Catorce nuevas organizaciones políticas se sumaron al Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas, las cuales estarán habilitadas para participar en las elecciones seccionales de febrero del 2023, en las que se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales y miembros de juntas parroquiales para el periodo 2025-2029; además de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyas postulaciones deben ser independientes de partidos o movimientos.

El pasado 23 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró la etapa de inscripción de movimientos y partidos con un total de 276 habilitados para participar, debido a que el calendario electoral para organizar dichos comicios estableció esa fecha como límite.

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Hasta septiembre del 2021 dicho registro agrupaba a 268 grupos políticos; al 11 de mayo, a 266; y el 23 de mayo cerró con 276.

Entre enero del 2022 y el 25 de mayo último, había 137 organizaciones políticas en fila para ser calificadas y obtener su personería jurídica. De estas, se aprobaron 14 organizaciones políticas, 97 fueron negadas y 26 se cerraron en proceso, según consta en los registros del organismo electoral.

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El Consejo aún no ha difundido el listado oficial con los nombres y las listas de las agrupaciones que cuentan con personería jurídica, pero hasta el lunes pasado inscribió a diez, entre las que está el movimiento Semilla, con ámbito en la provincia de Pastaza.

Dos en Guayas: el movimiento Ciudadano, del cantón Durán; y Acción Política Progresista por el Buen Vivir, para el cantón Yaguachi.

El movimiento provincial Solidez, Esperanza y Respeto (SER) en Loja; Somos Progreso, de Lago Agrio (Sucumbíos).

En Los Ríos se conformaron los movimientos Crecer, que es provincial; y el cantonal Pensemos en Grande, de Quevedo.

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Para la provincia de El Oro se aprobó Plan MP; y para Machala, el movimiento Amor, Fe y Esperanza (AFE). En Manabí se constituyó el movimiento provincial Cambio Integral con Acción, Talento y Esperanza (Caminantes).

En el Registro Nacional también se incorporó al movimiento nacional Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), que fundó un primo del expresidente de la República Lenín Moreno, Arturo Moreno.

Es así que el Registro quedó compuesto por 6 partidos políticos, 11 movimientos nacionales, 67 provinciales, 173 cantonales y 19 parroquiales, que podrán postular candidatos para las elecciones seccionales que se desarrollarán este 5 de febrero del 2023.

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El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, estimó que habrá 90.000 candidatos que buscarán llegar a las dignidades de elección popular, y aspiró a que las agrupaciones políticas impulsen alianzas electorales para evitar la dispersión; así como beneficiarse de los estímulos legales para evitar que sean extintas, por no alcanzar el número de votos para mantener su personería jurídica.

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En una entrevista en radio Centro, de Guayaquil, este 25 de mayo, Pita consideró que, para evitar la creación de los grupos políticos, debería discutirse una reforma al Código de la Democracia, porque los requisitos que se establecen son “permisivos”.

“Hay que reformar la ley. La ley es extremadamente permisiva en relación con los requisitos para organizar un movimiento o partido político, porque se arman directivas, se reúnen grupos de amigos, crean un órgano regular… y se presentan ante el órgano electoral. Y nosotros tenemos que verificar si cumplen los requisitos, e inscribir. No podemos juzgar la ley; tenemos que cumplir”, opinó.

Añadió que, incluso, debería pensarse en exigir más requisitos para quienes se postulan a una candidatura de elección popular, pues el requisito actual es ser mayor de 18 años.

En estos casos, aclaró, el CNE no tiene la responsabilidad de revisar las hojas de vida, sino las declaraciones juramentadas. Son las organizaciones políticas las que deben verificar si un candidato, por ejemplo, no adeuda pensiones alimenticias; y, de ser el caso, impugnar esa postulación.

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“Se requiere preparación, capacitación, que la ciudadanía aprenda a votar, porque cuando vota por cualquier persona está entregando el poder a alguien. Debemos saber responder al desafío de votar con responsabilidad, pues estamos votando por gente que está regulando sobre nuestra vida”, añadió.

En todo caso, pese a que el CNE cerró el Registro Nacional, aquellos representantes legales de organizaciones políticas en formación que sientan afectados sus derechos pueden presentar recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Este organismo tiene como límite para resolver sobre estos recursos hasta el próximo 4 de julio. Luego se dará paso a la siguiente etapa, relacionada con los procesos de democracia interna, en los que los sujetos políticos deben escoger sus candidatos.

Esta etapa se iniciará el 12 de julio con la recepción de solicitudes para realizar la democracia interna. Y después, desde el 22 de julio hasta el 5 de agosto, podrán realizar sus elecciones internas de candidatos. (I)