Una denuncia por presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias en el concurso de selección de la autoridad de la Defensoría Pública lleva a escrutinio político a la vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Johanna Verdezoto del Salto.

El origen de este hecho se dio cuando días atrás llegaron a los correos electrónicos de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana dos archivos PDF en los que se reflejarían fotografías, obtenidas de lo que sería una cámara de seguridad, de una supuesta reunión entre la consejera Johanna Verdezoto y Rodrigo Frías Toral.

Este último es uno de los nueve postulantes en el concurso para la elección del titular de la Defensoría Pública y quien tiene hasta el momento el más alto puntaje: 96,46/100.

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En esa reunión habrían participado también actores como Tatiana Ordeñana, exvocal del CPCCS, exjueza de la Corte Constitucional (CC) y exasesora del expresidente del CPCCS Alembert Vera; además, un fiscal que sería cercano a la consejera Verdezoto; y un supuesto asesor de un asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

Estos archivos se divulgaron en las redes sociales y dos personas, Walter Muriel Nogales y Mateo Méndez Escobar, oficializaron la denuncia ante el CPCCS en contra de Johanna Verdezoto, a la que acusan de incurrir en un posible conflicto de interés y tráfico de influencias.

También, la consejera Yadira Saltos publicó la delación en sus redes sociales y la remitió a la Asamblea Nacional, por lo que el caso llegó a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que este 20 de marzo de 2024 arrancó con un escrutinio político.

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Quito, 20 de marzo de 2024.- En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se trató sobre las denuncias alrededor del concurso público para la elección del titular de la Defensoría Pública, que involucran a la vocal del CPCCS Johanna Verdezoto. Foto: Tomada de la Asamblea Nacional/Cortesía. Foto: Cortesia

Este miércoles, desde las 09:00, la Comisión instaló una plenaria a la que asistieron la presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, quien en medio de su comparecencia dijo que esas imágenes serían «reales». A su criterio, se vulneró el principio de imparcialidad y calificó de «inaceptable» la actuación de Verdezoto.

El encuentro en la mesa legislativa juntó a varios de los legisladores del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana, como Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Fernando Cedeño, Mónica Palacios, que no son parte de ella, pero solicitaron participar como oyentes o hacer preguntas.

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La ausente fue la consejera interpelada, Johanna Verdezoto, quien envió unos cinco minutos antes de las 09:00 una comunicación en la que justificaba que tenía actividades programadas en territorio, en Guaranda (Bolívar), y pedía que se la convoque para el 25 de marzo, cuando regirá un receso legislativo.

Sin embargo, Verdezoto se presentó de forma presencial a la sesión ordinaria del CPCCS, convocada para las 10:00 que se hizo en su sede en Quito.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), rechazó su ausencia y le advirtió que la llevará a juicio político si no acude a explicar el contexto de ese concilio.

La sesión de la mañana se suspendió y se reinstaló a eso de las 13:00. Verdezoto tampoco asistió.

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«La consejera estuvo sentada en la sesión del CPCCS y no pudo venir a la Comisión. ¿Por qué hay tanto hermetismo de la consejera Verdezoto? Cuando una persona se esconde es porque algo teme o algo debe», indicó veladamente Aguirre y advirtió que el proceso «no se cierra aquí», sino que podrá avanzar a un juicio político que podría terminar con su destitución por incumplimiento de funciones.

La legisladora Adriana García (Gente Buena) increpó a los denunciantes sobre la veracidad de las fotografías en las que se ve a Verdezoto con el concursante Frías Toral, y a la consejera Bonifaz le cuestionó si ella sabía dónde, cuándo y qué se había tratado en ese encuentro para afirmar que las fotos eran reales.

Criterio similar tuvo el comisionado Ramiro Vela (ADN), quien consultó a los jóvenes accionantes si podían confirmar que esas fotografías son reales, porque podían haberse alterado en las redes sociales.

Los asambleístas de la RC rechazaron que se intente amilanar a quienes denuncian.

Sofía Espín (RC) pidió que se investigue a ,Verdezoto porque habría sido compañera laboral de Frías cuando este último fue director del Consejo de la Judicatura (CJ) en Los Ríos.

Eso podría configurar un posible tráfico de influencias, adelantó Espín, que pidió también que la investigación se extienda a los miembros de la comisión ciudadana de selección, que son los encargados de organizar el concurso público.

La vocal Yadira Saltos, que remitió los documentos a la Comisión de Fiscalización, advirtió que el artículo 45 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana establece como prohibición para los consejeros «actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones».

«Asambleístas, esta denuncia debe ser abordada con severidad porque debemos salvaguardar la fe pública», afirmó Saltos y alertó que la «conducta» de Verdezoto podría ser sancionada con la cesación de funciones.

En paralelo, en el Consejo de Participación Ciudadana estaba prevista una sesión ordinaria a partir de las 10:00, en la que Saltos planteó una moción para tratar estos hechos.

A esta plenaria asistió Johanna Verdezoto y también mocionó incluir como punto de debate convocar a los denunciantes: Walter Muriel Nogales y Mateo Méndez Escobar, a que expongan sus inquietudes.

Se «están sembrando mentiras y engaños» rechazó la consejera, cuyo pedido fue respaldado por sus colegas Mishelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y Andrés Fantoni.

Finalmente, su propuesta se incluyó en el orden del día con los votos de ella, de Calvache, Guarderas, Fantoni, Saltos y Augusto Verduga.

Nicole Bonifaz votó en contra, ya que la ley del CPCCS establece como prohibición el conflicto de intereses; además, que la denuncia habría llegado a la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción, lo que impide que su tratamiento sea público por disposición legal.

Juan Esteban Guarderas pidió que el tema se trate con «reserva», mientras que Verduga consideró que al ser un hecho «gravísimo» debe tratarse con transparencia.

Las consejeras Nicole Bonifaz y Yadira Saltos ofrecieron a los asambleístas de la Comisión enviarles las resoluciones que puedan tomarse en su seno, sobre la denuncia contra Verdezoto, e ironizaban que justamente para este pleno, los consejeros del lado opuesto habían incluido varias puntos de debate, con el probable objeto de alargar el tema.

Al momento, el concurso público para la designación de la autoridad de la Defensoría Pública entrará en la etapa de impugnación, en la que los concursantes pueden ser escrutados por falta de probidad, idoneidad o incumplimiento de requisitos legales para ocupar un cargo público.

Hay nueve concursantes en la lista con los siguientes puntajes finales en méritos y el examen escrito y práctico sobre 100 puntos:

  1. Rodrigo Frías Toral con 96, 46
  2. Byron Guillén Zambrano con 83,46
  3. Jorge Ballesteros Ballesteros con 80,07
  4. Inés Romero Estévez con 77,86
  5. Wilson Ortega Caicedo con 77,86
  6. Ricardo Morales Vela con 76,66
  7. Yolanda Yerovi Nogales con 73,82
  8. Margarita Gualotuña Cruz con 66,5
  9. Jorge Torres Farinango con 57,21.

Una vez que se supere la etapa de impugnación, la comisión ciudadana remitirá al CPCCS el informe final con las puntuaciones de cada aspirante para que proceda con la designación de la nueva autoridad que reemplazará a Ángel Torres Machuca, quien lleva en esa función, bajo la figura del encargo, más de cinco años consecutivos. (I)