En Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, rige desde este 4 de octubre de 2025 un estado de excepción, en medio de las manifestaciones de organizaciones sociales como parte del paro nacional.
Están restringidas las reuniones durante las 24 horas del día.
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Además de estas diez provincias, en Carchi e Imbabura rige esta medida desde el 16 de septiembre, cuando se emitió el decreto ejecutivo 134.
El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 174, la noche de este sábado, en el cual declara el estado de excepción por la causal de grave conmoción interna.
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Argumenta que en estas diez jurisdicciones hay la presencia de paralizaciones y hechos de violencia que alteran el orden público, “provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos”.
La medida regirá por 60 días y suspende el derecho a la libertad de reunión durante las 24 horas del día solo en esas provincias.
“La medida busca detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana”, detalla el decreto.
La decisión presidencial se da en un contexto en el que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llamó a sus organizaciones de base a un paro nacional en rechazo al aumento del precio del diésel a $ 2.80, luego que se eliminó el subsidio estatal.
Este sábado se cumplieron trece días de manifestaciones de las comunidades indígenas y colectivos de la sociedad civil, que se focalizaron en las provincias en las que rige este estado de excepción.
De forma paralela, la Corte Constitucional (CC) en un dictamen en el que calificó la constitucionalidad del último decreto ejecutivo 134 de estado de excepción por la causal de grave conmoción interna, instó al Gobierno nacional y a la sociedad movilizada “a que se encaminen hacia un proceso serio y duradero de diálogo democrático”.
Recordó que el rol del Estado que debe cumplir el Gobierno en estos procesos es dar respuesta a las demandas ciudadanas.
“Este diálogo debe enmarcarse en el respeto a las condiciones de un Estado plurinacional e intercultural, teniendo como límites los derechos de las personas y comprometido con el deber de lograr la paz”, cita su dictamen del 3 de octubre de 2024. (I)