el despacho de Nubia Vera, pero desistió porque, según un escrito, “un compañero de la veeduría electoral presentó una acción de protección que versa sobre los mismos hechos materia de la presente causa, y con el objeto de evitar que existan resoluciones contradictorias sobre idénticas pretensiones, comparezco de manera voluntaria a retirar la presente acción”.
Nubia Vera avocó conocimiento y la llamó a su tribunal. La jueza aceptó en diciembre de 2024 una acción de protección que presentó Verónica Abad, exvicepresidenta de la República en el gobierno de Daniel Noboa, y le reconoció la vulneración de sus derechos porque no se le permitía desenvolverse en el cargo de la Vicepresidencia de Ecuador.
Estado del concurso de renovación del CNE
El CNE se integra por cinco vocales principales y suplentes que actualmente están en funciones prorrogadas, porque el CPCCS no ha hecho los concursos públicos de oposición, méritos e impugnación para elegir al reemplazo de Diana Atamaint, Esthela Acero, Elena Nájera, José Cabrera y Enrique Pita, cuyos periodos de seis años terminaron el 21 de noviembre de 2024.
Previamente, el 21 de noviembre de 2021 correspondía la primera renovación parcial y tampoco se hizo.
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Pero, a finales de 2022, el CPCCS (en la administración de Hernán Ulloa) conformó la comisión ciudadana para que se encargue de la primera renovación parcial de dos vocales del CNE, que después de dos años no termina.
El año anterior, el exconsejero Juan Guarderas, destituido y censurado en un juicio político, propuso la idea de que se haga un solo concurso para renovar a los cinco consejeros electorales.
Es decir, que el proceso que está en marcha desde 2022 se haga también para elegir a los tres consejeros restantes.
El pleno del CPCCS elevó una consulta a la Procuraduría, y esta última señaló que era viable, pero no se hizo ningún procedimiento administrativo con ese efecto.
Por eso, Garzón y Alegría denuncian que el CPCCS no dio cumplimiento al pronunciamiento de la Procuraduría, pese a que es “vinculante”.
Adicionalmente, los recursos jurisdiccionales se presentan en un momento en el que la comisión ciudadana de selección reactivó —después de casi dos años— las actividades del proceso y convocó a los 163 concursantes a rendir el examen escrito y práctico, previsto para el 15 de septiembre.
Es más, desde las 09:30 de este lunes, siete docentes de universidades del país se concentrarán en un espacio del antiguo edificio del Consejo a elaborar un cuestionario de 60 preguntas y casos prácticos para que respondan los candidatos.
Los siete catedráticos harán el cuestionario en una de las oficinas del antiguo edificio del Consejo de Participación Ciudadana, ubicado en el sector de Santa Prisca, resguardados por miembros de la Policía Nacional, aunque la administración de Andrés Fantoni no ha informado cuáles serán los mecanismos de seguridad que se implementarán para que los docentes mantengan bajo reserva el contenido del cuestionario y no haya fugas de información.
La elección de estas dos autoridades lleva retrasada cuatro años, ya que la primera renovación parcial debía hacerse en noviembre de 2021.
Al final de 2022 se integró la comisión ciudadana, que funciona en la actualidad con cinco ciudadanos y cuatro de cinco delegados de las funciones del Estado.
En octubre de 2023 se detuvo la consecución del concurso en la fase de calificación de méritos.
Hace pocas semanas y después de varios oficios de insistencia, los comisionados lograron que Andrés Fantoni disponga la asignación de dinero para contratar un notario que dé fe del sorteo de selección de los siete catedráticos y para pagar un equipo informático para la elaboración de las preguntas. (I)
