La primera jornada de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones que promueven el paro nacional, encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), terminó con algunos avances, tras cumplirse 15 días de movilizaciones, pero quedaron sobre la mesa temas sensibles que contraponen a las partes.

La cita se desarrolló el lunes en las instalaciones del Liceo Matovelle, junto a la Basílica del Voto Nacional, en el centro de Quito. El intercambio de criterios entre los dirigentes indígenas de la Conaie, Feine, Fenocin y Confeniae con los representantes del Gobierno -no participó el presidente Guillermo Lasso- se extendió por alrededor de seis horas, en un auditorio lleno. En tanto, en los exteriores del inmueble se encontraban decenas de manifestantes que respaldan el paro.

Como garantes del encuentro estuvieron las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como delegados de la Iglesia Católica y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

Aunque el movimiento indígena ha sido radical en su postura de no retirarse de Quito, y mantener las acciones de hecho, mientras el Gobierno no acoja en su totalidad los diez puntos que demanda, durante el diálogo del lunes, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, anunció que si se aceptan dos temas fundamentales y se instalan mesas técnicas para los demás, el paro nacional acabará.

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El primero de esos temas es reducir aún más el precio de los combustibles, ya que, según la Conaie, la disminución de 10 centavos que determinó el presidente Guillermo Lasso no sería suficiente para bajar el precio de los productos alimenticios ni de los insumos para la producción agrícola.

En ese sentido, la propuesta de las organizaciones indígenas es establecer en $ 1,50 el galón de diésel y en $ 2,10 las gasolinas Extra y Ecopaís; y que se proceda con un sistema de focalización de subsidios para los sectores que lo necesitan.

El segundo tema fundamental para ponerle fin a la paralización, que el martes llega al día 16, es derogar los decretos 95, que establece la política petrolera, y el 151 que trata sobre la explotación minera.

Los delegados del Ejecutivo tomaron nota e hicieron las consultas respectivas a Carondelet sobre estos pedidos puntuales, aprovechando un receso del diálogo que duró 20 minutos. Al regresar a la reunión se comunicaron las decisiones; sin embargo, esto no satisfizo del todo a los dirigentes indígenas.

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que se derogará el decreto 95. De hecho, indicó que el documento ya estaba redactado, que faltaba la firma del presidente Guillermo Lasso para que sea oficial y entre en vigencia.

En relación con el decreto 151, la opción que planteó el Ejecutivo es reformar varios de sus artículos, pero no suprimirlo. Se incorporarán criterios para la actividad minera.

Jiménez informó que se ha elaborado un proyecto de decreto, mediante el cual el presidente de la República renuncia a la facultad constitucional que tiene de permitir, bajo condiciones excepcionales, actividades extractivas de recursos naturales no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. Además, se ordenará al Ministerio de Energía y Minas no aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva en áreas protegidas y zonas intangibles.

Así mismo, el ministro dio a conocer que está en proceso de construcción un instructivo sobre la consulta previa.

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En lo que el Gobierno no cedió es en reducir más los precios de los combustibles. Jiménez dijo que se han hecho corridas financieras y que no se ha encontrado un mecanismo que permita aumentar los subsidios que rigen en la actualidad. No obstante, Carondelet está abierta a recibir de los sectores indígenas una propuesta para concretar la focalización que piden las organizaciones sociales.

Los dirigentes indígenas recibieron con agrado la derogatoria del decreto 95, pero criticaron que no se hayan aceptado los demás aspectos y que se traslade al movimiento indígena la responsabilidad de elaborar un mecanismo para la focalización.

Al respecto, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que “no se puede aceptar semejante cosa”. Que el Estado se debe encargar de esa tarea, ya que la Confederación y demás grupos no cuentan con el dinero suficiente para costear la elaboración de los estudios que se requieren.

En cuanto al decreto 151, insistió en dar de baja a esa disposición y que no se permita la actividad minera en zonas de recarga hídrica, en áreas protegidas ni en territorios de pueblos y nacionalidades.

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El diálogo con el Gobierno terminó cerca de las 22:00, pero antes Iza sugirió que sea removido del cargo el ministro del Interior, Patricio Carrillo; además, pidió la liberación y no judicialización de las personas detenidas en el contexto de las protestas.

Las conversaciones se retomarán el martes 27, a las 09:00, para definir una salida a los puntos pendientes, de ello dependerá la situación del país en los siguientes días. El lunes, los líderes indígenas ratificaron que el paro continuará hasta que sus pedidos se acepten. (I)