La Comisión de Fiscalización inició, este 25 de abril, la elaboración del informe sobre el pedido de juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien enfrenta doce acusaciones relacionadas con incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas, plan de vacunación; nombramientos definitivos a los médicos y trabajadores de la salud; y, la entrega de carnés de discapacidad.

Los plazos sobre la presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como la práctica de pruebas de oficio vencieron el 24 de abril, por lo que el presidente de la Comisión, Elio Peña (BIN), dispuso al grupo de asesores preparar un informe borrador sobre la sustanciación de la solicitud de juicio.

Peña dijo que a más tardar el miércoles 28 de abril convocaría a los asambleístas integrantes de la Mesa para conocer, debatir y aprobar el proyecto de informe sobre la solicitud de juicio planteada por los asambleístas Ángel Sinmaleza (IND) y Pabel Muñoz (RC).

Ambos acusaron a Zevallos de irregularidades en el manejo de cadáveres durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19; la aplicación de la Ley Humanitaria en cuanto a la entrega de nombramientos a los profesionales y trabajadores de la salud; desvinculación del personal de la salud durante la pandemia; entrega irregular de carnés de discapacidad; la falta de entrega de equipos de protección al personal de la salud durante la emergencia sanitaria; insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas del coronavirus; no transparentar cifras del número de muertos en exceso durante la emergencia; reducción de presupuesto al sector salud; privilegios en la fase de vacunación contra el COVID-19, y otras.

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Si bien hay múltiples acusaciones, añadió Peña, serían tres las causales que podrían llevar a una censura al exfuncionario y que tienen relación con irregularidades en la emisión de los carnés para personas con discapacidad; la falta de operatividad y cumplimiento de la Ley Humanitaria para la estabilidad de los servidores de la salud de primera línea en la pandemia; y, la falta de administración y organización en el plan de vacunación contra el COVID-19.

Lamentó que el acusado no haya comparecido ante la Comisión, aunque remitió un documento como prueba de descargo, pero que tras la lectura de lo remitido por el exministro no pudo desvirtuar las causales, y sin querer adelantar criterio, Peña afirmó que habría los argumentos válidos y confiables como para emitir un informe recomendando la censura y llamar al exfuncionario a juicio político.

Exministro de Salud Juan Carlos Zevallos no compareció ante la Comisión de Fiscalización por juicio político en su contra

Indicó que la ausencia del exministro Zevallos limitó a los interpelantes a hacer las preguntas necesarias, pero resaltó que las pruebas de cargo fueron contundentes y las pruebas de descargo presentadas por el acusado no pudieron desvirtuar lo puntualizado por los asambleístas que solicitaron el juicio.

Si el pleno de la Asamblea así lo resuelve, el exfuncionario podría ser censurado y además se recomendaría que todo el expediente vaya a la Fiscalía General y a la Contraloría General para que en el marco de sus competencias profundicen las investigaciones y determinen las responsabilidades que correspondan, manifestó Peña.

Ministro no desvaneció acusaciones

El interpelante, Ángel Sinmaleza, comentó que en la fase de pruebas de descargo el exministro se remitió a señalar lo que ya dijo ante la Comisión de Salud y otras, y no desvaneció las acusaciones planteadas.

El exfuncionario no respondió a 16 interrogantes presentadas en la emisión de los carnés de discapacidad, no dijo nada por qué no operó frente a las denuncias presentadas por la autoridad de Aduanas, del Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre alertas en cuanto a un incremento inusual de carnés de discapacidad y la importación de vehículos de lujo en tiempos de pandemia, añadió.

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A criterio de Sinmaleza, el acusado no informó sobre los resultados de la auditoría técnica realizada por el Ministerio de Salud al proceso de emisión de carnés de discapacidad para determinar responsabilidades.

En torno a la entrega de nombramientos al personal del sector de salud que trabajó en primera línea durante la emergencia sanitaria, Sinmaleza replicó al exfuncionario de que no justificó por qué no entregó los nombramientos hasta el 22 de diciembre de 2020, como lo señala la Ley de Apoyo Humanitario.

En cuanto a la compra y distribución de las vacunas contra el COVID-19, según el solicitante del juicio, el funcionario trató de justificar que todos tienen derecho a recibir la vacuna, por lo tanto su madre no es la excepción de ser vacunada en la fase cero.

Independientemente de los resultados de la votación en la Comisión de Fiscalización sobre este pedido de juicio político, el expediente pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea y según los plazos, podría ser evacuado antes del 14 de mayo cuando concluyen las actividades del actual periodo legislativo. (I)