En plena madrugada del 30 de junio, tres sacerdotes recorrían los pocos metros que separan al Palacio de Carondelet del Colegio Matovelle, que es parte del complejo de la Basílica del Voto Nacional, en el centro histórico de Quito, llevando y trayendo un documento crucial: el acta de paz con la que se buscaba dar fin al paro nacional convocado por el movimiento indígena contra el gobierno de Guillermo Lasso y que para entonces entraba en su décimo octavo día.

El vicepresidente y el secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), monseñor Alfredo Espinoza y monseñor David de la Torre; y el padre Juan Carlos Garzón, párroco de la iglesia Trinidad, integraban la comisión designada por los obispos para escuchar a la dirigencia indígena y al régimen, y con base en sus ideas y pedidos redactar el texto. Por teléfono, desde Guayaquil, el presidente de la CEE, monseñor Luis Cabrera, seguía los avances de las negociaciones a la par que buscaba alguna manera de movilizarse hacia la capital.

Cabrera recuerda que, desde el inicio de la crisis, la Iglesia católica llamó a las partes a dialogar para solucionar los problemas. Fue parte de la Comisión Convocante organizada por varias oenegés que se ofreció como mediadora, con el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). Esta iniciativa fue acogida por el régimen, pero no por los indígenas que afirmaron que no se necesitaban mediadores sino garantes del cumplimiento de sus pedidos. La Comisión finalmente se disolvió.

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Desde la Presidencia de la Asamblea Nacional, entonces, se abrió otro espacio de diálogo al que sí acudieron las partes. Hubo dos reuniones, el 25 y el 27 de junio, pero el Gobierno resolvió no continuar con las conversaciones luego del ataque al convoy de la estatal Petroecuador en Sucumbíos en el que falleció un militar y otros doce resultaron heridos. Que con Iza no se podía hablar, aseguraron sus voceros.

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Y encima, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, había votado a favor de la destitución del mandatario, restándole objetividad a su mediación.

A esas alturas, todo quedó en un punto muerto.

La participación de la Iglesia católica como mediadora entre las partes se concretó la tarde del 29 de junio por pedido de los líderes de las tres organizaciones que dirigían la movilización: Leonidas Iza, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Gary Espinoza, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); y, Eustaquio Tuala, del Consejo de Pueblos Evangélicos (Feine).

Ellos enviaron una carta a varias instituciones relacionadas: el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, dos centros de educación superior de la Iglesia: la Universidad Politécnica Salesiana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y a las representantes de las Madres Lauritas (a la generala en Colombia y a la provinciala en Ecuador).

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Cabrera cuenta que, vía Zoom, los representantes de estas entidades se reunieron esa misma tarde para decidir qué hacer y cómo responderían, si cada cual por su lado o en conjunto. “Lo evaluamos; dijimos que no teníamos capacidad técnica para ser mediadores, en eso habíamos sido claros siempre, pues hay instituciones nacionales e internacionales con una pericia muy grande en la resolución de conflictos, pero en aras de la paz y el bien del país y de mucha gente, porque ya en muchas ciudades la situación era dramática y estaba a punto de transformarse en una tragedia, aceptamos todos”, señala el presidente de la CEE.

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A la par que enviaron su respuesta la Conaie y sus agrupaciones afines, le comunicaron del tema al Gobierno. “De inmediato recibí una llamada telefónica del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aceptando participar. Le pedimos que lo ponga por escrito también”.

A las 20:00 de ese mismo 29 de junio, Jiménez dio una rueda de prensa en la que comunicó el deseo del presidente Lasso de retomar los diálogos con el apoyo de la Iglesia.

En una rueda de prensa la noche del 29 de junio, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, confirmó que el Ejecutivo retomaría el diálogo con los dirigentes indígenas con la mediación de la Confederación Episcopal Ecuatoriana. Foto de API Foto: El Universo

En su exposición, desde las escaleras de Carondelet, el funcionario dijo que se acogerían a la forma de trabajo y a los interlocutores que decidiera la Conferencia.

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Una vez resueltas las formalidades, comenzaron a trabajar esa misma noche. “Hicimos los acercamientos tanto con las organizaciones indígenas como con el Gobierno para escucharlos e ir elaborando un acta de paz. Fuimos armando los diez puntos con base en lo que decían, en qué cedían, en qué no. Esta comisión (los tres sacerdotes) iba de un lado a otro, leyéndoles lo que se redactaba, llegando a consensos y compromisos”, explica Cabrera.

Cuando estuvo listo, los indígenas señalaron que debían consultar a las bases sobre el contenido del documento y se comprometieron a hacerlo esa misma madrugada o temprano en la mañana. Entonces quedaron en toparse todos para la firma el 30 de junio, a las 09:30, en el auditorio Santísima Trinidad del Seminario Mayor en Quito, en presencia de la prensa.

Pero la suscripción del acta no se dio a la hora convenida, pues hubo una nueva reunión en la Conferencia; ahí ya estuvieron los delegados de la Iglesia, el ministro Jiménez y una comisión política de los indígenas, en la que no participaron los dirigentes que estaban en el auditorio contiguo, esperando al resto. Esta duró dos horas.

Los indígenas empezaron a retornar a sus comunidades entre la tarde y noche del 30 de junio, y otros este 1 de julio. Foto de EFE Foto: Santiago Fernández

A las 11:30 se juntaron todos en el salón. Se leyó el texto públicamente y otra vez los dirigentes pidieron tiempo pasa consultar a sus bases. Solicitaron 15 minutos, pero asomaron unos 40 después, y no todos estaban conformes. El líder de la Fenocin, incluso, se rehusaba a firmarlo porque quería que se incluyeran otros temas, como la condonación de las deudas hasta $ 10.000.

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“Se les explicó que todo lo que no entró en el texto se analizaría en las mesas técnicas. Entonces ellos, de una manera muy sensata, dijeron que sí y finalmente firmaron”, recuerda Cabrera.

El obispo señala que la Iglesia no será parte de estas mesas, que funcionarán como lo decidan las partes. “Somos garantes, pero nuestra garantía no es técnica o jurídica, es moral. Nuestra presencia es para recordarles el compromiso asumido entre ellos y con el país; en 90 días tendremos las respuestas”. (I)