La Asamblea Nacional inició el trámite del informe respecto a la investigación del caso denominado Pandora Papers, en el que se nombra al presidente de la República, Guillermo Lasso. Este 2 de diciembre dio lectura del documento de 291 fojas y aplazó para el martes el debate y la votación.

Los Pandora Papers son una filtración de archivos que se publicaron a nivel mundial de empresas y personajes políticos relacionados con bienes y capitales establecidos en offshore y administrados en países considerados paraísos fiscales.

La investigación a nivel legislativo surgió tras la aprobación de una resolución el 7 de octubre de 2021 en el pleno, en el que se requirió a la Comisión de Garantías Constitucionales que efectúe la investigación correspondiente del caso denominado Pandora Papers, por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social; y, en cumplimiento de su temática y funciones determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicite las comparecencias y formule los pedidos de información que considere necesarios, bajo criterios de especialidad y prevalencia legislativa, con el fin de esclarecer la vinculación del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dentro de la investigación periodística divulgada, relacionada con el uso de empresas fantasma en paraísos fiscales y los fines de las mismas.

Investigación política sobre los Pandora Papers, a debate hoy en el Legislativo

Durante el proceso de recolección de información se realizaron pedidos de datos y además se requirió la comparecencia de autoridades públicas, expertos y personas involucradas con la materia de la investigación; esto es, la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, y su familia, quienes no asistieron a la invitación lo cual fue objeto de cuestionamientos por parte de los legisladores del sector correísta, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES).

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Tras el análisis, con seis votos, la Comisión de Garantías Constitucionales determinó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular en el 2017, que prohíbe a las autoridades de elección popular tener bienes o acciones en empresas en paraísos fiscales.

Por ello, la mesa consideró que se incumplió lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, por grave conmoción social y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales que facilitan estructuras que afectan al interés económico y tributario del Estado.

Por consiguiente, recomendó que se proceda con la destitución del primer mandatario, lo cual generó reacciones políticas y el sector oficialista, representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), salió en su defensa; en tanto que los bloques de la Izquierda Democrática, Pachakutik y el Partido Social Cristiano advirtieron que el país no vive una conmoción interna ni crisis política que motiven una destitución. Con la tesis de destituir al mandatario se mantiene el sector correísta.

La Comisión recomendó que se apruebe una resolución del pleno de la Asamblea en la que se disponga que, en el plazo máximo de ocho días, el presidente de la República, Guillermo Lasso, comparezca ante el pleno de la Asamblea Nacional para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda a las preguntas del pleno.

Que se apruebe una resolución mediante la cual se levante el sigilo de toda la información que ha sido catalogada como reservada por las instituciones del Estado relacionadas con las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso vinculados a Guillermo Lasso Mendoza y otros. Asimismo, que el pleno de la Asamblea comunique a todas las instituciones del Estado que el presidente de la República ha renunciado públicamente y por escrito al sigilo de sus cuentas.

Además, se pide que se exhorte al Ejecutivo y a la Corte Constitucional para acelerar el proceso de ratificación del acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos.

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Que luego que comparezca el primer mandatario al pleno de la Asamblea, y una vez que se haya receptado la información requerida, la Comisión de Garantías analizará dicha información y los resultados de la comparecencia, y presentará un informe al pleno de la Asamblea Nacional en mérito de este informe y expediente

Que se proceda al enjuiciamiento político de las autoridades que no comparecieron o no facilitaron la información requerida por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales dentro del presente proceso de investigación.

Se recomienda enviar el informe a la Fiscalía General del Estado, Contraloría del Estado, Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos.

Posiciones políticas

El debate sobre este caso recién empezará el martes 7 de diciembre a partir de las 15:30, pero legisladores como Alejandro Jaramillo (ID) consideran que no hay causal para destituir al primer mandatario, sin embargo, es partidario de que debe asistir al pleno a presentar su versión sobre el caso.

También hizo un llamado al primer mandatario para que se aparte de las amenazas y denuncias en contra de los legisladores, que el Ecuador necesita paz y tranquilidad, y que tampoco es el momento de muerte cruzada, sino de trabajar para generar empleo y salud.

Eitel Zambrano (BAN) manifestó que el informe no tiene legitimidad, porque se pretende vincular el tema de conmoción social para generar la destitución del presidente de la República, y no se cumple con los requisitos. Que ese sector político mantendrá una posición firme de defender la legitimidad del primer mandatario.

El correísta Juan Lloret indicó que el informe sobre los Pandora Papers es un trabajo responsable de la Comisión en el que se devela el manejo de bienes, recursos y capitales en paraísos fiscales. Que las empresas y recursos del presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvieron en manos de terceras personas, lo cual viola la ley del pacto ético.

Dijo que su bancada insistirá en la presencia del jefe de Estado en el pleno de la legislatura para que diga su verdad sobre los papeles de Pandora. Y que se remita el informe a las entidades de control y la justicia para que se realicen las investigaciones independientes.

Desde el PSC, Jorge Abedrabo afirmó que no respaldan la destitución del presidente de la República basado en un informe político y no técnico. Que si dentro del informe existen temas que deben ser investigados deben ir a la Fiscalía y a la Contraloría del Estado.

Virgilio Saquicela (BAN), primer vicepresidente de la Asamblea, manifestó que ya está convocado el pleno para el próximo martes, en que se abrirán el debate y la votación. Este caso debe quedar cerrado antes del 15 de diciembre, pues al siguiente día los asambleístas se acogerán a la vacancia legislativa, dijo.

Saquicela, quien presentó un informe de minoría sobre este tema, sostuvo que de los doce millones de documentos que se habla en el caso Pandora Papers, no se leyó ni uno en la Comisión de Garantías Constitucionales que llevó adelante la investigación y que tampoco se analizó nada sobre la supuesta vinculación del primer mandatario en este caso. Que no existen indicios ni presunción y menos prueba que haga concluir que el presidente Guillermo Lasso haya estado vinculado con paraísos fiscales a la fecha de la inscripción de la candidatura presidencial.

El legislador Édgar Quezada, del bloque Pachakutik, comentó que aún no existen acuerdos sobre el destino que tendrá el informe de mayoría, que bien puede ser aprobado con ciertas modificaciones y ser remitida la documentación a la Fiscalía y a la Contraloría del Estado. (I)