A través de un comunicado, el jurista Carlos Pareja Cordero se refirió al pedido de juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, realizado por el asambleísta correísta Héctor Valladárez y en el que se plantea cuestiones relacionadas con un caso en el que se lo investigó años atrás.

En el pedido de interpelación se expone como causal una supuesta “inacción” de la fiscal en un caso contra Pareja Cordero, quien fue secretario privado del fallecido mandatario León Febes-Cordero.

Valladárez mencionó que en el 2016 la Fiscalía inició una investigación contra el citado jurista por presunto lavado de activos. Pero en 2017 el caso fue declarado nulo luego que la defensa de Pareja Cordero denunció en Miami (EE. UU.) al perito informático de la causa por el presunto delito de hackeo de cuentas personales.

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Para el asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana, “la inacción” de la fiscal “permitió que los bienes incautados, inclusive dinero en efectivo, sean recuperados por el señor Pareja Cordero”. Señaló que las causales expuestas están sustentadas y documentadas.

En respuesta, Pareja calificó de “absurdo” el pedido de juicio a la fiscal y enlistó las razones por las cuales este no tiene sustento.

Primero, que el 2016 el fiscal general de la Nación era Galo Chiriboga y no Diana Salazar Méndez.

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Segundo, que la Asamblea Nacional y sus miembros, “no tiene competencia para llamar a juicio político a una persona que no ostentaba el cargo en la fecha a la que se refiere su pedido, esto es en el año 2016, como tampoco lo tiene para “juzgar” decisiones que son de exclusiva competencia de la administración de justicia. Por si no le han explicado quienes lo han empujado a este ríduclo desaguisado, eso constituye intromisión en la justicia. La Asamblea Nacional no es una instancia judicial”.

Pareja Cordero relató que, durante el gobierno de Rafael Corea, en diciembre del 2016, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), elaboró un ROII (Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas) con supuesta información bancaria de EE.UU., indicando que él había realizado movimientos inusuales por $ 52 millones, lo cual sirvió de base para que se inicie un proceso penal en su contra.

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Según Pareja, acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (Fincen), al FBI y a la Corte de Florida, a quienes les habría demostrado que la UAFE y un perito informático manipularon información bancaria y correos electrónicos para promover un proceso penal.

“La Corte de Florida, mediante sentencia, concluyó que mis correos fueron hackeados, y que la UAFE utilizó de manera fraudulenta información bancaria americana para que se inicie, indebidamente, el proceso penal en mi contra. Es decir, el proceso penal en Ecuador estuvo basado en información falsa...”.

“Pero esta barbaridad y perversidad van más allá, señor legislador, pues mientras me encontraba en Perú buscando refugio de la persecución, el Gobierno de entonces, el del líder de su partido político, envió un equipo de policías de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador (anteriormente denominada Senain) para secuestrarme y traerme a la fuerza en un avión de la Policía al Ecuador. Los policías corruptos me atacaron con tanta brutalidad, que tuve que ser intervenido por tres ocasiones de las graves lesiones que sufrí en el brazo derecho. Ante el evidente interés político de las autoridades de Ecuador y del riesgo a mi integridad, el Estado peruano me concedió el reconocimiento a la condición de refugiado. Además, la Corte Suprema de Perú negó el pedido de extradición. Como consecuencia de lo antes mencionado, cuya contudencia es incuestionable, la Corte Provincial del Guayas (no la Fiscalía) declaró la nulidad del proceso...”, declaró Pareja en su comunicado.

Este segundo pedido de juicio político contra la fiscal aún no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). (I)

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