El video de una entrevista y los resultados de las pruebas del polígrafo que se hicieron a los procesados en el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno no constarían en los expedientes públicos que manejó el extinto Comité Interinstitucional que se creó en el gobierno de Rafael Correa para investigar este caso.

Ello fue parte de las observaciones que quedaron en la reconstrucción del denominado tercer producto que hizo el forense argentino Roberto Meza Niella, en la investigación del caso Gabela.

Este tercer producto fue parte de una primera investigación no judicial de una consultoría que contrató el extinto Ministerio de Justicia en el 2012 y que lideró un Comité Interinstitucional que constituyó el exmandatario Rafael Correa, cuyo objetivo era ahondar en las hipótesis de si el general de la FAE fue asesinado en el 2010, debido a sus denuncias de irregularidades en la compra de los siete helicópteros Dhruv; o, si al contrario, se debió a un delito común como concluyó la justicia en el 2012, sentenciando a cinco personas.

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La Corte Constitucional (CC), en febrero pasado, ordenó al Gobierno nacional que constituyera una nueva Comisión de Coordinación para que contactara al perito Roberto Meza, quien hizo la pericia en el 2013, y reconstruyera ese tercer producto.

Esto, porque se considera que desapareció de los archivos de las instituciones del Estado que formaron parte de ese Comité Interinstitucional.

El 11 de julio del año en curso, Meza entregó dicho informe a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y a la Defensoría del Pueblo, que en conjunto impulsaron un recurso de acceso a la información pública para conocer ese documento y que llegó hasta la CC para su trámite con una acción extraordinaria de protección, que concluyó que se vulneró el derecho a la verdad.

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En ese documento, una de las recomendaciones que hace el forense es que se «localicen los resultados del polígrafo» que se ejecutó a los procesados por el asesinato, pues en las 18 cajas de documentos que recobró la Comisión de Coordinación, esos papeles no se encontraron.

En un primer momento, esta pericia reconstruida reseña que, en el 2013, Meza entrevistó a uno de los procesados Jaime A. alias el Cojo, en la Penitenciaría del Litoral.

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Ahí, el procesado le había narrado a Meza que un hombre conocido con el alias «Francis» habría sido el autor material del asesinato de Gabela y que «Francis» le contó (al Cojo) que recibió pagos por parte de un «general de la FAE».

Sin embargo, al buscar esa versión para incorporarla en la reconstrucción del tercer informe, se «verificó que falta el video de esa entrevista».

Meza recordó que los computadores en donde guardaba su trabajo le fueron retirados por el Ministerio del Interior en noviembre del 2013. Aunque recientemente, «parte» del material digital se encontró en una caja que remitió la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

De lo que se logró recuperar es que el Cojo, según la pericia, conocía solo el alias de Francis y que tenía «amigos con influencias y también policías».

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El perito reveló que Francis constaría identificado como Derly David Vargas Salazar y también como Francisco Israel Cruz Vargas, pues tendrían las mismas huellas dactilares y se trataría de una misma persona. Es decir, Derly David Vargas Salazar sería Francisco Israel Cruz Vargas.

A lo que se suma que, contrastados los registros con el Consejo Nacional Electoral (CNE), Derly David Vargas Salazar habría votado en los comicios nacionales del 11 de abril del 2021 y «se encontraría vivo».

Ello, porque en diciembre del 2012 se conoció que en el sector de Sauces 6 en Guayaquil había sido asesinado Francisco Israel Cruz Vargas.

En el 2013, Meza se entrevistó con Julio S., alias Sianca; Jaime A., el Cojo; Tony T., Volante; Richard P. y Teófilo M., alias Chicho, para corroborar información haciendo uso de la herramienta del polígrafo.

En mayo de ese año, el Comité había autorizado que se realice esa prueba con base en una propuesta de José Serrano, exministro del Interior.

Fue así que en los primeros días de junio, las cinco personas mencionadas fueron trasladadas a la Fiscalía General a una cámara de Gesell y habían dado su consentimiento para participar de esa prueba.

