La Comisión del Derecho a la Salud hará nuevos cambios al informe final del proyecto de Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en situación de Vulnerabilidad, también conocido como Ley Pancita Llena.
Esta iniciativa, propuesta en julio de 2019 por la asambleísta Dallyana Passailaigue (PSC), busca implementar mecanismos para que la donación de alimentos se convierta en norma en los productos que sean aptos para el consumo humano, con el fin de entregarlos a personas vulnerables.
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La mesa legislativa deberá procesar las observaciones que surgieron durante el segundo debate del proyecto, desarrollado la tarde del martes en la sesión del pleno n.º 761.
La ley no se votó en esa jornada, ya que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió la sesión por pedido del legislador Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, quien es el ponente del proyecto de ley. Molina solicitó tiempo para que la mesa elabore un informe definitivo.
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Durante el segundo debate, Passailaigue defendió el informe que se discutía ese momento. Señaló que la ley “visibiliza y regla la dinámica de la donación de alimentos”.
“Esta ley contiene una serie de acciones para lograr que la donación sea la primera opción, por encima de la destrucción. La legislación actual contempla beneficios tributarios cuando los productos que no lograron comercializarse se incineran, así como cuando se donan. Queremos priorizar la donación”, resumió Passailaigue.
Agregó que la norma prohíbe la destrucción de alimentos que estén en condiciones adecuadas para el consumo. Los productos serían entregados a organizaciones sin fines de lucro, para su acopio y distribución a quienes los necesitan.
Una de las asambleístas que pusieron algunos reparos a la propuesta fue María José Plaza (CREO). Dijo que persisten “varias fallas”; una de ellas sería la falta de claridad sobre qué institución será la entidad rectora de la ley.
“Si bien se han atribuido funciones al Ministerio de Agricultura, también se involucra a otros entes, cuyas atribuciones no se encuentran definidas como es el caso del MIES, Ministerio de Salud Pública, entre otros”, apuntó Plaza.
Al cabo de más de dos horas de debate, Llori suspendió la sesión. La Comisión del Derecho a la Salud tendrá ocho días para trabajar en el texto que será sometido a votación del pleno. (I)