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El Consejo de Participación Ciudadana no aprueba un calendario que propone tener fiscal en octubre, mientras el pleno está incompleto.
El mandatario colombiano afirmó este domingo que en el vecino país se vive una “insurrección popular”.
Protestantes provienen de sectores campesinos, indígenas y obreros leales al exmandatario, que se oponen a las medidas económicas que planea implementar Paz.
Protestas comenzaron desde hace dos semanas con la exigencia de un aumento salarial y, luego, derivaron en pedidos de renuncia del presidente.
Desde la Amazonía se buscaría un cuadro que esté abierto a conversar con el gobierno de Daniel Noboa para atender sus necesidades.
El líder de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, dijo que solo fue un diálogo; mientras, Leonidas Iza cree que se romperá ese grupo parlamentario.
La presidenta del organismo, Ivonne Coloma, aseguró que los diálogos extraídos del teléfono celular de Augusto Verduga son 'elucubraciones'.
Gonzalo Albán y Nicole Bonifaz aclararon que el CPCCS puede avanzar en sus atribuciones con seis vocales; Andrés Fantoni dice que se requiere de 'legitimidad'.
El juez Guillermo Ortega suspendió por dos años los derechos de participación de Abad al aceptar una denuncia por violencia política que planteó la canciller.
La jueza Nubia Vera está constatando el cumplimiento de las medidas de reparación integral dictadas en una acción de protección.
La vicepresidenta aseguró que siempre ha cumplido las asignaciones encomendadas por el primer mandatario.
La Asamblea Nacional deberá convocar a los candidatos más votados para definir quién será el perfil que se unirá al pleno de Andrés Fantoni.
Para este viernes a las 10:00, en Quito, se instalaría la diligencia que está en trámite en el despacho del juez Guillermo Ortega.
Sobre la jueza Hilda Nuques recayó el trámite de esta acción pública de inconstitucionalidad. La vicepresidenta pide que se dicten medidas cautelares.
Entre enero y abril se debería renovar a las autoridades del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral.
Con la ley antipillos, Daniel Noboa reformó la ley para el combate del delito de lavado de activos y recuperó la designación del director de la UAFE.
Más temprano la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había calificado la detención como “un acto casi de guerra”.
Con este recurso la vicepresidenta suspendida busca echar abajo la sanción de 150 días que la mantiene fuera del Gobierno.
Por ley, los jueces tienen la potestad de ejercer control de las normas publicadas por la Asamblea Nacional, pero si alguien demanda la inconstitucionalidad.
El mandatario subió a sus redes sociales un video donde indica que está firmando la mencionada norma, que entró en vigencia por ministerio de la ley.