Por unanimidad de once asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización recomendó, este 28 de abril, que el pleno de la Asamblea Nacional proceda a censurar al exministro de Salud Juan Carlos Zevallos por incumplir funciones durante los once meses de estar en el cargo.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, fue el encargado de presentar la moción de aprobación del informe que recomienda el juicio político y la censura del exfuncionario, por haberse comprobado de forma clara y categórica el incumplimiento de funciones.

Comisión de Fiscalización redacta informe sobre juicio político en contra del exministro de Salud

El juicio contra Zevallos lo presentaron los asambleístas Ángel Sinmaleza (antes de SUMA) y Pabel Muñoz (RC), por separado. Las dos solicitudes se unificaron y sumaron diez acusaciones, que tenían relación con acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria por el COVID-19; emisión irregular de carnés de discapacidad; desvinculación del personal de salud durante la emergencia sanitaria; insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y alteración del plan de vacunación, entre otras.

En la sustanciación hubo 34 comparecencias como pruebas de descargo, siete comparecencias como pruebas de oficio y 65 solicitudes de documentación al Ministerio de Salud, al Consejo Nacional de Discapacidades, a la Contraloría del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Defensoría del Pueblo y al Comité Permanente de Derechos Humanos.

Acusaciones e incumplimientos

Tras el procesamiento del juicio, la Comisión unificó las causales y dejó en nueve las motivaciones que llevarían al exministro Juan Carlos Zevallos a un incumplimiento de funciones.

