Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) habrían llegado a un acuerdo para enviar la información de la base de datos a la Fiscalía General, dentro de la investigación previa que abrió por una denuncia interpuesta por dirigentes del movimiento Pachakutik (PK). Pero la presidenta, Diana Atamaint, habría cambiado de parecer.

La información la reveló el consejero Luis Verdesoto en su cuenta de Twitter este lunes 22 de febrero, en donde adjunta un memorando de reclamo a Atamaint por su proceder.

Ahí detalla que el domingo último resolvieron enviar a la Fiscalía “toda la información” solicitada en relación con el sistema informático “bajo la necesidad de preservar tanto la legalidad y legitimidad del proceso electoral como de respetar el debido proceso”.

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Para ello se iban a realizar dos copias certificadas de notario público que iban a entregarse a las 08:30 de este lunes a la Fiscalía General y a la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero, “en una arbitraria decisión, usted suspendió la realización de las copias y canceló la entrega planificada”, detalló en su oficio.

La Fiscalía abrió el 18 de febrero una investigación previa al CNE por una denuncia que plantearon Bruno Segovia y otros representantes del movimiento PK, que alegan un presunto fraude electoral en el escrutinio nacional de las elecciones generales del 7 de febrero que efectuó el Consejo Electoral.

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Con la autorización del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, se procedió a iniciar un “acto urgente” para que la Fiscalía proceda al “registro y la retención de la base de datos que reposa en el servidor (equipo informático)” del CNE, cuya información se ceñiría a los comicios del 7 de febrero.

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También se haría el “reconocimiento, exhibición y extracción de la información” y se preveía proceder con la recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral.

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El organismo realizará una pericia informática forense que deberá preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral y se identificará a los usuarios configurados en el sistema, sus perfiles y permisos asignados. Adicionalmente, generará un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral del Guayas.

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Se conoció que los consejeros analizarán qué respuesta le dan a la Fiscalía, así como a la Contraloría General del Estado, que también aspira a realizar una auditoría informática al sistema de escrutinios antes de la segunda vuelta electoral del 11 de abril.

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La Contraloría pidió al Consejo que apruebe una resolución para que se le posibilite realizar este examen que le tomaría unos 20 días, según explicó el contralor Pablo Celi en un oficio remitido el 20 de febrero a los vocales electorales.

Verdesoto está de acuerdo con este procedimiento, pero cree que debe hacerse con observación de organismos internacionales y en un plazo de siete días, tomando en cuenta que se acerca la campaña electoral del balotaje prevista para el 16 de marzo. (I)