“Coherencia” a la Asamblea Nacional al momento de votar en el juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones, fue el criterio coincidente de los legisladores interpelantes, Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática).
“Demostramos la inconducta de Carrión, el incumplimiento de funciones y la falta de probidad notoria. La culpabilidad del acusado está demostrada. Al momento del debate, adopten una resolución coherente, porque la Asamblea tiene que ser coherente. Si queremos luchar contra la corrupción, no podemos decir un día sí y otro no”, exclamó Vanegas al concluir su intervención ante el Parlamento, para exponer los argumentos de por qué Carrión debe ser censurado y destituido de sus funciones, como efecto de este enjuiciamiento.
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Este 14 de septiembre, el pleno de la Legislatura se instaló en la sesión 726 para resolver sobre esta interpelación, que sustanció la Comisión de Fiscalización y que en sus conclusiones recomendaba a los legisladores censurar y destituir al defensor del Pueblo por presunto incumplimiento de funciones.
Minutos antes de las 09:00 empezó la lectura de dicho informe de más de 200 páginas que concluyó a las 15:46.
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Carrión llegó a eso de las 07:40 a la Asamblea para ejercer su derecho a la defensa. Fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito, donde guarda prisión preventiva en las investigaciones por ser el presunto autor del delito de abuso sexual, que se habría dado entre el 15 y 16 de mayo, que fue denunciado por la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí.
El 15 de mayo, la autoridad acudió al domicilio de Falconí y mantuvo una reunión privada, en la que se produjo un incidente matizado por el consumo de bebidas alcohólicas, cuando estaba en vigencia un estado de excepción por efectos del COVID-19, que impedía las reuniones sociales y el consumo de alcohol.
A raíz de este escándalo los legisladores interpelantes Ricardo Vanegas y Yeseña Guamaní impulsaron el juicio político, pues acudió a esta cita que no estaba relacionada con sus funciones como defensor del Pueblo y utilizando recursos públicos como el vehículo institucional y la seguridad de la Policía Nacional.
Vanegas fue el primero en exponer y evitó referirse al proceso penal de Carrión, pues no es causal para un enjuiciamiento.
Reprodujo varios videos de las comparecencias que se recibieron en la Comisión, en los que se confirmaba la presencia de la autoridad en ese departamento, la existencia de botellas de alcohol, cigarrillos, etc.
Bancadas de UNES y PK podrían salvar a Freddy Carrión de una posible censura y destitución
“Se produjeron hechos cuestionables. Un funcionario debe tener una conducta ética y probidad. Es inaceptable que en estado de excepción se haya trasladado en vehículo institucional, hayan consumido bebidas alcohólicas. El defensor no tenía por qué estar en una reunión a esas horas de la noche. Si lo quería hacer para qué se fue en vehículo institucional y con seguridad de la Policía”, increpó Vanegas.
Dijo que las pruebas y testimonios demuestran su inconducta, el incumplimiento de funciones y la falta de probidad notoria. “La culpabilidad del acusado está demostrada”, sentenció Vanegas.
Continuó Guamaní, quien resaltó que el objetivo de este proceso es que en el país las autoridades actúen con ética.
Presentó varios videos de los noticieros de ese entonces, que recogían reproducciones en los que se veía a Carrión en estado etílico y golpeándose con Falconí. Ello, para apuntar sobre la probidad para ejercer funciones.
“Este juicio es para defender derechos humanos. En los eventos suscitados se verifica la participación de Carrión, en hechos contrarios a la prevención y tutela de derechos humanos de dos personas, en particular de una mujer. Somos mujeres -les dijo a las asambleístas-, ¿de qué manera se pretende justificar esto, qué líneas discursivas pueden justificar estas actuaciones? Es evidente lo que se ha visto”, reprochó.
Carrión, tiene tres horas para responder a las acusaciones. Más tres horas adicionales para cada una de las partes para las réplicas.
Pasadas las 17:30, la autoridad empezó su exposición y dijo que estaba ante el pleno para “transparentar la verdad” y que su deseo es ser “tratado con justicia”.
Aseguró que esta interpelación pretende “invalidar” el informe de las protestas de octubre del 2019 y evitar que haya juzgamiento y sanción por esos hechos.
“Existe una trama en mi contra que la he venido denunciando”, señaló Carrión, en referencia al proceso penal por presunto abuso sexual, que no es parte de este juicio político.
Acotó que no ha incumplido sus funciones, por lo que no ha “omitido” en cumplir con ellas; y acusó a los legisladores de la Comisión de Fiscalización, de ser “doble moral”. En especial se refería a la legisladora interpelante Guamaní, a quien la responsabilizó de querer sacarlo del cargo para “repartirse la Defensoría”.
Su exposición aún continúa.
Luego se abrirá el debate y uno de los legisladores podría proponer una moción para acoger el informe de la Comisión y censurar y destituir a la autoridad; o de lo contrario, para archivarlo.
Antes de que el Legislativo resuelva, la bancada de Pachakutik había resuelto después de una reunión de seis horas, realizada la tarde y noche del lunes, apoyar el enjuiciamiento.
El jefe de bloque, Rafael Lucero, informó que después de que su coideario Ricardo Vanegas les demostró que existe el incumplimiento de funciones, se tomó una decisión por democracia interna. “Había compañeros que tenían una posición contraria, lo sometimos a votación y ganó mayoritariamente ir por la interpelación de Carrión y actuaremos en bancada como una decisión orgánica”, apuntó Lucero.
La posición de PK tambaleaba días antes, pues legisladores como Joel Abad y Salvador Quishpe mencionaron que se revisarían las pruebas antes de tomar una posición, y que no había la seguridad de votar por el informe.
Al conocer la decisión de PK, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) divulgó un comunicado suscrito por su presidente, Leonidas Iza, que rechazaba que este juicio político “sirva para encubrir actos de corrupción de Lenín Moreno, o para evitar las sanciones a los exministros de Gobierno María Paula Romo y Oswaldo Jarrín de Defensa, por las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en las manifestaciones de octubre del 2019”.
La Conaie defendió el informe elaborado por esa Comisión de la Verdad, el mismo que sirvió de argumento de Carrión en su defensa, de que era víctima de una persecución política por el anterior gobierno.
Incluso la autoridad presumía que en la casa de Falconí le pusieron algo en las “alitas de pollo” que le brindaron, porque no recordaba nada.
Quienes sí anticiparon que no respaldarían este enjuiciamiento fueron los 47 legisladores de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), que consideraban que no había causales para el procedimiento.
La asambleísta correísta Jhajaira Urresta dijo que el defensor era un perseguido político por el informe de las protestas; y sobre el incidente en el que se vio inmerso Carrión cree que “la vida privada de las personas es la vida privada de las personas”.
Para censurar y destituir a una autoridad se requieren 70 votos y había el respaldo de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID), CREO, y los independientes, que sumaban algo más de 65 votos.
En caso de que la Asamblea Nacional resuelva la censura y destitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá nombrar a una autoridad encargada en la Defensoría, hasta que concluya el concurso público para designar a una nueva autoridad. (I)