La bancada del movimiento Construye, compuesta por 19 asambleístas, presenta una agenda legislativa basada en la lucha contra la impunidad y su principal iniciativa es aplicar una enmienda constitucional que permita la extradición de ecuatorianos que cometan delitos en el exterior.

El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, señala que no está de acuerdo con iniciar un proceso de fiscalización a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pero sí observar el proceso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura respecto al proceso de designación de jueces.

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¿Cuál es el plan de trabajo que propone la bancada Construye en esta Asamblea Nacional que recién se inicia?

Nuestro trabajo estará enfocado en consolidar una visión política que requiere la Asamblea, somos minoría y lo sabíamos desde un principio, pero no puede ser desconocida; podemos estar aislados de la mayoría y no estar en ninguna de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, pero eso no impide que tengamos una presencia política en el pleno.

¿Eso no impide que ustedes puedan tener una agenda?

Ya estamos empezando a desarrollarla, en principio era la presentación de la enmienda constitucional para permitir la extradición de nacionales en ciertos delitos, eso ya está en marcha, tenemos la iniciativa redactada, estamos en el proceso de recolección de las firmas.

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¿Qué busca esa propuesta?

Precisamente permitir la extradición de los ecuatorianos que cometen delitos en el exterior o que tengan influencia en el exterior; de tal manera, que los Estados peticionarios de los ecuatorianos que están dentro del territorio ecuatoriano puedan ser extraditados y juzgados fuera del país en delitos transnacionales.

¿Qué tipos de delitos?

El transnacional es el delito de crimen organizado, que se ejerce desde una óptica regional o en otro país, por ejemplo, el narcotráfico. Un delito que se inicia cometiéndose en el Ecuador, pero que termina de cometerse en otro país; entonces, ese país asume competencia y jurisdicción y solicita al Ecuador la extradición de esa persona para poder ser juzgada en el extranjero.

¿La agenda que tiene Construye, cuántos proyectos abarca?

Lo primero es coger lo que está en trámite como la ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley de gestión de riesgos y estamos viendo qué es lo que podemos hacer a nivel de codificación de las normas para evitar multiplicidad de las mismas, de tal manera que puedan procesarse varios proyectos de ley en un solo documento. Y también esperamos aprobar una reforma a la ley de extinción de dominio para que deje de ser letra muerta.

¿Qué hay que ajustar en la ley de extinción de dominio?

Ajustar la jurisdicción que se tiene que crear; es decir, la competencia de la extinción de dominio, existe la responsabilidad civil, administrativa y responsabilidad penal, pero para poder ejercer una extinción de dominio hay que crear una especie de jurisdicción adicional, que es la de extinción de dominio, porque no queremos ir en contra del principio de inocencia, lo cual impide la Constitución, para poder de manera legal precautelar el bloqueo de los patrimonios mal habidos en el Ecuador antes de tener una sentencia ejecutoriada que determine la culpabilidad, sin afectar el derecho a la defensa.

El excandidato presidencial Fernando Villavicencio decía vamos a combatir a las mafias, ¿qué plantean ustedes para aquello?

Lo hemos dicho que el crimen organizado funciona con estructuras y estas se combaten siempre con soluciones macro, por ejemplo, podemos eliminar el microtráfico en un sector, pero eso no significa golpear a las mafias, podemos llevarles presos a ciertos miembros del crimen organizado, eso no quiere decir que estamos solucionando el problema.

¿Pero cómo hacerlo desde la Asamblea Nacional?

Con la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia y contrainteligencia, en las que hay las herramientas técnicas para que la policía pueda actuar. Dotación de tecnología, capacidad operativa y sobre todo respaldo legal a la Policía Nacional para que pueda actuar en una inteligencia técnica. Creemos que tenemos que impulsar también el uso legítimo de la fuerza para llevar las competencias de la Policía Nacional al tope máximo sin afectar la constitucionalidad, para que puedan ejercer una actividad coercitiva, sólida, dirigida y puntual respecto al combate contra la delincuencia.

Para cumplir su agenda también necesitarán del colegislador, ¿cómo lo van a hacer?

Creo que el tema allí pasa también por cumplir lo que se venía diciendo en campaña, el presidente Daniel Noboa lo ha dicho, él está sobre la agenda de seguridad y que tiene claros los objetivos de seguridad y creo que en este momento con una iniciativa de este tipo no puede decir que no.

¿Qué comprende la agenda de fiscalización en la bancada Construye?

Tenemos una agenda de fiscalización donde la prioridad está en atender el tema de la crisis de justicia porque creemos que en este momento se está metiendo mano al proceso de conformación de la Corte Nacional de Justicia y creo necesario hacer una fiscalización al presidente del Consejo de la Judicatura.

¿Por qué al Consejo de la Judicatura?

Porque ha dado mucho que desear en el manejo del ejercicio y ha incumplido sus facultades y además está interviniendo en un proceso con el objetivo de imponer una visión dentro del concurso de la selección de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que no va de la mano con un análisis técnico y profundo de lo que requiere un juez.

¿Ustedes no van por el juicio a la fiscal general del Estado?

Nosotros hemos dicho que no permitiremos que la fiscalización tenga un tinte político individual, es legítimo que ciertas organizaciones políticas quieran llevarle a la fiscal Diana Salazar a un juicio político, pero habrá que probar un incumplimiento y en la evaluación de las pruebas se tendrá que verificar si ese incumplimiento existe y sabemos que no existe el apoyo mayoritario para llevar a la destitución o censura a la fiscal. (I)