Hasta el 29 de octubre esperaría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para definir qué hacer con el reglamento para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado, que aprobó hace doce días.
Un juez de Montecristi (Manabí), Vicente Pico Lozano, dictó medidas cautelares en contra de la resolución aprobada por el pleno del CPCCS en la que se publicó el reglamento para llevar a cabo el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la elección de un fiscal general que reemplace a Diana Salazar Méndez.
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El magistrado aceptó el pedido de suspensión de la aplicación de la resolución de un hombre que se identificó como Kenny Andrés Delgado Pinargote y que aparejó una acción de protección. La audiencia pública para tratarla se realizará el 29 de octubre.
Vicente Pico advirtió que sancionará a la persona, funcionario o institución que incumpla su decisión.
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Este magistrado fue candidato a juez anticorrupción y en las elecciones nacionales de 2021 emitió medidas cautelares, por pedido de un colectivo, con las que ordenó que se abrieran 137 urnas.
El accionante, Kenny Delgado, señala que la normativa —aprobada por el CPCCS el 11 de septiembre pasado— viola sus derechos constitucionales de participación contemplados en la Constitución por la existencia de un numeral que prohíbe la postulación de abogados en libre ejercicio que hayan patrocinado causas relacionas con 35 delitos incorporados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Dicho reglamento aún no ha sido publicado en el Registro Oficial para su plena vigencia y tampoco ha arrancado el concurso público para elegir a la autoridad.
Adicionalmente, en el interior del Consejo de Participación Ciudadana se anticipa que la fiscal Salazar se prorrogaría en funciones, ya que el proceso para designar a un reemplazo tomaría entre un año o más.
No obstante, ese documento de 77 artículos ha sido objeto de críticas de sectores de la sociedad civil, esencialmente de abogados que consideran que se adaptó para un “fiscal o juez” de la Función Judicial.
La Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) y el colectivo Juristas por la Democracia pidieron días atrás a los siete vocales que hagan cambios al articulado.
Desde el Consejo de Participación se divulgó la noche del domingo un comunicado sin firma que rechaza la decisión de Pico y que pedirá la revocatoria de la medida cautelar por considerarla un abuso de las garantías jurisdiccionales. (I)