La situación del hospital Universitario de Guayaquil, que cobró relevancia pública tras la muerte de varios neonatos en julio pasado, es investigada por dos comisiones legislativas de la Asamblea Nacional, que tienen posturas políticas antagónicas: una mesa la controla el correísmo y la otra el oficialismo.
Se trata de la Comisión de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Viviana Veloz (RC), y la Comisión de Salud y Deportes, liderada por Juan José Reyes (ADN). Las dos mesas iniciaron la investigación sobre lo ocurrido en el hospital Universitario, pero tienen lecturas, agendas y cifras distintas sobre el número de fallecidos. A eso se suma la información que circula en las redes sociales.
La Comisión de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes recibió al viceministro Bernardo Darquea, quien reveló que se trata de doce neonatos fallecidos, y de estos, dos confirmados con la infección bacteriana, y que a nivel nacional son 45 neonatos los fallecidos por sepsis bacteriana.
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Y en la mesa de Salud y Deportes, el ministro de Salud, Jimmy Martin, afirmó que se trata de un brote epidemiológico, que son 18 neonatos infectados; de estos, doce murieron, pero solo dos por la bacteria KPC y diez por situaciones multifactoriales. Además, cinco continúan en UCI y uno fue dado de alta.
La mesa de Niñez, integrada por ocho legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), 1 Pachakutik (PK) y 1 del Partido Social Cristiano (PSC), es más frontal y acusa a las autoridades de salud de negligencia, reclama por qué no se hicieron las autopsias para determinar si los doce que murieron fue por contagio de la bacteria KPC, además piden al Gobierno que declare la emergencia sanitaria en el país y destine más presupuesto.
El presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, aclara que no politizará el tema, que su tarea es buscar la verdad y entender qué pasó, y así asumir con responsabilidad y trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. La convocatoria al ministro de Salud es para que el país escuche sin rumores y sin réplicas de narrativas engañosas.
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Añadió que la comisión fiscalizará con base en evidencia, sin rumores ni cálculos políticos, y que se asegurará de que las familias tengan respuestas claras y apoyo real, y también supervisará que el sistema de salud fortalezca la atención hospitalaria y el control de infecciones a nivel nacional. Que no se trata de hacer un show, y que jamás bajo su presidencia la vida de los niños será utilizada como munición política. La posibilidad de una emergencia sanitaria será valorada por el ministerio del ramo y no por la mesa legislativa, anotó Reyes.
Comparecencias
En la Comisión de Niñez y Adolescencia compareció Gabriela Córdova, subcontralora de auditoría de la Contraloría General del Estado (e), se refirió a los exámenes especiales realizados a los hospitales Monte Sinaí y Universitario; en el primer caso, se realizó un examen a 29 procesos de contratación por $ 7 millones y doce convenios de pago, el examen comprendió el periodo de enero 2018 - diciembre de 2022 y se derivaron seis informes con indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía.
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Respecto al hospital Universitario de Guayaquil, la última acción de control se realizó el 2 de febrero de 2024 y que ya existe un examen aprobado y ejecutado a través de la Dirección Provincial del Guayas.
En este hospital se analizaron catorce procesos de contratación sobre la autorización, suscripción y ejecución de diferentes adquisiciones de insumos médicos y diez convenios de pago. En el examen se analizó el adecentamiento del área de cuidados intensivos neonatales y el centro quirúrgico del hospital. En el proceso de ínfima cuantía se analizó la adquisición de insumos de cuidado de vía aérea neonatal para ese hospital.
El examen derivó responsabilidades administrativas por un monto aproximado de $ 31.000 y un monto de $ 527.000 por responsabilidades civiles de 527.000. Se determinó que existieron procesos que no tenían suficiente documentación de sustento de pago. En cuanto a la administración de inventarios tanto de insumos médicos como de medicinas hubo inconsistencias en los sistemas informáticos, así como los ingresos y egresos de medicamentos y dispositivos médicos a las bodegas y farmacias de la entidad. Por eso, la Contraloría derivó en este caso la imposición de una responsabilidad civil por cerca de medio millón de dólares.
