En el Consejo de la Judicatura (CJ) casi está lista la metodología para que se arranque en las provincias con la auditoría interna del proceso de sorteo de causas en todas las ventanillas de las dependencias provinciales del CJ. El martes último, el pleno del organismo conoció un informe de la Dirección Nacional de Transparencia en el que se establecen ya ciertos parámetros.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, el 14 de julio pasado dispuso a los 24 directores provinciales del Consejo de la Judicatura realizar una auditoría interna del proceso de sorteo de causas en todas las ventanillas. Cada dirección provincial quedaba a cargo del análisis por muestreo de los procesos de asignación de causas y la auditoría se efectuaría por muestreo, alertas y denuncias ciudadanas, según se explicó en un comunicado del CJ.

Consejo de la Judicatura suspende e investiga a los dos jueces que conocieron acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda

La decisión de implementar esta auditoría interna al proceso de sorteo de causas llega luego de que se detectaron posibles irregularidades en el sorteo de dos acciones constitucionales interpuestas por Jorge Yunda para evitar que la remoción del cargo de alcalde de Quito, decidida por la mayoría del Concejo Municipal, se concrete.

Maldonado recordó que la primera causa de garantías jurisdiccionales, la cual fue resuelta por la jueza María Belén Domínguez, fue colocada como violencia; mientras que en el segundo caso, que fue resuelto por el juez Carlos Soto, otra causa de garantías jurisdiccionales fue ingresada en el sistema como cobro de honorarios, “enlazándose a una acción anterior y con eso vulnerando la necesidad del sorteo previo”.

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Ante estos casos, el CJ inició procesos administrativos disciplinarios y Maldonado, desde sus atribuciones como presidenta del organismo, dispuso la suspensión provisional sin remuneración por 90 días de los jueces Domínguez y Soto; además del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, y la oficinista auxiliar y el secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Veintimilla, en el norte de Quito.

Los hechos en los que estarían involucrados al menos seis funcionarios judiciales son investigados por la Fiscalía y aún no se han formulado cargos contra nadie. Se investiga la información recabada en nueve allanamientos, parte de un acto urgente, a las oficinas y viviendas de los jueces Domínguez y Soto, así como también los lugares donde laboraban los otros cuatro funcionarios suspendidos.

La presidenta Maldonado descarta que las irregularidades detectadas tengan que ver con una vulneración del sistema informático de sorteos y aclara que las anomalías se habrían ejecutado en el ingreso de los datos en el sistema. Refirió que este sistema posee todas las seguridades del caso, pues recordó que apenas llegaron al CJ, en 2019, detectaron que el sistema no tenía seguridades y lo que primero hicieron fue implementar las seguridades al sistema.

Además refirió Maldonado que fue una denuncia colocada en febrero de 2020 por el CJ la que motivó el acto urgente que realizó la Fiscalía en junio pasado en Guayaquil. Para esa denuncia, indicó la presidenta, obtuvieron información del modo de operar de ciertos servidores dedicados al ingreso de la información. Por esta causa el CJ ya habría sancionado a varios servidores en Guayas y Manabí.

Por sorteo irregular de causas se allanaron dependencias judiciales en Guayaquil; seis personas fueron detenidas

Maldonado invitó a que los ciudadanos que tienen alguna inquietud sobre los sorteos o conocen de alguna irregularidad sobre este tema lo denuncien al CJ. Si se da esto, apuntó, podría suceder lo que se dio en el caso por el femicidio ocurrido en la provincia del Guayas contra Lisbeth Baquerizo: los familiares de la víctima habrían pedido que el sorteo de jueces sea público y transparente, solicitud que fue acogida y se dispuso que se haga un sorteo público para asignar a los juzgadores en el caso de Lizbeth Baquerizo.

No ha trascendido la fecha en la que arrancará formalmente la auditoría en las 24 provincias en las que el CJ tiene una dirección. (I)