El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) abrirá un nuevo proceso de elección por terna para llenar una vocalía suplente del Consejo de la Judicatura (CJ).
El 9 de enero de 2023, Jaime de Veintemilla Fernández de Córdova presentó su renuncia “irrevocable” a su cargo de vocal suplente de Juan José Morillo, vocal principal del Consejo de la Judicatura, y fue aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana.
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De acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura se integra por cinco delegados y sus suplentes, que serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por la Fiscalía General del Estado, por la Defensoría Pública, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
Veintemilla fue designado en el cargo por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición como suplente de Morillo, de una terna remitida por la Defensoría Pública.
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Con su renuncia, el CPCCS deberá realizar un procedimiento de selección mediante terna, contemplado en el “Reglamento para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva de vocales principales y/o suplentes”.
Este 23 de agosto de 2023, el pleno del CPCCS resolvió otorgar un plazo de cuatro días al titular de la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca, defensor encargado, para que remita una terna con sus tres candidatos a ocupar ese cargo.
Una vez que la Defensoría remita la nómina, el Consejo de Participación Ciudadana integrará una comisión técnica de cinco personas escogidas por su pleno, quienes tendrán cinco atribuciones.
Entre ellas están las de verificar los requisitos e inhabilidades de los miembros de la terna; solicitar a cualquier entidad pública o privada la información o documentación que considere necesaria para la verificación de los requisitos, prohibiciones e inhabilidades. También, realizar los informes de cumplimiento de requisitos y prohibiciones de las ternas; y proponer criterios jurídicos sobre las impugnaciones que sean presentadas en contra de los concursantes.
Los candidatos a ocupar esta función debrán cumplir varios requisitos, como ser ecuatoriano y encontrarse en goce de los derechos políticos; tener título académico de tercer nivel en derecho o en las ramas académicas afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura, legalmente acreditado.
Acreditar experiencia profesional o docencia universitaria, con probidad e idoneidad notorias, en derecho o en las materias afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura, por un periodo mínimo de diez años; y cumplir con los requisitos para ingresar al servicio público determinados en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento.
Adicionalmente, se revisará que no estén incursos en prohibiciones legales y constitucionales para ejercer cargo público.
Concluida esta fase, se abrirá la impugnación ciudadana y escrutinio público, en la que los aspirantes a esa vocalía pueden ser objetados por incumplir requisitos, estar incursos en inhabilidades o por falta de probidad e idoneidad.
Según la normativa, los candidatos podrán ser descalificados por un informe no favorable de la comisión técnica, por haber sido aceptada la impugnación ciudadana o por incumplimiento de alguno de los requisitos.
Aquellos que superen estas etapas presentarán ante el pleno del CPCCS, en audiencia pública, un plan de trabajo o sus principales propuestas para mejorar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, en el caso de que sea designado como vocal.
En el caso de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no se decidan por uno de los postulantes, se entenderá que la terna y el proceso de designación se agotó y se solicitará una nueva terna, señala el reglamento.
De lo contrario, se producirá la designación de uno de los participantes con el voto de mayoría o por unanimidad.
La elección de este vocal suplente se producirá en medio del caso Vocales, en el que dos de los cinco miembros del CJ, Maribel Barreno y Juan José Morillo, son investigados por el delito de tráfico de influencias. (I)