Pero esos resultados poligráficos «no se han encontrado en la documentación entregada en la actualidad» pese a los requerimientos que había hecho la actual Comisión de Coordinación.

Por ejemplo, al ministro del Interior, Juan Zapata, se le solicitó el informe de la prueba realizada a los sentenciados por la muerte de Gabela, las entrevistas; así como el material digital y grabaciones y el nombre de la empresa que fue contratada.

Zapata les respondió que no se encontró información documental ni digital.

Lo mismo se hizo con el Ministerio de Gobierno, que también respondió que no existe documentación sobre una empresa contratada para esas pruebas.

De los papeles recuperados, lo que se encontró fue un acta de junio del 2013 en la que solo consta que se «presentaron los resultados de las pruebas del polígrafo».

No obstante, con información del consultor se recuerda que el Cojo fue quien indicó que el autor del disparo a Gabela había sido Francis.

Y, Richard P. confirmó que Francis era zurdo y que estuvo detenido con él y los vincularon con el caso Gabela, pero que habían sido puestos en libertad cuatro días después, porque supuestamente Francis habría entregado $ 20.000 al fiscal que investigó el asesinato.

Roberto Meza reiteró que si bien en los archivos oficiales no consta el informe del polígrafo, sí quedaron actas en las que se menciona que desde el Ministerio del Interior se solicitó realizarlas y se hicieron para corroborar que lo dicho por el Cojo, respecto de la participación de Francis en el crimen, era verdadero o no.

«Esa era la función del polígrafo. No es que técnica o judicialmente el polígrafo sea un medio de prueba para el Ecuador, pero sí para la investigación interna. En ese momento teníamos una información que necesitábamos corroborar, pero esa persona estaba muerta (Francis)».

QUITO (14-07-2023).- El perito argentino Roberto Meza Niella, encargado de reconstruir el tercer producto en la investigación del denominado caso Gabela. Sugey Hajjar/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

En ese entonces, quien habría asesorado en el uso del polígrafo fueron funcionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y, cuando solicitaron confirmación sobre la empresa contratada, se les indicó que no había registros de ello.

«Desapareció completamente, lo único que quedó es el registro del acta en la que se habla del polígrafo, pero se pierde una información en la que se habla de quien sería el autor material (del crimen): Francis».

El fiscal a cargo del caso en ese entonces, René Astudillo, es un crítico de la pericia de Meza y este 17 de julio, en una entrevista con radio Pichincha, aseguró que fue él el que confirmó que Francis tenía dos identidades.

«El perito dice que descubrió que Salazar Vargas Derly David o Francisco Israel Cruz Vargas… Francisco Cruz Vargas es el nombre auténtico, según la documentación que tengo y lo del Registro Civil y la información dactiloscópica. Esta información, en el 2018, se emitieron infundios diciendo que el fiscal supuestamente sabía la doble identidad de este ciudadano, yo solicité la copia certificada a la Policía Judicial del Guayas para que rectifiquen esa información maliciosa», aseveró.

Añadió que en el informe reconstruido por Meza aparece como que extrajo «información de última fuente, cuando esta información la entregué yo y consta en la Policía Judicial con puño y letra del suscrito solicitando la información».

Dijo que en su dictamen acusatorio mencionó que «si en el evento, mientras no prescriba (el caso) hubiera autores intelectuales, se lo hará con las debidas pruebas e indicios que, al momento no existían y, si pudieran existir, sería la oportunidad para vincular a terceros. Sin embargo, no sé si consta información seria y real para vincular a terceros».

También rechazó las afirmaciones de que él habría recibido $ 20.000 de Francis para dejar la cárcel. Expuso que la Fiscalía abrió un expediente administrativo y presentó sus pruebas de descargo, como que él tenía préstamos, sueldo como docente, fiscal y la venta de un vehículo.

De los análisis, se había concluido que no tenía responsabilidades y, por tanto, no se determinaron sanciones administrativas en su contra porque hubo una actuación «transparente del fiscal». (I)