Por unanimidad, este 2 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional conformó una comisión de calificación del proyecto de ley para la regulación integral del uso responsable del cannabis en el Ecuador, de iniciativa popular.
En quince días, la mesa conformada por los asambleístas Milton Aguas Flores (ADN), Eliana Correa González (RC) y Jhajaira Urresta Guzmán (ex-RC) deberá presentar un informe respecto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.
El legislador Aguas comentó que el proyecto plantea la regulación del uso del cannabis en Ecuador para uso medicinal. La mesa ocasional únicamente revisará los requisitos y no el fondo de los artículos.
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Esta propuesta de ley corresponde a un trabajo de las organizaciones sociales e individuos de la comunidad canábica del Ecuador, representados por Daniela Onofre y Joel Yantalema, de la Red de Acción Canábica; Darwin Taco, Marcha Mundial de la Marihuana Ecuador; Gabriel Buitrón, Ecuador Canábico; Carlos Escalante, Lago Agrio Canábico; Carolina Benavides, Fundación Ecuatoriana de Medicina Canábica; Andrés Moreno, Fundación Ecuador Sisacuna; Carlos Andrade, Solidaridad Canábica; Jéssica González, Veridis Q LLC; Marco Paucar, Fundación Natural High; y Cristian Albuja, procurador común de la propuesta de ley ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el documento que se dio lectura en el pleno de la Asamblea se señala que las firmas del respaldo debidamente recolectadas por las organizaciones promotoras fueron entregadas en cajas.
El movimiento se inició en el 2010, cuando Ecuador Canábico presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la entonces vigente ley n.° 108 o Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
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En 2018 las organizaciones presentaron a la Asamblea Nacional una propuesta de artículos reformatorios al Código Orgánico Integral Penal para penalizar la narcopolítica como un mecanismo para contrarrestar el poder del narcotráfico dentro del Estado.
Un año después, por iniciativa del Ministerio de Agricultura, el debate en la Asamblea Nacional cambió los derechos de las personas a los derechos de las asociaciones o empresas dentro de una regulación de la cadena productiva de cannabis con menos del 1 % de THC (tetrahidrocanabinol), que es el componente psicoactivo. Esto dio paso a la posibilidad de la industrialización local del CBD (canabidiol), que es otro de los componentes no psicoactivos del cannabis.
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Actualmente hay un sinfín de organizaciones sociales, fundaciones, emprendimientos, licenciatarios, empresas..., todas las cuales forman de esta gran comunidad de personas que de una u otra forma necesitan esta planta en sus vidas. De esta construcción social surge la base de una propuesta de ley para regular el cannabis en todo su espectro, que empezó en la Fundación Educativa Ecuador Cisacuna, presentada públicamente en el evento internacional Can América 2023.
En mayo de 2024, la propuesta fue entregada a la organización de la marcha mundial de la marihuana para generar un ingreso simbólico de aquella versión de la Asamblea Nacional, la que pondría en aviso a esta institución sobre la intención de debatir en el Legislativo la regulación del cannabis.
Varias organizaciones canábicas, activistas, entusiastas, profesionales, artistas y artesanos se han unido en lo que han resuelto llamar la red de acción canábica Redcan, con el apoyo de nodo ciudadano, una organización de la sociedad civil con experiencia en gestión pública.
En conjunto han activado asambleas para la propuesta y decidieron iniciar frente al Consejo Nacional Electoral una iniciativa popular normativa, herramienta constitucional de democracia directa que permite a la ciudadanía proponer a la Asamblea Nacional el debate de leyes sin necesidad de apoyo de legisladores o del Poder Ejecutivo.
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El proceso fue aceptado y luego aprobado por el CNE el 23 de enero del 2025, lo que determina que se disponga de 6 meses para reunir las firmas físicas de apoyo. (I)
