La investigación legislativa sobre los denominados Pandora Papers terminó en un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que acuda ante el pleno de la Asamblea Nacional a explicar su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales.

Durante el debate del informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales los legisladores también se refirieron a la decisión del contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío, que dictaminó el archivo del proceso de Guillermo Lasso, por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para presidente de la República era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales.

Informe legislativo de Pandora Papers se mide con el dictamen de Contraloría que archiva el proceso contra Guillermo Lasso

Luego de cuatro horas de debates, se presentaron tres mociones, pero en ninguna de ellas se disponía la aprobación del informe presentado por la mesa de Garantías. Una planteó la destitución del presidente Guillermo Lasso, la segunda, que se fije un plazo de 30 días al primer mandatario que comparezca al pleno, y la tercera se limitó a exhortar al jefe de Estado para que acuda a la legislatura a dar su versión, y esta recibió 82 votos.

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Esta tercera moción presentada por el coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, se dio en medio de cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado, tomando en cuenta que luego de llamarse a dos votaciones sobre el informe de mayoría se tenía que cerrar la sesión por falta de votos, y no esperar una tercera moción. Eso llevó al legislador César Rohón (PSC) a apelar la presidencia de la legislatura, pero no tuvo respaldo en la sala.

En la sesión, el presidente de la comisión, José Cabascango (PK), fue escueto en su exposición sobre la investigación que desarrolló la mesa y no se refirió a las conclusiones y recomendaciones del informe.

Pero su coidearia e integrante de la mesa Sofía Sánchez refutó que el informe aprobado por seis legisladores tenía errores y que debían ser corregidos antes de que el pleno los aprobara, que inclusive los anexos de dicho informe se presentaron dos días después de la aprobación.

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El legislador Fernando Villavicencio (CN-PSE) sostuvo que si el informe de la Comisión de Garantías buscaba el peso, debió ser riguroso, pues no puede venir al pleno a decir que no se ha encontrado un solo documento y pedir al pleno de la Asamblea que invite al presidente Guillermo Lasso para que entregue los documentos. “Entonces cómo carajo hicieron una investigación, respeten al periodismo de investigación”, increpó.

Mostró 24 documentos que dijo confirman que Guillermo Lasso transfirió o se deshizo de sus participaciones en empresas offshore antes del 23 de septiembre de 2020.

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Indicó que en el informe que él realizó sobre una investigación paralela que hizo sobre los Pandora Papers pidió al primer mandatario que solicite a sus hijos que traigan los capitales al país en coincidencia con su política económica. Pero “no se le puede acusar ahora a Guillermo Lasso de algún acto ilícito porque todo está en regla”, afirmó tras mostrar documentos.

Mociones

La primera moción fue presentada por Paola Cabezas (UNES), que planteaba aplicar el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda a destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna derivada por la revelación de 600 periodistas a nivel mundial pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el caso Pandora Papers, en el cual se encuentra involucrado Guillermo Lasso Mendoza.

La moción recibió 51 votos afirmativos de la bancada UNES y uno de Pachakutik e independientes. En contra se pronunciaron 77 legisladores del BAN, ID, PSC y un sector de Pachakutik. Hubo 7 abstenciones.

La segunda moción fue presentada por el legislador José Cabascango (Pachakutik), como presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales para que se convoque en un plazo de 30 días al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que explique su posible vinculación, directa e indirecta, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales.

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Este texto tampoco fue aprobado. Se registraron 61 votos a favor de UNES y un sector de Pachakutik. En tanto, en contra hubo 47 votos del BAN y una parte de Pachakutik y la Izquierda Democrática, también hubo 27 abstenciones del PSC y una parte de Pachakutik.

Alejandro Jaramillo, coordinador del bloque Izquierda Democrática, afirmó que la moción planteada por la legisladora Paola Cabezas, respecto a que se aplique lo previsto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda con el trámite de la destitución del mandatario, invita al caos y a la inestabilidad.

Dijo que no existe conmoción social en el Ecuador, sin embargo, la bancada naranja considera que el presidente de la República tiene que acudir al pleno de la Asamblea a dar respuestas a los ecuatorianos frente a las dudas sobre capitales en paraísos fiscales.

Planteó la resolución que finalmente se aprobó con 82 votos, donde a más del exhorto al primer mandatario para que acuda al pleno dispone a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que aplicando el inciso primero del artículo 231 de la Constitución revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente de la República, Guillermo Lasso, con relación a la publicación denominada Pandora Papers.

Además se dispone remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso denominado Pandora Papers a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso, en el marco de sus competencias y remitan a la presidenta de la Asamblea Nacional los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días, durante un año.

Esta moción obtuvo 82 votos a favor de las bancadas de UNES, ID y de Pachakutik que votó dividido. En contra se pronunciaron 33 asambleístas del BAN, en tanto que hubo 20 abstenciones del PSC y tres de Pachakutik.

Diego Ordóñez (BAN) calificó como absurda e ilegal esta resolución, porque dijo que se ha vuelto a la vida un informe que no tuvo los votos, porque un informe espurio y adulterado no fue aprobado por el pleno, afirmó por lo que planteó la reconsideración de la votación.

Al solicitar la votación de la reconsideración, el legislador César Rohón (antes del PSC) apeló la presidencia de la Asamblea debido a que no se respetan los procedimientos legislativos. Dijo que hubo una moción de mayoría y no hubo los votos, y luego una moción de minoría, y tampoco tuvo los votos; entonces, lo que cabía era la clausura de la sesión, no da lugar a presentar más mociones; “esto no es un circo”, replicó. Los procedimientos parlamentarios están bien estipulados, añadió.

La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, al defenderse de la apelación dijo que no existe procedimiento expreso respecto del tratamiento de minoría, por lo tanto, no ha violado el procedimiento. Tras la votación de la apelación, no hubo los votos y continuó Llori en la conducción de la sesión.

Se ordenó la votación de la moción de la reconsideración planteada por el legislador Diego Ordóñez, y esta no pasó en el pleno, solo se pronunciaron 40 votos afirmativos y se cerró la sesión. (I)