Catorce jueces especializados estarán a cargo de casos penales relacionados al terrorismo; la nueva unidad judicial tiene casi cinco meses en funciones en Quito

Terrorismo es uno de los 44 tipos penales que deben conocer los 14 jueces especializados que integrarán, desde mediados de diciembre de 2022 las nuevas Unidad Judicial y Tribunales de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Estos nuevos juzgados funcionan en una de las alas del segundo piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en Quito, pero tienen alcance nacional.

El jueves último el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) decidió declarar “terroristas” a los grupos delictivos del país como una estrategia para fortalecer las acciones para combatir la narcodelincuencia y la amenaza contra la seguridad integral del país que estas actividades generan.

Para concretar los objetivos planteados se prevé que el Comando Conjunto cree un unidad especial de operaciones integrada por personal élite de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y además con fiscales especializados y personal policial. Todos laborarán bajo la planificación y la estrategia del área militar.

Asambleístas con posturas divididas ante la resolución del Gobierno de declarar ‘terroristas’ a las organizaciones delictivas del país

“Es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. En estas operaciones las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional. Vamos a combatir al terrorismo con toda a fuerza de la Ley”, explicó el ministro de Defensa, Luis Lara, al tiempo de asegurar que las Fuerzas Armadas tienen unidades capacitadas para la lucha contra grupos y personas que perpetren actos terroristas.

El concurso de Méritos, Oposición e Impugnación Ciudadana para seleccionar a los jueces que formarían parte de la nueva Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado mantuvo el criterio de especialización respecto a los 37 delitos relacionados con el crimen organizado y las siete figuras penales atadas a actos de corrupción.

El terrorismo y la financiación del terrorisno son dos de los delitos que hace parte del catálogo de 37 figuras penales relacionadas al crimen organizado que deben ser concidas por dos jueces de Unidad Judicial, seis jueces de Tribunales de Garantías Penales y seis jueces de Sala de Corte Provincial.

Para la Corte Nacional de Justicia no se seleccionaron nuevos magistrados, pues al momento los actuales jueces y conjueces de la Sala Penal ya tienen la obligación de conocer casos de corrupción y crimen organizado.

Al tener una jurisdicción nacional, los jueces de esta Unidad Especializada pueden reemplazar a jueces cantonales en el conocimiento de, por ejemplo, casos relacionados con atentados terroristas como los suscitados en estos últimos meses, las detenciones de las individuos que tiene  que ver bandas criminales, con el tráfico de drogas y armas, entre otros.

La idea es que los jueces ubicados en Quito no tengan que estar físicamente en las zonas en las que se producen los hechos, evitando así que estos funcionarios tengan presiones, amenazas contra ellos o sus familias o estén expuestos a actos de corrupción. Ante la complejidad de delitos que manejan, cada uno de estos jueces cuenta con un equipo específico de trabajo y con una seguridad con protocolos especiales.

Estos son los perfiles de los nuevos 14 jueces especializados en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado

Según cifras del Consejo de la Judicatura (CJ), entre finales de diciembre de 2022 y abril de 2023 a la también conocida como Unidad Anticorrupción han ingresado 270 causas, de las cuales 176 tienen que ver con delitos por parte del crimen organizado. Esta unidad arrancó su trabajo con carga procesal cero, es decir, todos los casos son nuevos y no derivados de otros procesos que ya estaban en marcha.

Ante la gran cantidad de trabajo al que se exponen los 14 jueces especializado, el expresidente del CJ, Álvaro Román, cree que debería pensarse desde ya en ampliar la planta de este tipo de jueces especializados, es decir, se deberían ya iniciar los procesos para incorporar más jueces a la unidad que juzgará delitos que tienen que ver con la corrupción y crimen organizado.

Los 14 nuevos jueces fueron nombrados por unanimidad por el pleno del CJ el 1 de diciembre pasado, nueve meses después de iniciado el Concurso Público de Méritos, Oposición e Impugnación Ciudadana organizado por la Judicatura y luego de finalizar un Curso de Formación Inicial de 52 días.

En la mira de las autoridades estarían al menos ocho organizaciones criminales a las cuales se las podría tratar como terroristas. Estas tendrían principalmente nexos con agrupaciones narcodelictivas que tienen como lugar de operación Colombia y México. (I)