Pese a que, la tarde del 2 de septiembre pasado, Álex Fabricio Bravo Panchano salió del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Santo Domingo de los Tsáchilas bajo régimen semiabierto, al haber cumplido más del 60 % de la pena unificada de 100 meses de cárcel, el exgerente de Petroecuador durante la presidencia de Rafael Correa no ha tenido ese mismo cumplimiento con las multas, la reparación integral y penas pecuniarias impuestas en tres procesos penales relacionados con actos de corrupción.

Álex Bravo, hoy de 41 años de edad, debe pagar al Estado ecuatoriano por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito —caso que inicialmente se lo llevó por tráfico de influencias— y delincuencia organizada más de $ 6 millones.

Según la Justicia ecuatoriana, por el delito de cohecho, Bravo junto con doce personas condenadas más deben pagar un total de $ 50,4 millones, que es la suma de $ 12,6 millones de reparación y $ 37,8 millones de pena pecuniaria; $ 364.000 debe cancelar dentro del fallo en firme por enriquecimiento ilícito; y $ 1,3 millones en el caso por delincuencia organizada, en el que se le ordenó en calidad de colaborador, luego de acogerse al procedimiento abreviado, el pago de una multa de $ 4.500 y una reparación de $ 1′298.520, que debían ser depositadas en las cuentas de Petroecuador.

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Procuraduría asiste a audiencia en Panamá para que se defina a Ecuador como víctima; se busca recuperar $ 2 millones relacionados con trama de corrupción

La acumulación de penas se dio en los casos de corrupción por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, en los que se le ordenaron 40 y 60 meses de cárcel, respectivamente. De esos dos casos, un juez penitenciario resolvió que el cómputo final le dejaba una sentencia total de 100 meses de prisión a Bravo. En este cómputo no ingresaron las penas que estaban ya cumplidas, de seis meses de cárcel por el ingreso de un objeto prohibido a un CPL y tampoco el fallo de 40 meses de prisión dentro de la causa por delincuencia organizada.

El cambio de régimen de rehabilitación social, es decir, de régimen cerrado a un régimen semiabierto, lo resolvió a inicios de septiembre José Guzmán, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias del cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, luego de que se dio paso a la acumulación de penas.

La Procuraduría General del Estado (PGE) es la institución que está a cargo de recuperar los recursos dispuestos en sentencia como reparación integral por los actos de corrupción cometidos. Desde esa instancia se ha señalado insistentemente lo complejo que significa la recuperación de estos dineros o bienes, pues en unos casos no están a nombre de los sentenciados, y en otros los dineros fueron sacados del país a empresas offshore o a cuentas en paraísos fiscales.

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Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), cree que en el Ecuador existen normas que benefician a la corrupción y al mismo tiempo existe una actitud impávida para modificar esos cuerpos legales que están permitiendo que el peso de la ley no caiga sobre los corruptos. Además, califica de grave que el país no haya encontrado un mecanismo para recuperar los recursos económicos que se manejaron dolosamente.

Mediante un comunicado, la CNA señala que la salida de la cárcel de Álex Bravo, “sin devolver los recursos asaltados a los ecuatorianos, solo demuestra la existencia de un sistema estructural que favorece la impunidad”.

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A mediados de febrero pasado, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, asistió a una audiencia en Panamá como parte del proceso para que el Ecuador sea definido como víctima en una causa por blanqueo de capitales abierta en ese país centroamericano contra Álex Bravo y el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, ambos sentenciados en el proceso penal por cohecho.

El objetivo de la PGE es que la Justicia de Panamá reconozca a Ecuador como víctima, para así recuperar cerca de $ 2 millones que Pareja Yannuzzelli, Bravo y otros condenados por cohecho habrían depositado en bancos panameños.

En 2021, la Procuraduría ya hablaba de la existencia de aproximadamente $ 4 millones congelados en cuentas de Panamá, las cuales se sospechaba estaban relacionadas con la causa por cohecho en Ecuador. Incluso, la PGE informó que las autoridades panameñas alertaron a nuestro país de que, además de esos $ 4 millones depositados, Pareja Yannuzzelli, Bravo y otros enviaron $ 1 millón a ese país.

