Con 81 votos, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución, con lo cual se elimina el fondo partidario y de promoción electoral, que eran financiados con recursos del Presupuesto General del Estado.
La reforma fue planteada por el presidente Daniel Noboa durante el periodo presidencial transitorio y el trámite avanzó hasta que el nuevo periodo legislativo, que se instaló en mayo pasado, agilizó el trámite y el informe para segundo debate se tramitó este jueves, 7 de agosto.
La reforma aprobada, con 81 votos a favor, 63 en contra y una abstención, deberá ser enviada a referéndum para que los ecuatorianos en las urnas la ratifiquen.
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El presidente de la comisión ocasional designada para el trámite de las reformas constitucionales, Esteban Torres (ADN), fue el encargado de presentar la moción para la aprobación íntegra del informe presentado por la mesa.
Antes de dar paso a la votación, los legisladores de todas las tendencias políticas intervinieron para mostrar su respaldo y también su rechazo al planteamiento.
El legislador Torres aclaró que no se quitan los controles ni los límites del gasto electoral; si el proyecto se ratifica en las urnas, probablemente se tendrá que hacer una reforma para ajustar la normativa secundaria.
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Debate
El presidente de la comisión ocasional que tramitó las reformas, Esteban Torres, en su ponencia sobre la necesidad de eliminar la obligatoriedad del Estado de financiar las campañas electorales y el fondo de las organizaciones políticas mostró las cifras que se destinaron a los partidos y movimientos desde 2008 y enfatizó que esa cifra supera los $ 263 millones, casi un cuarto de millón de dólares entregados a los políticos, afirmó.
Torres se dirigió a la sala y preguntó que si con estos fondos destinados a las organizaciones políticas se han mejorado la democracia y el nivel de los políticos y de los partidos políticos, ¿se tienen ahora mejores políticos y mejores partidos? Que respondan los ecuatorianos la pregunta, recalcó.
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Inmediatamente, presentó números sobre la cantidad de recursos económicos que recibieron los partidos y movimientos desde 2008, como parte del fondo permanente, porque estos recursos se entregaban todos los años, sin importar que haya o no elecciones y cada partido nacional recibía al menos $ 400.000 por año.
Los fondos que se entregaron a los partidos políticos, según el asambleísta Esteban Torres, fueron los siguientes:
Alianza PAIS: $ 17,9 millones.
Partido Social Cristiano: $ 12,2 millones.
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Partido Sociedad Patriótica: $ 8,6 millones.
Movimiento CREO: $ 6,4 millones.
Partido Socialista Ecuatoriano: $ 6,3 millones.
Partido Avanza: $ 4,9 millones.
Izquierda Democrática: $ 4,8 millones.
Movimiento Pachakutik: $ 4,5 millones.
Movimiento Prian: $ 3,6 millones.
Partido MPD: $ 3 millones.
Movimiento SUMA: $ 3 millones.
Partido Roldosista Ecuatoriano: $ 2,2 millones.
Movimiento Revolución Ciudadana: $ 2 millones.
Movimiento Municipalista: $ 1 millón.
Movimiento CDU: $ 359.000.
Movimiento Unidad Popular $ 331.000.
El fondo de promoción electoral, explicó Esteban Torres, es aquel que fue instituido desde la Constitución de 2008, por el cual se entregan recursos para que los candidatos o las organizaciones que quieren participar, por ejemplo, en procesos electorales como consultas y más pauten en los medios de comunicación la difusión de sus propuestas.
No es un dinero que se entrega, a diferencia del fondo partidista, sino que es un monto que se asigna para cada elección, que desde 2008 alcanza los $ 182 millones.
Torres destacó que la propuesta presidencial de Daniel Noboa se encadena a esa necesidad de bajar los gastos innecesarios y de utilizar ese dinero, en este caso $ 260 millones, en temas que se tienen que usar.
La legisladora Nuria Butiñá, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), se pronunció en contra de la reforma, porque —a su criterio— no se puede destruir un pilar fundamental de la democracia participativa.
Dijo que las cifras mostradas por el presidente de la comisión ocasional desde hace 17 años, que sumadas no representan ni el 1 % del producto interno bruto, no tienen comparación a cómo se están destinando los recursos del Estado en consultas populares y en la falta de fiscalización.
Butiñá agregó que con la reforma se pretende minar la democracia participativa, silenciar voces que disienten y bloquear los caminos de la representación popular. El financiamiento público no es como lo tratan de vender: una idea de recursos que se han mal utilizado. Por el contrario, es una garantía constitucional para el ejercicio de la política y que esta no quede secuestrada a intereses particulares.
La asambleísta Diana Jácome (ADN) expuso que es un clamor ciudadano de muchísimos años que los recursos del Estado no se inviertan en partidos políticos, que en muchas ocasiones han hecho inversiones que asombran, y contó que el dinero asignado se destinó a cirugías estéticas, exámenes prostáticos y comida para animales.
Aclaró que no se trata de discriminación, sino de un clamor ciudadano. Reiteró que la soberanía radica en los ecuatorianos y será el pueblo quien decidirá en las urnas si quiere o no que su dinero siga auspiciando ese tipo de inversiones.
La asambleísta de RC Gitta Andrade consideró que no se está siendo objetivo con el tema, muchos de los asambleístas que están en el pleno se confunden, se marean y es una lástima y una vergüenza ajena, pues el hecho de estar rodeados de un porcentaje mínimo de personas que tienen poder económico no los hace parte de ellos.
Andrade, dirigiéndose a los legisladores de ADN, dijo que no se olviden de dónde vienen, por más que hayan cambiado su vestimenta, por más que ahora anden con seguridad pública o privada, eso no los hace ciudadanos de clase económica alta.
Añadió que se pretende quitar presupuesto a los partidos políticos para dejarlos invisibilizados en las próximas campañas y que no lleguen a las urnas: qué pasará con aquel grupo rural o urbano que no tiene ni para dar a conocer sus propuestas en el ámbito local, provinciales y nacional. “No hagan de la política un negocio, no hagan ver de una forma de inversión que luego van a tener que recuperar; es un error enorme”, subrayó Andrade.
Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), manifestó que en su mayoría las organizaciones políticas usaron los recursos del Estado equivocadamente para el fin y el objetivo que creó la ley y la Constitución en 2008.
Los recursos debieron utilizarse para la formación, pero lamentablemente se ha visto un montón de atrocidades y eso ha hecho que la ciudadanía ya no confíe en la clase política ni en los políticos, por eso es importante darse un baño de verdad, explicó.
Y recalcó que es hora de que el pueblo ecuatoriano reciba esos recursos que por años se han entregado a los políticos para que sean invertidos en lo que tanto se reclama en la Asamblea: en el sistema de salud que no funciona, que la educación está botada y que en seguridad hace falta mayor inversión. (I)
