Asamblea Nacional suma los votos para solicitar a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de la publicación de ‘ley antipillos’

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, afirmó que con la publicación solicitada por el Ejecutivo del proyecto de ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que fue negado y archivado por el Parlamento, a más de ser ilegal e inconstitucional, aniquila lo que queda de institucionalidad en el país.

La Asamblea Nacional está convocada para este viernes 13 de diciembre, a las 11:05, para conocer y resolver sobre la promulgación del proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, como decreto ley, por parte del presidente de la República, sin haberse cumplido lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República, para imponer más impuesto al pueblo ecuatoriano.

Veloz aseguró que la promulgación del proyecto urgente responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FM), porque al haber enviado al Registro Oficial de manera inconstitucional un proyecto de ley que la Asamblea Nacional negó y archivó, es un acto que carece de legalidad y es una actuación muy grave.

Recalcó que el proyecto de ley contiene más carga impositiva a la clase media del país para responder y satisfacer los intereses del FMI, porque lo real es que el Gobierno busca un nuevo desembolso por más de $ 500 millones y que en la práctica quienes terminarán pagando son todos los ecuatorianos de clase media y pobre del país.

Dijo que si la Función Ejecutiva tenía alguna duda sobre la negativa y el archivo de la ley urgente, lo correcto era que acuda ante la Corte Constitucional y plantee una acción de inconstitucionalidad para que le despeje “la errónea interpretación que ha tenido la Función Ejecutiva”.

La Asamblea Nacional presentará la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que expulse esa norma dentro del ordenamiento jurídico, además, en vista del tiempo que podría tomar el trámite, se solicitará una medida cautelar de suspensión provisional de estos tributos.

“De ley antipillos no tiene nada, aquí no hay ningún combate a los pillos y corruptos de este país; lo que existe a través de este decreto ley es poner más tributos a la clase media dentro de esta débil economía”, anotó Veloz.

Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Nacional dijo que no confía en la Corte Constitucional, porque muchas veces se ha sometido al poder político. “La Corte Constitucional se termina sometiendo, la mayoría de las veces, al poder político, y por eso la semana anterior emitió un dictamen prácticamente lavándose las manos y permitiendo que se sigan cometiendo estas arbitrariedades que socavan la democracia”.

El asambleísta oficialista Adrián Castro (ADN) indicó que el Ejecutivo publicará en estos días el reglamento de aplicación de la “ley antipillos”, en el que se establecerá la tabla para el pago regular, la reducción de 1 a 0,75 % del impuesto a la compra y venta de vehículos que cuesten hasta $ 20.000.

Dijo que la Asamblea no debió archivar en primer debate la ley urgente, pues tenían los votos para negarla y solo tenían que esperar tres o cuatro días, o realizar algunos cambios y aprobarla; pero lo que hizo la oposición dio paso a que se activen otros mecanismos constitucionales y legales para poner en vigencia la ley.

Su coidearia Inés Alarcón (ADN) invitó a los asambleístas a ser respetuosos respecto de la publicación en el Registro Oficial de la “ley antipillos” y dijo que solo si hay una medida cautelar se podría suspender su aplicación, de lo contrario estará en vigencia en todo el país.

El asambleísta del movimiento Construye Paúl Buestán manifestó que la ley no cumplió con los requisitos mínimos como unidad de materia y que de “antipillos” no tiene nada, porque genera impuestos y el pueblo ecuatoriano necesita otras respuestas a la crítica situación que viven los ecuatorianos.

Christian Vega, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), indicó que la intención de la Asamblea Nacional es mantener la decisión que se tomó y que se comunicó al Registro Oficial en su momento de archivar una ley que determina impuestos progresivos a la actividad de compra y venta de vehículos usados.

A lo que se aspira es que la Corte Constitucional dirima y, sobre todo, que conceda una medida cautelar durante el proceso hasta que resuelva la Corte. Lo que deberá hacer la Corte es evidenciar si hubo o no una arrogación de funciones de parte del Ejecutivo al enviar y exigir la publicación de un proyecto de ley sin cumplir con el procedimiento legislativo.

El independiente Pedro Velasco dijo que primero se deben establecer responsabilidades compartidas, pues el Ejecutivo en su inicio y en su origen tiene responsabilidad al haber enviado una ley donde trata varias materias, lo cual está expresamente prohibido en la ley; y, segundo, la Función Legislativa también cometió errores porque para advertir incumplimientos de forma existe la Unidad Técnica Legislativa (UTL), donde se debieron advertir las inconstitucionalidades.

Velasco manifestó que el procedimiento aplicado para aprobar la ley tiene algunos vacíos, porque la norma establece dos debates en sesiones diferentes, que no es el mismo procedimiento como se pretende confundir con el trámite de una ley ordinaria. La pregunta es cómo se puede volver a negar en segundo debate algo que fue negado en primer debate, y ese mecanismo no está contemplado en la ley; por lo tanto, será la Corte Constitucional el organismo que dirima en este conflicto. (I)