Mediante resolución plenaria de la sesión 960, prevista para este 12 de septiembre, los sectores de oposición al Gobierno esperan activar de manera inmediata el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, acusada por los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas (RC) de incumplimiento de funciones.
El juicio político de Palencia está suspendido tras un fallo del juez constitucional Édgar Romero, quien dictó una acción de protección y dispuso que en el trámite de los juicios se reactive el trámite de tres juicios políticos que fueron archivados en contra de exministros del gobierno de Guillermo Lasso. La Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre (RC), acogió el fallo y, por ello, convocó para el viernes 13 de septiembre a sesión virtual para conocer la solicitud de juicio al exsecretario de la Administración Pública Sebastián Corral.
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La sesión 960 está convocada por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, de manera virtual a partir de las 11:30, donde se espera incluir una modificación al orden del día para someter a debate un proyecto de resolución contenido en cinco puntos.
Según el acuerdo, entre los sectores legislativos de oposición se declara la ineficacia jurídica de la resolución n.° 015-CEPFCP-2023-2025-JP, de fecha 9 de septiembre del 2024, aprobada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, debido a su incompatibilidad con una decisión tomada por el pleno de la Asamblea Nacional, como máximo órgano de decisión de la Función Legislativa, a través de la resolución n.° RL-2023-2025-083, de 3 de septiembre del 2024, toda vez que las decisiones del pleno de la Asamblea Nacional son, por jerarquía y representación, prevalentes por sobre cualquier decisión de cualquier otro órgano de menor jerarquía que el Legislativo, siendo imposible reformarlas, modificarlas, derogarlas o anularlas con aquellas adoptadas por las comisiones.
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En la sesión del 9 de septiembre, la Comisión de Fiscalización acogió el fallo del juez y aprobó una resolución para dar cumplimiento. Con ello, no observó lo aprobado por el pleno de la Asamblea, que rechazó el fallo judicial.
En el texto que será sometido a votación en el pleno se incluye ratificar la decisión del pleno de la Asamblea Nacional, adoptada mediante resolución n.° RL-2023-2025-083, por cuanto se alinea con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y se ajusta a lo dispuesto por la Corte Constitucional en su dictamen n.° 122-22-JC/23, de 25 de octubre de 2023.
Con ello, la Asamblea busca confirmar el archivo de los procesos de enjuiciamiento político contra exministros del expresidente de la República Guillermo Lasso: 1) Sebastián Corral Bustamante, exsecretario general de Administración Pública y de Gabinete; 2) Pablo Arosemena Marriot, exministro de Economía y Finanzas; y 3) Andrea Montalvo Chedraui, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, tal como lo resolvió la Comisión Especializada y Permanente de Fiscalización y Control Político en la sesión n.° 58-CEPFCP-2023-2025, del 1 de julio de 2024, mediante resoluciones n.° 009-CEPFCP-2023-2025-JP, 010-CEPFCP-2023-2025-JP y 011-CEPFCP-2023-2025-JP.
En el documento que será sometido a debate se dispone al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que inicie los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes contra los asambleístas miembros de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político que votaron a favor de la resolución n.° 015-CEPFCP-2023-2025-JP, de fecha 9 de septiembre de 2024, por contravenir de manera expresa la decisión del pleno de la Asamblea Nacional adoptada a través de la resolución n.° RL-2023-2025-083, de 3 de septiembre del 2024, por cuanto es imperativo y necesario garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones emanadas del pleno por parte de todos los asambleístas, así como de las comisiones especializadas, de otros órganos de menor jerarquía y de los servidores legislativos, como una medida esencial para mantener la integridad de la institución con el objetivo de preservar el respeto y la autoridad de las decisiones del máximo órgano de decisión de la Función Legislativa. (I)