El examen oral y la etapa de recalificación serán clave para definir a los tres nuevos jueces que se incorporarán a la Corte Constitucional (CC), dentro de la renovación parcial del organismo que está por concluir.

La Comisión Calificadora, instancia encargada de realizar el concurso de méritos, impugnación ciudadana y oposición, resolvió sobre las puntuaciones obtenidas por siete candidatos en sus exámenes escritos, rendidos el pasado jueves y que se calificaban sobre 40 puntos.

En un acto que garantice la transparencia, según la Comisión, estas pruebas no se identifican con el nombre, sino con un código. De esta forma, los resultados dan cuenta de que desde las notas más bajas a las altas, uno de ellos alcanzó 8/40 que pertenece al código 1839457312.

El siguiente, 1839457314 obtuvo 10; el 1839457310 tiene 15; el postulante 1839457313 con 23; el 1839457311 con 35; avanzó con el 1839457315 con una nota de 38; y la más alta, el 1839457316 que llegó a 39/40.

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Superada esta fase, desde este lunes y hasta el miércoles se instalará una jornada de toma de pruebas orales a los postulantes que se disputan las tres magistraturas, en cumplimiento de la disposición constitucional contemplada en el artículo 432, que establece una renovación por tercios cada tres años del pleno de nueve jueces.

La presidenta de la Comisión, Vanesa Aguirre, estimó que el próximo 7 de febrero se proclamarían los resultados de los tres candidatos ganadores, dependiendo de quiénes obtengan las más altas calificaciones.

Una vez que se haga esta proclamación, el presidente de la Corte, Hernán Salgado Pesántez prevé convocar entre las 24 y 48 horas siguientes a la realización del sorteo público para definir quiénes serán los actuales jueces constitucionales que terminarán su primer periodo de funciones.

Sobre casos prácticos jurisdiccionales, siete candidatos a la Corte Constitucional rinden su examen escrito

Ese acto será público, y el reglamento aprobado por la CC para ese sorteo dejó abierta la posibilidad de que los magistrados puedan voluntariamente concluir su periodo de funciones, lo que no será interpretado como una renuncia al cargo.

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Sin embargo, extraoficialmente, se conoció que ninguno de los nueve renunciaría, para evitar interpretaciones equivocadas.

Los concursantes provinieron de ternas remitidas por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, por mandato de la Constitución. De ellos, los que alcanzaron los 20 puntos en sus méritos, son Ana Donoso Bustamante (Transparencia) y Jhoel Escudero Soliz (Ejecutivo).

Richard Ortiz Ortiz (Ejecutivo) y Carlos Vásquez Morales (Transparencia) tienen 18 puntos; Alejandra Cárdenas Reyes tiene 16,5; y, Luis Sarango Macas (Legislativo) y Jorge Sosa Meza (Transparencia) alcanzaron 14,5.

Respecto de los resultados del examen escrito, Aguirre precisó que los comisionados desconocen a quiénes pertenecen las calificaciones obtenidas, pues para garantizar la transparencia del proceso se implementó un código en lugar del nombre.

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Es así, que desde este lunes cuando cada postulante se presente a su comparecencia oral se conocerá a quién pertenece ese código y cuál fue la calificación en su prueba escrita.

En tanto, la metodología establecida para esta exposición pública -que se efectuará en la sala de audiencias de la Corte Constitucional desde las 09:00- plantea que cada comisionado presentará tres preguntas para los aspirantes.

De ocho candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional, apenas dos alcanzaron el puntaje máximo de 20 en méritos

Estos últimos escogerán una de ellas y litigarán; los comisionados podrán hacer repreguntas. Se permitirá la opción de preguntarles a cada candidato sobre la probidad, ética e idoneidad que tengan sobre ellos mismos.

Esta evaluación se realizará por un tiempo máximo de 50 minutos. Se calificará la respuesta a la pregunta principal por 20 puntos y a las repreguntas por otros 20 puntos, sumando los 40.

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Luego, los comisionados deliberarán en su pleno sobre esta etapa y asignarán la nota final.

Finalmente, se abrirá una etapa de revisión, en la que aquellos que se sientan afectados por sus notas podrán pedir recalificación.

La Comisión estableció “criterios” para calificarlos, entre estos: Excelente 20; Muy bueno 15; Bueno 10; Regular 5; Insuficiente 0.

Estos criterios se basan en evaluar el dominio de los conocimientos sobre el tema consultado, si aporta fuentes jurídicas relevantes, si es claro y preciso de conocimientos; o también si evidencia confusión al responder.

Se observará si replican con solvencia las repreguntas contradiciendo a los comisionados con nuevos aportes y razonamientos distintos a los planteados inicialmente.

Aguirre desestimó que exista subjetividad al momento de calificar las pruebas orales, y también en las escritas (que se hicieron sobre casos jurisdiccionales y no sobre un banco de preguntas).

“Nosotros implementamos una rúbrica que va indicando diversos estándares, que va desde la calificación más baja, como insuficiente hasta excelente. Bajo esas perspectivas, no hay forma de que hagamos una calificación subjetiva o basada en él: ‘me cae bien o me cae mal’. Tenemos que pasar de esa crítica absurda y vamos a ver quién es quién con estas pruebas y ahí se definirá todo”, expresó la comisionada.

Asimismo, prefiere dejar en el pasado los tropiezos que ha tenido este concurso público, cuando en una primera ocasión se lo declaró desierto porque aquellos que fueron candidatizados no cumplían los requisitos; o cuando el jurista Rafael Oyarte renunció a la Comisión; o cuando los postulantes, Salim Zaidán renunció haciendo observaciones al proceso y, Bárbara Terán se retiró por enfermedad.

Comisión desechó impugnaciones a Bárbara Terán y Jorge Sosa, quienes seguirán en el concurso de renovación de la Corte Constitucional

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha venido observando el proceso de selección. Su director, Mauricio Alarcón, cree que la Comisión se “obstinó” con el cumplimiento de los plazos, pese a los obstáculos que enfrentó en el inicio con la declaratoria de desierto, por lo que debió haberse replanteado el cronograma.

Con el concurso en la etapa final, el recelo es que cuando se realice el sorteo para definir a los tres jueces salientes, otros dos decidan renunciar y eso provoque “puestos seguros” para otros candidatos.

“Lo importante es que además de que los aspirantes cumplan los requisitos constitucionales, sean personas íntegras y probas. Pero, me preocupa que tengamos en la carrera a un candidato que deja en evidencia su poco respeto a la libertad de expresión, cuando amenaza a medios de comunicación digitales por hurgar en su hoja de vida y recurre a un compañero de oficina, hoy defensor del Pueblo, para llevar a cabo un proceso de intimidación a quienes opinan respecto de su candidatura. Ahí está el ejemplo de lo que está pasando con el proceso”, advirtió Alarcón.

Una vez que la Comisión tenga a los ganadores del concurso, se remitirá a la Asamblea Nacional para su posesión, y a la Corte Constitucional para que realice el sorteo de los jueces salientes. (I)