Pese a las restricciones presupuestarias para contratar personal emitidas por el Gobierno nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió vincular personal bajo contratos civiles para integrarlo a los equipos técnicos que apoyan en los concursos públicos de selección de autoridades.
El CPCCS tiene una nómina de 305 servidores, pero el pasado 29 de octubre, con cinco de los siete votos de los consejeros, se aprobó una resolución para contratar personal de fuera de la institución para que sea parte de los equipos técnicos, acogiéndose a una modalidad de contrato civil.
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Internamente se habría solicitado la vinculación de profesionales bajo la modalidad de contrato civil y se pidió a los consejeros que remitan hojas de vida de posibles candidatos.
Sin embargo, los reglamentos aprobados por el pleno para la designación de autoridades de control del Estado establecen que estos equipos técnicos se formen con funcionarios del Consejo delegados por los consejeros para que los apoyen en temas administrativos.
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El análisis para tomar esta medida, de acuerdo con los informes internos, es que en la nómina del CPCCS no hay personal disponible y tampoco el perfil idóneo para ser parte de esos equipos.
A lo que se suman restricciones presupuestarias y normativas que impiden incrementar la masa salarial, por lo que se descartaron las contrataciones bajo figuras contempladas en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
Se menciona que estos equipos técnicos por “su naturaleza especializada” requieren profesionales con perfiles específicos que no están disponibles en su lista de trabajadores y por la “autonomía en la ejecución de estas funciones refuerza la idoneidad de emplear contratos civiles” para vincular a personas de fuera del Consejo.
Se justificó que este tipo de contrato no es equivalente a un aumento de la masa salarial, porque el artículo 148 del Reglamento a la Losep permite que la autoridad nominadora (presidente del CPCCS) firme contratos civiles de personas sin relación de dependencia, siempre y cuando se justifique que no hay personal de la institución que pueda cumplir esas funciones.
Sin embargo, para hacerlo, los abogados del CPCCS sugirieron en un informe que se eleve al pleno la aprobación de este tipo de contratación para legitimar la decisión y asegurar su alineación con las atribuciones institucionales.
La resolución se aprobó con los votos de los consejeros Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán y Roberto Gilbert.
La consejera Nicole Bonifaz se abstuvo y argumentó que, de acuerdo con la ley del Consejo, las facultades administrativas sobre el contrato de personas son atribución de quien preside el organismo y no del pleno.
Mientras tanto, el consejero David Rosero se ausentó en el momento de la votación de este punto.
Actualmente está funcionando un equipo técnico de siete miembros que apoyan en el concurso de selección de diez personas que conformarán la comisión ciudadana que hará el concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado.
Los miembros de este equipo son funcionarios del CPCCS y delegados de los consejeros, de acuerdo con el reglamento, en cuyo artículo 13 determina que sus integrantes “serán servidores” de la institución.
Tienen la responsabilidad de dar apoyo administrativo, logístico, operacional, técnico y jurídico a los siete consejeros y a quienes lleguen a integrar una comisión ciudadana de selección.
En la etapa de formación de una comisión ciudadana, los técnicos se encargan de revisar que los postulantes cumplan con los requisitos para ocupar un cargo público, calificar los méritos y revisar que las impugnaciones ciudadanas superen aspectos formales.
Sus informes se ponen en conocimiento del pleno del Consejo, que es el que decide si acoge las sugerencias. (I)