Con la de este 5 de febrero, son doce las consultas populares nacionales realizadas en Ecuador desde el retorno a la democracia

Desde la prohibición de los casinos y las corridas de toros, la participación de independientes en elecciones, la privatización de la seguridad social, enmiendas a la carta magna sobre justicia, reelección indefinida y paraísos fiscales, así como leyes ambientales, hasta la legitimación de un presidente interino y la aprobación de constituciones completas.

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Son algunos de los temas que han sido sometidos a consideración de la ciudadanía a través de las consultas populares nacionales que se han realizado en el país desde el retorno a la democracia. Con la que se hará este 5 de febrero, por iniciativa del presidente Guillermo Lasso, suman ya doce.

En esta última hay ocho preguntas de enmienda constitucional referidas a seguridad, institucionalidad democrática y medioambiente.

De estas doce consultas, dos han sido para aprobar constituciones: la de 1979, impulsada por la dictadura militar, en la que el pueblo debía escoger entre un texto elaborado por un grupo de juristas y académicos, y la carta magna de 1945 reformada. Ganó la primera.

Y la del 2008, convocada por el Gobierno de Rafael Correa, en la que la ciudadanía aprobó la que elaboró la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi (Manabí).

Asimismo, dos de ellas sirvieron para convocar a asambleas para elaborar nuevas constituciones: la de 1997, convocada por Fabián Alarcón, que además lo legitimó en el cargo de presidente interino y planteó otras reformas constitucionales; y la del 2007, también con Correa, con la que se aprobó la instalación de una constituyente de plenos poderes.

Hubo otras mixtas, porque se plantearon tanto enmiendas constitucionales como cambios en políticas públicas o leyes, como la que hizo Correa en el 2011, en la que se prohibieron los casinos y se cambió la conformación del Consejo de la Judicatura; o la del 2018, de Moreno, en la que se determinó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea elegido por votación popular y que los delitos sexuales contra los niños sean imprescriptibles, y en que se dispuso la derogatoria de la ley de plusvalía.

Y hubo otras en las que solo se preguntó sobre políticas públicas, como la de Alfredo Palacio, que se refería a incrementos en presupuestos para salud y educación.

Todas las consultas populares han tenido una finalidad específica que se plasma en las preguntas, reflexiona la constitucionalista Verónica Hernández. Por ejemplo, la que hizo Correa en el 2007 tenía un objetivo “jurídico-normativo”, que era convocar a una constituyente; y la que ahora hace Lasso es “institucional”, pues busca provocar cambios en las instituciones del Estado.

Más allá de aquello, los plebiscitos son la forma más legítima de democracia, dice ella, aunque haya intenciones políticas detrás de ellos. “¿Y qué no es político? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cómo gobernar de la mano del pueblo si no es consultándole? La otra opción es la representatividad en la Asamblea Nacional o a través de la participación de la gente en la elaboración de políticas públicas. Pero ninguna de las dos cosas se hace como debería: las leyes no las hace el pueblo, sino expertos, y tampoco hay espacios para lo otro”, expresa.

Andrés Ortiz, también constitucionalista, menciona que la democracia plebiscitaria es legítima, pues es el soberano, el pueblo, el que realmente debe participar en la toma de decisiones importantes, de trascendencia para la vida pública. “Pero cuando se abusa de él o tiene finalidades políticas, como incrementar los poderes fácticos de los gobernantes de turno, es discutible, porque los ciudadanos se encuentran manipulados y toman decisiones que, en definitiva, pueden ser nefastas para la vida republicana”, opina.

El jurista señala que usualmente los mandatarios han sido “castigados” en las consultas, no por su contenido, sino por su gestión. “El pueblo es intuitivo y sabe cómo votar más allá de las manipulaciones que pueda haber en la propaganda electoral”, expresa.

Tres paquetes de enmiendas ha tenido la Constitución vigente

La Constitución de Montecristi ha tenido tres paquetes de enmiendas desde que entró en vigor en el 2008. Estas son:

1. Referéndum del 2011: Se consultó sobre la caducidad de la prisión preventiva, las medidas alternativas a la prisión preventiva, la prohibición para la banca de tener acciones en medios de comunicación, la integración del Consejo de la Judicatura y la creación de un Consejo de la Judicatura Transitorio.

2. Debate en el pleno de la Asamblea Nacional entre el 2014 y 2015: Reelección indefinida, edad presidencial, consulta popular en Gobiernos locales, competencias de salud y educación, plazo para crear regiones, atribuciones de la Contraloría General, misión de las Fuerzas Armadas, fondos previsionales, Defensoría del Pueblo, comunicación como servicio público, régimen laboral para obreros y servidores públicos y pensiones de retiro de policías y militares.

En agosto del 2018, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas enmiendas, porque el Parlamento “inobservó el principio de deliberación democrática” y se “prescindió de la esencia del principio de rigidez constitucional”.

3. Referéndum del 2018: Inhabilitación para participar en la vida política para los condenados por corrupción, forma de elegir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creación de un Consejo Transitorio, imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos. (I)