El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el pedido de la agrupación Acción Jurídica Popular para que se convoque a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, a una audiencia pública para este 1 de junio y se defienda de una acusación sobre un presunto “plagio” de los documentos con los que llegó a ser electa en esa función en el 2019.

El bloque de mayoría del Consejo aprobó este 31 de mayo una resolución en la que acogen el pedido de Acción Jurídica Popular para que se active el mecanismo de la audiencia pública para presentar una queja sobre asuntos públicos y, en este caso, sobre documentos académicos que le sirvieron a Diana Salazar para “acceder al cargo que ostenta”.

El presidente del Consejo, Alembert Vera, anticipó el martes 30 de mayo que se efectuaría esta diligencia el viernes a las 10:00. Sin embargo, en la sesión de este miércoles fue la consejera Yadira Saltos la que oficializó su tratamiento y mocionó que se atienda el pedido, debido a que -según dijo- “existirían documentos académicos que le sirvieron a la actual fiscal general para acceder al cargo que ostenta, no obstante, estar verificado no ser de su autoría”.

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“Debemos preguntarnos qué es lo que está en juego con esta petición en contra de la fiscal: un presunto plagio que se expone en esta petición nos llevaría a suponer que esta autoridad es ajena a principios básicos como la honestidad y ni se hable de lo intelectual. Lo que podría evidenciarse la falta absoluta de ética y de una moralidad proba. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos, jóvenes y ciudadanía si como Consejo no acogemos el pedido de Acción Jurídica Popular? Estaríamos terminando de derribar la fe pública y los derechos fundamentales de la participación. Le estaríamos diciendo a las nuevas generaciones que no importa romper las reglas para alcanzar un objetivo. Estaríamos naturalizando los atajos que es el germen de la corrupción, estaríamos arruinando las ilusiones de millones de niños que se esfuerzan por hacer sus tareas y ser mejores. Si hay algo con lo que no debemos jugar es con los sueños y alma de nuestros hijos”, enfatizó Saltos para argumentar su moción.

Añadió que si quieren que el Consejo de Participación Ciudadana deje de ser la “última rueda del coche del sistema político es hora de levantar la bandera del Ecuador” y enseguida recibió aplausos de asistentes.

Su moción tuvo el respaldo de los consejeros de la bancada de mayoría Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Alembert Vera, Augusto Verduga y el de ella.

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Los consejeros Andrés Fantoni y Mishelle Calvache se abstuvieron y argumentaron que no existe normativa que regule las denominadas audiencias públicas.

QUITO (31-05-2023).- Sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Fantoni criticó que en las primeras dos semanas de trabajo del Consejo este mecanismo se ha convertido en un show. “Un tema mediático que a la ciudadanía no le llena la panza, que a los niños con desnutrición crónica no tienen un pan y que sufren y mueren, mientras discutimos cosas escuetas. Esto no suma a la ciudadanía”, comentó.

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Llevan “dos semanas en lo mismo y no se avanza”, indicó Fantoni, cuyas palabras molestaron a Verduga, quien le reprochó que están “cumpliendo con el mandato del pueblo”.

Finalmente, la audiencia pública se convocó para este 1 de junio a las 16:00 y en ella, Diana Salazar podrá ejercer su “legítimo derecho a la defensa”, según la resolución aprobada.

Está previsto que sus interpelantes sean, entre otros, los activistas de esta agrupación Angélica Porras, David Paz, Santiago Machuca, Cristian Bahamonde, Priscila Schettini y su esposo Freddy Carrión, quien es procesado por delito sexual.

El Consejo permitió incluso que se habilite un correo electrónico para que se inscriban aquellas personas que quieren intervenir.

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De su lado, la fiscal Diana Salazar adelantó que no asistirá a este llamado, porque lo que está detrás de estas acciones es la “intención de tomarse la justicia, pero no lo van a lograr porque no tienen la razón ni la verdad”, expresó en una entrevista en la cadena televisiva Ecuavisa, transmitida la noche del 30 de mayo de 2023.

Salazar rechazó las acusaciones de plagio que impulsa el colectivo Acción Jurídica Popular y recordó que el tribunal de la Universidad Central del Ecuador que la evaluó estuvo conformado por Washington Pesántez, que en ese entonces era fiscal general del Estado, el doctor Mario Ochoa -su director de tesis- y otros docentes.

La actual fiscal del Estado fue designada en un concurso público que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición en el 2019 y que se creó por voluntar popular a través de la consulta que se realizó en el 2018.

Este organismo, que presidió el jurista Julio César Trujillo, realizó una evaluación de varias de las autoridades del Estado y procedió con su renovación, cuyas decisiones fueron ratificadas por la Corte Constitucional (CC) en una sentencia interpretativa de mayo del 2019.

Desde el inicio de las funciones del actual pleno del CPCCS se impulsan estas denominadas audiencias públicas, que se han ejecutado en contra del ministro del Interior, Juan Zapata, y en contra de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las audiencias públicas están contempladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que las definen como la “instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno”.

La norma precisa que esta solicitud debe ser “atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas en temas concernientes a la circunscripción político administrativa a la que pertenezcan” y, en ellas, la ciudadanía puede solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública; presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, debatir problemas que afecten a los intereses colectivos.

Los resultados de estos actos serán “oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento”, señala la ley.

La consejera Mishelle Calvache logró este miércoles que el pleno debata un reglamento que regule estas audiencias públicas, para evitar por ejemplo, que se conviertan en espacios para actuaciones proselitistas. Su moción tuvo el apoyo del pleno. (I)