El bloque del Partido Social Cristiano está elaborando una propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para incrementar las asignaciones que reciben las prefecturas y municipios por parte del Gobierno central, iniciativa anunciada por Jaime Nebot, líder del partido, en el marco de su idea de implementar un Gobierno federal en Ecuador.

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El PSC aún no tiene fecha de presentación del texto, cuya preparación está a cargo de los asesores de la bancada.

Nebot manifestó que la intención es que, a partir de 2023, “la participación de las 24 provincias y de los 221 cantones suba del 10 % al 20 % en los ingresos petroleros y del 21 % al 40 % en los ingresos tributarios”. Planteó las reformas a través de un mensaje transmitido en redes sociales, la noche del martes 19 de julio, y manifestó que el dinero adicional deberá ser empleado en inversión, no en gasto corriente o improductivo.

“Las prefecturas y municipios tendrán que enfocar esas inversiones en obras de infraestructura que ahora son competencia del Gobierno central, pero que en la actualidad están desatendidas”, advirtió.

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Aseguró que el efecto económico de esta medida para el Estado central será cero, ya que las nuevas asignaciones serán equivalentes a los montos de inversión que el Gobierno central debe ejecutar en las prefecturas y cantones. Además, enfatizó que el fisco mantendrá el 80 % de los ingresos petroleros y el 60 % de los tributarios.

Henry Cucalón, abogado y exasambleísta socialcristiano, explica que lo que plantea Nebot es viable jurídicamente ya que es una reforma a una ley menor y no a la Constitución, también considera que puede ser viable políticamente por el arraigo de los asambleístas a sus cantones y provincias y que están más que interesados en este proceso de descentralización. Además subraya que se debe tener en claro que no está relacionado con un incremento del gasto público, sino que consiste en una forma de participación de las rentas del Estado.

“Si bien se propone aumentar la asignación, eso conlleva que también el Estado, ya sea por competencia concurrente o no, les dé también a los gobiernos locales lo que no está haciendo eficazmente, como construcción, infraestructura, etc. No es solamente un petitorio de plata”, indica.

Cucalón destaca que la propuesta es interesante y se están poniendo sobre el tapete modelos de gestión para mejorar lo público bajo la premisa de que “asumimos todos, Gobierno nacional y locales, que algo está fallando y es un tema de ejecución de obras y servicios”.

No obstante, considera que sí existe complejidad para que esta iniciativa se concrete. Una arista sería acerca de incrementar la participación de ingresos permanentes del 21 % al 40 %, ya que cree que puede que no sea aceptado tanto en el debate parlamentario como por el Ejecutivo. Recuerda que el buscar incrementar este rubro no es algo nuevo y que ya luego de debatirlo se fijó en el 21 %.

“Lo difícil va a estar en el aterrizaje. Habrá que establecer que, si bien la propuesta es al 40 %, qué pasa si se concreta en 30 %, ese aumento del 9 %, con una contraparte que especifica para qué será, tiene que ser aterrizada normativa y financieramente”, apunta.

¿Cómo se distribuyen las asignaciones?

Actualmente, el artículo 192 del Cootad establece que “los Gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21 % de ingresos permanentes y del 10 % de los no permanentes del presupuesto general del Estado”.

El monto total a transferir se distribuirá entre los GAD en la siguiente proporción: 27 % para los consejos provinciales; 67 % para los municipios y distritos metropolitanos; y, 6% para las juntas parroquiales.

Hasta la fecha se reparte conforme al tamaño y densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos locales; logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del GAD.

Para la aplicación de cada uno de estos criterios, en el Cootad se establecen una fórmula de cálculo y una ponderación del peso que tiene cada uno de esos criterios en el monto general a distribuirse, diferenciada por nivel de gobierno.

La norma establece también que cuando un GAD reciba una competencia por delegación, recibirá también los recursos correspondientes, que deberán ser por lo menos equivalentes a lo que se venía utilizando para el ejercicio de dicha competencia por parte del respectivo nivel de gobierno, lo que se relaciona con la iniciativa de Nebot.

Comisión analiza otras reformas al Cootad

En tanto, en el Legislativo, la Comisión de Gobiernos Autónomos ha recibido en las últimas semanas a distintas autoridades y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes presentaron sus aportes a los proyectos de reformas al Cootad.

También han recibido a representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope); de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME); y, del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) con el fin de ampliar el análisis de otras posibles reformas.

Entre las principales ideas discutidas se exigen la continuidad de las obras y proyectos iniciados en administraciones anteriores, modificar las atribuciones de los viceprefectos y establecer las competencias de esta autoridad. También fortalecer el modelo económico de los programas de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos locales y conformar mesas técnicas para analizar temas presupuestarios.

Se ha discutido también la posibilidad de incorporar nuevas competencias de los GAD municipales, como la creación de redes de servicios de cuidados y de empresas públicas, sobre todo, en parroquias.

El legislador Celestino Chumpi (PK), presidente de la mesa legislativa, ha agradecido las observaciones presentadas en las diferentes jornadas y ha manifestado que serán acogidas y analizadas por el equipo técnico de la comisión para construir un articulado completo y apegado al marco constitucional. (I)