La presidenta de la mesa de Niñez, Viviana Veloz (RC), aclaró que su comisión continuará con la fiscalización sobre la muerte de los neonatos, en tanto que la Comisión de Salud tiene competencia para todo lo que tenga que ver con el sistema de la red de salud pública, hospitales, dializadores, IESS y Solca.
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Se invitará, añadió, a la sociedad civil, colegios de médicos, defensores de los pacientes, personal de enfermería, los colectivos de los prestadores de servicios de externalizados que también se encuentran impagos en estos hospitales hasta por nueve meses. Luego se levantará un informe que se pondrá a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional, Fiscalía y Contraloría General del Estado, porque podrían existir responsabilidades administrativas, civiles, penales e incluso políticas.
Veloz comentó que el viceministro de Salud, Bernardo Darquea, tuvo varias contradicciones, la primera es que no era responsabilidad del hospital, del Ministerio de Salud o de la zonal realizar las autopsias clínicas o las autopsias perinatales. Luego no quiso contestar la pregunta sobre si se realizaban o no las autopsias para detectar la causa real del fallecimiento de los recién nacidos. Posteriormente indicó que era competencia de la Fiscalía General del Estado.
Veloz reclamó cómo pueden afirmar que la causa del fallecimiento de diez neonatos es distinta cuando solo se han basado en unos informes clínicos que no es lo mismo que una autopsia clínica. También alertó de que el viceministro admitió que el Gobierno no está ejecutando el presupuesto que se destinó para el área de la salud e incluso tiene un recorte. Además, dijo que existen casos que entre hospitales se prestan medicamentos e insumos médicos, por falta de recursos.
El presidente de la mesa de Salud, Juan José Reyes (ADN), lamentó la tragedia registrada en el hospital Universitario y aclaró que no son doce los fallecidos, sino dos neonatos que fueron contagiados por la bacteria KPC, y que los diez están dentro del estándar de mortalidad de tasa neonatal. Que los 18 neonatos estuvieron expuestos a la bacteria y eso no significa tener o no la bacteria, pero que se tomaron medidas inmediatas; y conocer si los diez estuvieron infectados será competencia de la Fiscalía, que está investigando, y “como todo reporte médico es privado y confidencial”.
Respecto a declarar o no la emergencia en el sector salud, dijo que en este momento su trabajo está enfocado en la fiscalización, que eso es competencia del Ministerio de Salud Pública. Que en función de la data que recopile podrá solicitarlo, pero con pruebas y no con narrativa engañosa.
Pidió a la ciudadanía un poco más de calma y no réplicas de mentiras, porque desafortunadamente lo que Aquiles Alvarez, Viviana Veloz y la comisionada Milena Jácome han replicado desde el sábado pasado es irreal y mentiroso que solo lleva a una conmoción social.
La fiscalización de la Comisión de Salud, explicó Reyes, consistirá en un proceso articulado en las 24 provincias del país con asambleístas de cada una de las provincias con visitas en territorio; esto sucederá en un periodo no mayor de 30 días.
El ministro de Salud, Jimmy Martin, afirmó que son mentiras las afirmaciones de aquellas personas que dijeron que fueron 18 neonatos fallecidos y que se reutilizaron cánulas, pues dijo que no fueron doce los pacientes que fallecieron por KPC.
El funcionario afirmó que los pacientes entre 600 y 1.500 gramos no utilizan cánulas, que fueron once de doce pacientes fallecidos durante el mes de julio en el hospital Universitario, pues los neonatos estaban con soporte respiratorio.
Martin dijo a los asambleístas que el brote epidemiológico, reportado por el hospital Universitario, se encuentra en control y se están tomando las acciones necesarias. Además señaló que se está garantizando la atención y estableciendo fuentes para que no se repitan estos sucesos y que también se realiza una investigación a través de los acuerdos ministeriales. (I)
