Para la audiencia pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que se instaló a las 10:21 de este lunes, 1 de septiembre de 2025 en la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República “reforzaron” su representación legal para defender la constitucionalidad de esta normativa.
En la audiencia de este lunes, la legislatura tuvo como sus defensores a Mercedes Mediavilla, procuradora judicial de la Asamblea y representante del presidente, Niels Olsen, y a los abogados Édgar Lagla y Luis Rivera, especialistas de patrocinio institucional; mientras que la Presidencia registró a Stalin Andino, secretario Jurídico de la Presidencia, y a la asesora Ana Acosta como representantes.
En su intervención, tras la presentación de los argumentos de cargo por parte de los accionantes, Mediavilla justificó que la aprobación de la norma se enmarca en el número de muertes violentas en el país, con base en datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que evidencia que 8.004 muertes violentas se registraron en 2023, siendo Ecuador el más violento de América Latina.
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La procuradora aclaró que la Ley de Inteligencia se tramitó a través del procedimiento ordinario, pues se presentó por primera vez el 17 de julio de 2018 y no fue enviada por el presidente Daniel Noboa ni tiene el carácter económico urgente. En este sentido, Mediavilla dijo que la Asamblea Nacional cumplió con el proceso legislativo, ampliando los consensos en el tratamiento de esta iniciativa.
“Hemos escuchado un montón de supuestos. Todo lo que se ha dicho por parte de los accionantes tiene que ver con supuestos y miedos a cómo se puede aplicar la Ley a un análisis de constitucionalidad”, dijo la representante.
Por su parte, el abogado Édgar Lagla, quien no había intervenido en las audiencias contra las leyes de Solidaridad e Integridad, sostuvo que los demandantes no han logrado establecer de manera clara cómo la Ley de Inteligencia es contraria a un principio constitucional.
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“Queda claro que todas las demandas de inconstitucionalidad no tienen argumentos claros y específicos, pues no han logrado establecer con claridad cuáles son los principios constitucionales vulnerados”, dijo la defensa.
Lagla recordó que el artículo 7 de la Ley de Inteligencia otorga límites al sistema nacional de inteligencia. Esto ante los cuestionamientos de la contraparte sobre una falta de regulación para esta normativa.
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Asimismo, el abogado recalcó que “las actividades de inteligencia no vulneran el derecho a la intimidad siempre y cuando persigan fines legítimos, sean proporcionales y estén debidamente controladas”.
Con estos argumentos, el jurista pidió a los magistrados de la Corte Constitucional que se desestimen los cargos y declaren la constitucionalidad de la Ley de Inteligencia. Asimismo, solicitó que se levante la suspensión provisional de varios artículos de la norma.
Por su parte, Stalin Andino sostuvo que se debe analizar a la Ley de Inteligencia en el contexto de inseguridad que enfrenta el país.
El funcionario recalcó que “Ecuador es uno de los países con la tasa más alta de homicidios intencionales, comparados con países en situación de guerra”. Andino detalló que en 2024 se registraron 7.062 homicidios y con corte a julio de este 2025 se contabilizan 6.000 homicidios, evidenciando que la situación continúa siendo crítica.
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En este sentido, Stalin Andino aclaró que el sistema de inteligencia no ejecuta acciones en contra de los ciudadanos, pues la normativa precisa que la ejecución de las acciones de inteligencia no debe ser arbitraria, pues debe tener un fin legítimo y una necesidad proporcional requerida por la ley.
Mediavilla y Andino han actuado como defensa de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República, respectivamente, durante las tres audiencias públicas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad e Inteligencia. Los abogados han sido cuestionados por su defensa sobre la constitucionalidad de las tres normativas. (I)