En total, en Panamá existirían $ 5 millones que estarían directamente relacionados con los condenados por cohecho, los cuales, se asegura desde la Procuraduría, deben ser recuperados y repatriados, pues son recursos “robados a los ecuatorianos”.

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Por cohecho no solo fueron sentenciados a cinco años de cárcel los exgerentes de Petroecuador Pareja Yannuzzelli y Bravo, sino también Paquita de Mora y Arturo Escobar, exasesores de gerencia de Petroecuador; los contratistas Glenda Meza, Ramiro Luque, Humberto Guarderas, Andrés Baquerizo, Arturo Pinzón y Jaime Baquerizo, señalados como autores del cohecho cometido. Dos años y seis meses recibieron como cómplices Sonia Calero, Rosa Pareja y Carlos Pareja Avilés.

Durante la audiencia de juicio en 2017 se aseguró que el cohecho en este caso se cometió entre 2012 y 2016, cuando Pareja Yannuzzelli, Bravo, Escobar y De Mora, aprovechándose de sus cargos como funcionarios públicos, recibieron y entregaron “transferencias indebidas” de dinero a cambio de contratos en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Según la teoría fiscal, para concretar las transferencias de esta organización delictiva se crearon en Panamá las empresas offshore Girbra, de Bravo; Escart, de Escobar, y Capaya, de Pareja Yannuzzelli. Una vez constituidas, explicó Fiscalía, mediante cuentas abiertas en bancos de Panamá, las offshore empezaron a recibir y enviar transferencias económicas relacionadas con los hechos investigados.

ESMERALDAS. Álex Bravo y Carlos Pareja Y. acompañaron al entonces vicepresidente, Jorge Glas, durante la inauguración de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

Para finales de enero pasado, la PGE solicitó al Tribunal de Juzgamiento de Pichincha de la causa por cohecho, transformado en Tribunal de Ejecución, que ordenara el embargo de cinco lotes de terreno a nombre de Álex Bravo, los cuales estaban ubicados en el cantón Esmeraldas: dos lotes de terreno identificados con los números 6 y 11, cada uno de 98 m² y que están ubicados en la urbanización Julio Estupiñán Tello; y tres lotes de terreno identificados con los números 9, 10 y 11, cada uno de 160 m² y ubicados en el barrio La Habana, de la parroquia Tachina.

Dentro de este mismo proceso de recuperación, la Procuraduría logró que pasaran a control del Estado ecuatoriano tres inmuebles de propiedad de Bravo localizados también en el cantón Esmeraldas, avaluados en $ 240.000. En enero de 2021, como parte de la sentencia en firme por cohecho, la PGE solicitó al Tribunal de Ejecución que inicie la ejecución forzosa y embargo de los bienes a nombre de los trece sentenciados.

Se cree que Bravo manejó no menos de $ 12 millones en dineros producto de coimas por la entrega de contratos en obras en diversos proyectos del sector petrolero, como por ejemplo la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. En noviembre de 2016 se conocía en Ecuador que inversiones bancarias o en fondos privados y depósitos en compañías panameñas y estadounidenses fueron el principal destino que Bravo les dio a más de $ 13 millones que manejó a través de su empresa Girbra S. A.

La acumulación de penas le permite a Álex Bravo salir de la cárcel y beneficiarse del régimen semiabierto

Bravo habría adquirido Girbra, cuyo representante era el estudio Escobar, Della Togna, Icaza & Jurado, y abrió dos cuentas bancarias en Panamá: la primera en el Helm Bank y la segunda en el Capital Bank. Según la Fiscalía de Panamá, para septiembre de 2016, en la cuenta del Helm Bank Bravo recibió depósitos por unos $ 13,3 millones, algunos de ellos relacionados con contratistas de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

Bajo el régimen semiabierto, Bravo cumplirá los menos de dos años que le restan por completar de los ocho años y tres meses que se le definieron en la acumulación de penas. En ese tiempo, él deberá usar un grillete electrónico; tendrá que presentarse todos los sábados en el CPL de Santo Domingo, entre las 8:00 y las 10:00; y se mantendrá con prohibición de salida del país. (I)