Las comisiones de Seguridad Integral y de Garantías Constitucionales entraron en un conflicto por fiscalizar los hechos registrados en las manifestaciones localizadas en la provincia de Imbabura en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que cobraron ya una víctima.
La disputa se debe al control político que tienen las dos comisiones. En el caso de la mesa de Seguridad, la preside la legisladora Inés Alarcón (ADN) y posee mayoría; mientras que la Comisión de Garantías Constitucionales está presidida por el correísta Jaime Estrada y en su mayoría está constituida por miembros de RC.
La mesa de Garantías Constitucionales se reunió el viernes 26 de septiembre y los legisladores Roque Ordóñez y Héctor Rodríguez (RC) presentaron una moción para iniciar un proceso de fiscalización por los posibles abusos de uso de fuerza pública por el Bloque de Seguridad, así como por la vulneración de los derechos humanos en el marco de las movilizaciones y protestas desde el 22 de septiembre.
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El presidente de la mesa, Jaime Estrada, convocó a sesión el lunes 29 de septiembre, pero esta se suspendió para el martes 30 de septiembre.
Respecto a la investigación en la mesa de Soberanía y Seguridad Integral, la legisladora Jhajaira Urresta (exmiembro de la Revolución Ciudadana), el 29 de septiembre, planteó el cambio del orden del día para que la comisión resuelva “iniciar la fiscalización sobre los hechos relacionados a los actos de violencia derivados a las actuaciones de la sociedad civil y fuerza pública y de seguridad en el contexto de las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025″.
La moción fue aceptada con siete votos y tres en contra que eran de la RC y Pachakutik, cuyos representantes advirtieron que ya habían iniciado un proceso de fiscalización en la mesa de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos.
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En su exposición, Urresta justificó que se inicie la fiscalización sobre los hechos relacionados con los actos de violencia ocurridos en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas en septiembre de 2025; que no hacía juicios anticipados ni discursos cargados de conclusiones. “Traigo más bien la convicción de la verdad, que debe abrirse incluso en los escenarios más complejos y dolorosos para esta sociedad”, dijo.
La fiscalización, añadió, no es un acto de confrontación, sino una responsabilidad democrática, y lo que está en juego es “nuestra capacidad institucional de atender con altura, de mirar de frente estos hechos y garantizar el respeto a la dignidad humana, al honor y obviamente a construir un horizonte en común”. Desde que se aprobó la moción, la mesa de Seguridad Integral no volvió a reunirse.
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Este 30 de septiembre de 2025, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral emitió un comunicado en el que afirma que la Comisión de Garantías Constitucionales incumple la Ley de la Función Legislativa; que su convocatoria es ilegal e ilegítima, porque la Comisión de Soberanía ya inició la fiscalización sobre los hechos de violencia derivados de las actuaciones de la sociedad civil y fuerza pública de seguridad en el contexto de las recientes movilizaciones.
Además, sostiene que la Comisión de Garantías de manera arbitraria y deliberada continuó con la convocatoria, que es nula e ilegal, y que la presidencia de la Comisión de Seguridad Integral se reserva el derecho de presentar los recursos necesarios para que se tomen las acciones que correspondan ante el incumplimiento.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, María Verónica Íñiguez, aclaró que la seguridad del Estado no es lo mismo que la presunta violación de derechos humanos.
Lo que dice el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que la Comisión de Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad es la encargada de tratar todo lo referente a presuntas violaciones de los derechos humanos.
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Por lo tanto, afirmó Íñiguez: “No estamos interfiriendo en lo que nos faculta nuestra propia ley. No estamos tratando dos cosas similares, sino más bien son distintas”.
Indicó que la bancada ADN intenta obstaculizar lo que la mesa de Garantías Constitucionales el viernes pasado ya trató y se acordó tratar el tema en esta semana.
La mesa de Garantías Constitucionales abordará el tema con las víctimas de las protestas y sus familiares y dirigentes indígenas, mientras que la Comisión de Soberanía tratará el tema con las autoridades, como ministros de Estado.
Íñiguez aclaró que la comisión de la que es vicepresidenta va a tratar exclusivamente temas de violación de derechos humanos, y afirmó que no están habilitados para pedir o solicitar autoridades del Ejecutivo.
Dijo que continuarán las sesiones y van a pedir que más personas se acerquen a la mesa a dar sus testimonios y al final tendrán el informe, que será entregado a la Procuraduría General del Estado y a la Defensoría del Pueblo, y ellos sabrán tomar las decisiones que tengan que hacerse.
En la siguiente sesión de la mesa se convocará a expertos en derechos humanos y expertos que hayan trabajado en temas de derechos humanos. (I)
