Unas 260 acciones de protesta en 49 cantones de 22 provincias del país se han registrado en los doce días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), según datos del colectivo Geografía Crítica, que es parte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
El paro nacional arrancó el pasado 22 de septiembre. Las organizaciones indígenas y sociales rechazan la eliminación del subsidio al diésel, y otras medidas económicas del presidente Daniel Noboa.
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Con base en reportes de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, además de información de la prensa, Geografía Crítica detalló que, hasta la tarde de ayer, se realizaron 178 cierres de vías, 44 marchas, 28 plantones y asambleas, 4 cacerolazos, 3 acciones simbólicas y 2 vigilias.
Estas medidas de hecho han dejado manifestantes detenidos, heridos y uno fallecido, así como policías y militares heridos. No hay una sola fuente de información de estas cifras. El Gobierno y la Alianza las manejan por cuerda separada.
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Así, hasta la mañana de este viernes, 3 de octubre de 2025, el Ministerio del Interior reportaba 102 detenidos.
De ellos, 93 son hombres y 9 mujeres. Asimismo, 11 son menores de edad, y 9 extranjeros (cinco venezolanos, tres colombianos y un argentino).
Del total de detenidos en las protestas, 29 tuvieron un dictamen de libertad, 46 recibieron medidas sustitutivas, 21 tienen prisión preventiva, 4 tienen audiencias pendientes, 1 tiene boleta de excarcelación y otro fue deportado.
La entidad indicó que, al momento, hay 52 policías y militares heridos.
Días atrás, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, indicó que 17 militares fueron “secuestrados” en la zona de Imbabura, y que trece de ellos presentaban heridas graves cuando fueron liberados.
Algo que dirigentes como Martha Tuquerres, de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), negaron. Ella narró ayer brevemente, en una rueda de prensa en esa comunidad, cómo se aplicó la justicia indígena a militares que fueron retenidos el fin de semana pasado, luego de la muerte de Efraín Fuerez.
“Los trece militares nunca fueron maltratados ni violentados. La entrega de ellos se hizo a la Cruz Roja, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, el jefe político de Cotacachi. Se realizó en condiciones de respeto y transparencia, y estuvieron presentes sus familias y las 1.600 personas que participaron en la asamblea (de justicia indígena)”, precisó Tuquerres.
De lado de los manifestantes, Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza, señaló que han logrado documentar los casos de 103 heridos. Pero aclaró que estas cifras las obtuvieron del monitoreo realizado en los puntos de las protestas a los que lograron llegar; es decir, que podrían ser más.
Idrovo indicó que han recibido 400 reportes de posibles violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta indígena. De estos, 183 están verificados: 90 de ellos habrían ocurrido en Imbabura; 41 en Pichincha, y 12 en Cotopaxi y Azuay, cada uno.
La activista destaca dos fechas en las que, según las denuncias, hubo mayor represión de los uniformados: el 22 de septiembre y entre la madrugada del 27 y la noche 28 del mismo mes. En estas últimas fechas ocurrió la muerte de Fuerez, que se atribuye a excesos de la fuerza pública.
El pasado jueves, la Conaie ratificó la continuidad del paro nacional y señalaron que no se abrirán al diálogo con el Gobierno de Noboa hasta que se dé marcha atrás en la eliminación del subsidio.
Las protestas aumentaron en provincias como Bolívar y Chimborazo. Aunque algunas comunidades de Imbabura se han replegado para redefinir su “estrategia”, como la Unión de Comunidades y Barrios Indígenas y Campesinos de Ilumán (Unicobici), que resolvió volver a sus territorios, tras criticar el liderazgo de Marlon Vargas, presidente de la Conaie, al frente del paro. (I)