La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional iniciará un proceso formal de fiscalización respecto a los posibles abusos o vulneraciones de los derechos humanos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales en todo el país derivado del Decreto Ejecutivo n.º 126, que eliminó el subsidio al diésel.
Los miembros de la mesa legislativa aprobaron una moción motivada por los legisladores Héctor Rodríguez y Roque Ordóñez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), luego de recibir este 30 de septiembre de 2025 a familiares de los doce detenidos en Otavalo por las manifestaciones registradas desde el 22 de septiembre, quienes pidieron la libertad inmediata de las personas, pues afirmaron que no son terroristas, sino artesanos, comerciantes y artistas.
Publicidad
Dentro de las comparecencias se mostraron videos de las agresiones y violencia, que incluye la muerte de Efraín Fuerez.
El legislador Xavier Lasso, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), recordó a la sala que ya no existe el concepto del uso progresivo de la fuerza, que ese concepto tantas veces invocado para justificar abusos ya quedó atrás. Hoy el estándar es otro, apuntó.
Publicidad
Aseguró que la fuerza legítima debe ser proporcional y diferenciada y su uso letal solo es legal cuando una persona representa una amenaza letal real e inminente y se enfrenta a la fuerza pública con intención de causar la muerte o lesiones graves a los agentes o a terceros.
Eso significa, explicó Lasso, que el Estado no puede disparar porque hay disturbios, porque hay bloqueos o porque hay descontentos. Significa que el uso de la fuerza no se mide en escalas automáticas ni en la intensidad del malestar que genera una protesta, sino en el riesgo objetivo que implica una conducta concreta. Lo que hemos visto es un uso abusivo de la fuerza, afirmó el asambleísta Lasso.
Pidió que se active a los organismos internacionales para que acudan al sitio de las manifestaciones y verifiquen las violaciones de los derechos humanos, así como el Gobierno movilizó supuestamente a delegados internacionales de Gobiernos de Europa, concretamente de Italia, que acompañaron a un convoy a visitar la zona. “Hay que denunciar a la comunidad internacional todo lo que está viviendo el Ecuador, porque un representante de un gobierno de ultraderecha como el Gobierno italiano no puede venir a decirnos acá que avala todo lo que se ha hecho en estos días en el Ecuador. Tenemos que responder internacionalmente también”, recomendó Lasso.
También cuestionó que se haya suspendido la señal de la televisión MIC en Cotopaxi.
María Soledad Perugachi, representante de los doce detenidos, pidió la libertad inmediata de los detenidos, que son artesanos, comerciantes, artistas y no terroristas, que viven del comercio informal, son padres de familia y sus hijos están solos.
Perugachi describió la situación familiar y de salud de los detenidos, pues afirmó que cuatro de los doce tienen problemas especiales de audición.
Blanca Chancoso, exdirigente indígena, dijo que los pueblos han tratado de manifestar la inconformidad por el incremento del precio del diésel y aseguró que existen videos de la violencia, pues afirmó que militares en las noches entraban a sus casas y arrastraron a las mujeres y niños, incluso pasaron por encima de una bicicleta que usaba un joven.
Hizo un llamado a la Comisión de Garantías Constitucionales y de los Derechos Humanos para que actúen frente a la situación de violencia de los derechos de las mujeres y niños.
En la comparecencia los familiares mostraron el video de dos tanquetas y que militares golpearon en indefensión a uno de los familiares de Efraín Fuerez, asesinado en las manifestaciones de Otavalo.
Chancoso pidió que convoquen a los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, para que expliquen sus acciones frente a la agresión contra los manifestantes.
“Si no quieren que estemos en las calles, entonces que nos atiendan”, sentenció Chancoso, quien aseguró que quieren dialogar, pero no para que el Gobierno diga no. Hay propuestas y alternativas para no aplicar las exigencias del Fondo Monetario Internacional. “Busquemos esa alternativa y llamen al Gobierno para que en esta ocasión desista del Decreto 126”, puntualizó.
Martha Tuquerres, presidenta comunitaria de Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, manifestó que la protesta del sector indígena fue en respuesta a la emisión del Decreto 126, sobre el incremento del precio del diésel, falta de medicinas en los hospitales y la inseguridad.
Por vía telemática dijo que varios de los manifestantes fueron golpeados y que hay cientos de personas heridas con armas de fuego, y que las familias son víctimas de acciones sicológicas, se les cortó el servicio de luz e internet, que han ingresado a las comunidades, a las casas y han golpeado a las mujeres, niños y personas adultas mayores, que tuvieron que refugiarse en las quebradas para dormir.
Contó que las mayores escenas del terror se registraron el 22 de septiembre, cuando cientos de militares ingresaron con violencia a Otavalo y detuvieron a doce personas que hoy enfrentan denuncias por terrorismo.
Tuquerres pidió a la Asamblea Nacional que pregunte cuántos militares y tanquetas fueron movilizados a Ibarra para enfrentar a los indígenas.
El 28 de septiembre fue una nueva escena de violencia, dijo, cuando se anunció la llegada de un convoy, y los niños y mujeres tuvieron que ser nuevamente evacuados hacia las quebradas.
Además aseguró que este martes 30 de septiembre están siendo atacados en Cotacachi e Iluman.
Señaló que están prestos al diálogo, que quienes luchan en las calles no son terroristas, reiteró, tras insistir en que hay muchos heridos que no se verán.
Los asambleístas Héctor Rodríguez y Roque Ordóñez (RC) lamentaron las acciones de violencia registradas en Otavalo, que a mansalva utilizaron la fuerza pública contra una persona en el piso y su compañero, lo cual preocupa en el país, y que existen organizaciones internacionales que rechazan y deploran el uso de la fuerza por parte de militares.
Los dos legisladores presentaron una moción para que se inicie de manera formal, la cual fue aprobada de manera unánime. (I)