El tribunal de la Unidad Anticorrupción en el caso llamado Nene declaró fallida la reinstalación de la audiencia de juzgamiento por la inasistencia de dos abogados del procesado Francisco Sebastián B. A.

En el Complejo Judicial Norte, en Quito, este 26 de mayo de 2025, un tribunal de la Unidad Anticorrupción pretendía emitir su pronunciamiento respecto del estado de inocencia o culpabilidad de Francisco Sebastián B. A., hijo de la exvicepresidenta de la República Verónica Abad Rojas, como parte del caso Nene, en el que se indaga un delito de tráfico de influencias que se habría cometido en la Vicepresidencia.

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El tribunal, compuesto por los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, constató esta mañana que los abogados Santiago Hernández y Roberto Loor, defensa técnica de Sebastián Barreiro, no asistieron a la diligencia y dispuso que se ubique un defensor público.

QUITO (26-05-2025).- Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, exvicepresidenta de la República, en la sala antes de la instalción de la audiencia del caso Nene, en el Complejo Judicial Norte. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

A los dos abogados les impuso una multa de dos salarios básicos.

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Bajo esa circunstancia, los jueces declararon “audiencia fallida”.

La jueza Soria indicó que en los próximos días notificará a las partes procesales la nueva fecha para la reinstalación, ya que por ahora tienen una agenda copada para las siguientes semanas, incluso hasta agosto.

En el caso Nene, Sebastián B. A. es el único procesado, pese a que fueron dos los llamados a juicio el 19 de noviembre del año pasado.

El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Leonardo Alarcón, señala a Sebastián B. A. como autor directo del delito de tráfico de influencias, porque junto con un exasesor de su madre, Daniel Lenín R. P. (que está prófugo), habría solicitado parte del sueldo a una persona a la que ubicaron en un cargo en la Vicepresidencia en los inicios de la gestión de Verónica Abad en ese cargo.

El denunciante Romel P. informó a las autoridades que Francisco Sebastián B. A. lo habría contactado para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la institución a cambio de un porcentaje de su salario, que se estimaba en $ 3.200.

Este acto judicial prevía reinstalarse en abril pasado, pero se lo trasladó para este 26 y 27 de mayo, y finalmente se lo declaró fallido. (I)