  1. Respecto de las acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria, la Comisión de Fiscalización sostuvo que el exfuncionario al suspender el proceso de otorgamiento durante la emergencia sanitaria violentó el derecho de este grupo vulnerable a acceder a los beneficios que le garantizan la Constitución y la Ley. Periodo en el que, a pesar de la pausa administrativa, se emitieron más de 3.000 carnés de forma irregular.
  2. Sobre la ausencia de otorgamiento de equipos de protección personal para los profesionales de la salud, el informe señala que el exministro infringió la Ley Orgánica de Salud porque no fue capaz de proveer, de forma oportuna y suficiente, de equipos; que el exfuncionario pretende justificar su incumplimiento por la no disponibilidad de recursos económicos y por las restricciones que se dieron a la comercialización de esos insumos en el mercado internacional.
  3. En la causal sobre insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas, la Comisión de Fiscalización afirma que el exministro realizó de manera inadecuada la reasignación de los escasos recursos disponibles y fue ineficiente en sus gestiones para garantizar una adecuada provisión de pruebas PCR; y adicionalmente, que al emitirse el 20 de abril de 2021 un acuerdo ministerial donde se fija a $ 45,08 el precio de las pruebas PCR, demuestra la inacción del exministro para controlar los precios fijados por el sector privado y, así, garantizar un mayor acceso de la población, lo que hubiera permitido un mejor manejo de los cercos epidemiológicos, disponer de estadísticas de contagios y muertes por COVID más confiables, y la toma de medidas más adecuadas a la realidad de la pandemia, reduciendo el número de contagios y, consecuentemente, el número de muertes.
  4. No transparentar cifras del número de muertos en exceso. El informe resalta la prueba de descargo emitida por el acusado de que de acuerdo con las directrices de la OMS, el MSP solo podía incorporar a las estadísticas oficiales los casos de muertes debidamente confirmados por COVID-19; y que, para fines de comparabilidad, así habrían procedido el resto de los países de América Latina. Adicionalmente, se menciona que el Estado ecuatoriano siempre manejó desde el inicio de la pandemia dos estadísticas claramente diferenciadas y que no son contradictorias: las del Registro Civil, en las que se reportan los casos inusuales/en exceso, con relación al 2019, como año base, sobre las cuales se puede presumir que la mayoría se deberían a muertes por COVID-19, pero no necesariamente; y, las estadísticas del MSP, que hasta agosto del 2020 solo registraban las confirmadas por COVID.
  5. Extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria. La Comisión recogió testimonios de aquellas personas que aún no encuentran los cuerpos de sus familiares o que no tienen certeza de que las urnas entregadas contienen las cenizas de sus deudos; y por lo tanto, para los asambleístas se configura el incumplimiento de funciones del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, por haber infringido el artículo 362 de la Constitución, la Ley Orgánica de Salud y el reglamento para la gestión de cadáveres.
  6. Sobre la acusación de desvinculación de 2.279 funcionarios de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud, el acusado afirmó que era personal con contratos ocasionales del área administrativa, y que tomó la decisión para optimizar el uso de recursos para canalizarlos hacia la contratación de personal de salud para la atención en primera línea. Pero tras el análisis de la Comisión se determina que hay incumplimiento de funciones por haber infringido normas internacionales sobre el trabajo, porque la desvinculación no se dio de manera técnica y más bien contribuyó a una atención ineficiente en las casas de salud.
  7. Falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública, en esta causal los interpelantes cuestionaron al exfuncionario de permitir la compra de insumos, equipos y medicinas con sobreprecio en tres hospitales y la existencia de irregularidades en el manejo de medicinas. La Comisión consideró que si bien corresponde a los gerentes las contrataciones como lo señala el acusado, eso no lo exculpa de su responsabilidad política de designar a profesionales que ejerzan el control y supervisión.
  8. En torno al desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia como la pentavalente, se determina que luego de analizar las pruebas de cargo y de descargo, queda en evidencia que el exministro de Salud realizó de manera inadecuada la reasignación de los escasos recursos disponibles y fue ineficiente en sus gestiones para garantizar una adecuada provisión de vacunas pentavalentes y de medicamentos prescritos para enfermedades catastróficas, por lo tanto incumplió sus funciones e infringió varias normas internacionales.
  9. Sobre la acusación de insuficiente adquisición de vacunas contra COVID-19, la alteración del plan de vacunación y vacunar a ciudadanos que no estaban incluidos en la fase 0, el acusado justifica que eso se debió a la escasez de estas en el mercado internacional y la demora en la entrega por parte de las empresas, y que sobre la vacunación de personalidades de la tercera edad, dijo que no puede hacer declaraciones para no entorpecer las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Pero la Comisión determinó que independientemente de si existió o no un plan de vacunación, el MSP incluyó en el listado de la fase 0 a ciudadanos que no eran trabajadores no profesionales de salud, que estaban en primera línea de atención.

Vacunados vip

Según el informe, los casos que más indignación ciudadana provocaron fueron la vacunación en el geriátrico en el que reside la madre del exministro, de los miembros del Club Rotario de Guayaquil, de personajes públicos como expresidentes, periodistas, dirigentes deportivos, rectores de universidades, de autoridades del Gobierno central y sus familias, entre otros.

Por esas acciones la Comisión de Fiscalización consideró que se configura el incumplimiento de funciones del exministro Juan Carlos Zevallos, e infringió normas constitucionales e incluso el COIP en lo relacionado con el tráfico de influencias.

En el procesamiento del juicio político, la Comisión resolvió convocar para que rindan testimonio y justifiquen las razones por las cuales en la etapa 0 de vacunación fueron inoculados el exmandatario Oswaldo Hurtado, el periodista Diego Oquendo, el exalcalde de Quito Rodrigo Paz, y los ministros de Energía y Minas, René Ortiz; y, de Turismo, Rosi Prado. De este grupo solo compareció Prado, los demás no confirmaron su presencia y otros se excusaron.

El asambleísta José Serrano (AP) reclamó por la ausencia de los convocados y señaló que espera que no sea un intento de ocultar un manejo doloso e ineficiente de la vacunación, y pidió que en el informe se recomiende el procesamiento penal de todas las personas que no comparecieron, pero que se saltaron la fila para vacunarse. Al aprobarse el informe no se incluyó esta recomendación. (I)