La Asamblea Nacional solicitó a la Corte Nacional que difiera la audiencia de acción pública de inconstitucionalidad de las denuncias de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero y Solidario y Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Central del Ecuador y otras, en contra de la Ley de Integridad Pública.

El juez constitucional José Luis Terán convocó a la Presidencia de la República, a la Legislatura y a los accionantes a la audiencia telemática, para el 18 de agosto, a las 10:00.

Sin embargo, a través de un comunicado, el Parlamento alertó que “la Corte Constitucional ha reducido los términos legales establecidos para responder y defenderse de forma apropiada”.

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“La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales (artículo 80.2.c) otorga el término de quince días para preparar una defensa adecuada, con base en el derecho al debido proceso previsto en el artículo 76 de la Constitución. Sin embargo, en el caso 52-25-IN dicho término fue disminuido hasta en siete, al convocar de manera anticipada a audiencia pública y, en las otras demandas mencionadas se concedió únicamente tres días para la contestación, reduciendo doce días a lo que establece la ley”, explicó la Legislatura.

En este sentido, la Asamblea Nacional sostuvo que todo esto afecta la posibilidad de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica que el caso amerita.

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A su vez, el Legislativo anticipó que presentará la solicitud de diferimiento, solicitando que se postergue la audiencia fijada para el 18 de agosto y se amplíen los términos legales para dar contestación en los otros dos casos, asegurando de esta manera un proceso justo y el pleno respeto a la Constitución.

Tras el comunicado de la Asamblea Nacional, la coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, señaló que la misiva “responde exclusivamente a la bancada de ADN y no representa la posición oficial de la Asamblea en su conjunto”.

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“Resulta fundamental preservar la distinción entre la postura de un grupo parlamentario y la posición institucional de todos los que conformamos la Legislatura”, expresó la legisladora.

Al igual que la Asamblea, la Presidencia de la República también pidió suspender la audiencia. El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, ingresó un escrito a la Corte en el que pide el diferimiento de la diligencia para preparar su defensa, ya que se acumularon las demandas de la asociación de jueces y de los servidores universitarios.

(I)

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