El pleno de la Asamblea Nacional, este 8 de diciembre, inició el trámite del juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, acusado por los legisladores Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC) por incumplimiento de funciones en la falta de control sobre la operación de compañías de seguros en procesos de contratación pública.

El informe de la Comisión de Fiscalización recomendó el inicio del juicio y destitución del funcionario debido a que no pudo desechar las acusaciones.

Vanegas, en su exposición en el pleno, señaló que existen abundantes pruebas documentales y testimoniales que demuestran que el perjuicio de $ 990 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) se ha producido por falta de control por parte del superintendente Anchundia.

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Comisión de Fiscalización recomienda el juicio político y destitución del superintendente de Compañías

Que en el entramado, que se origina en el 2014, han participado directa e indirectamente varios ministros de Gobierno, todos los que han sido directivos del Isspol desde el 2013, casas de valores y aseguradoras, dijo.

En el informe se recomienda que la documentación sea remitida a la Fiscalía General del Estado, para que analice e incorpore como aporte en las indagaciones e investigaciones abiertas referentes al caso Isspol.

Además, que se investigue a los funcionarios miembros de los distintos directorios del Isspol y su participación en la toma de decisiones que encaminó el perjuicio a dicha institución; de igual manera, que en el ámbito de sus competencias recabe como aporte la documentación descrita en el proceso de juicio político, para que en el caso de encontrar indicios de responsabilidad inicie de oficio las gestiones legales que requiera, valorando lo aportado en el ámbito societario, bursátil y seguros.

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También, que se remita el informe a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con el fin de aportar en el seguimiento de la ruta del dinero del Isspol y los indicios que encuentre necesarios en la configuración del mismo.

Nuevo juicio

La Comisión de Fiscalización, este 8 de diciembre, conoció y calificó el juicio político presentado en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, acusada por el legislador Darwin Pereira, de la bancada de Pachakutik, por incumplimiento de funciones.

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Son ocho las acusaciones presentadas en contra de la funcionaria, entre ellas la falta de control en el caso relacionado con la captación ilegal de dinero en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, conocido como Big Money, cuyo principal protagonista es Miguel Ángel Nazareno Castillo o Don Naza. El negocio de captación ilegal de dinero ofrecía a sus clientes el retorno del 90 % de intereses en un plazo de siete días.

Toda esta actividad, según el legislador interpelante, se realizaba a la vista inerte de las autoridades como la Superintendencia de Bancos, hasta el 30 de junio de 2021, cuando la Fiscalía procedió a allanar varios inmuebles relacionados con el caso.

Las demás acusaciones se refieren a la falta de control a actividades financieras no autorizadas, renegociación de deudas, reclamos y quejas de fraude informático, pagos por convenios de cooperación, falta de control de actividades del sistema financiero y ausencia de defensores del cliente. (I)