Dos meses han pasado desde que la Asamblea Nacional, en paquete, otorgó amnistía a 270 personas relacionadas con 60 causas y hasta el momento 16 de los 25 casos que estaban en alguna etapa procesal ya han recibido la respectiva notificación judicial de la extinción del ejercicio de la acción penal y el archivo de la causa.

La madrugada del 10 de marzo último, el voto de 99 legisladores de las bancadas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática e independientes permitió la aprobación del Informe de Amnistía elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea.

Días después se publicó en el Registro Oficial la decisión de la mayoría del Legislativo, pero con errores, y por ello a inicios de abril se publicó la errata enviada desde la Asamblea para corregir la resolución inicial en la que se detectaron 43 errores en nombres, números de cédula y causas, así como la comisión de dos beneficiarios. Pasaron de 268 a 270 amnistías.

Fe de erratas para corregir errores en amnistías ya se publicó en el Registro Oficial

El 60 % de los casos amnistiados (35) estaban en etapa de investigación previa, es decir, no avanzaron a una etapa procesal que involucra a jueces y solo quedaron en el análisis de si existían o no elementos que den paso a una formulación de cargos. Quienes fueron amnistiados supuestamente estaban relacionados con hechos de defensores comunitarios, con la administración de justicia indígena, defensores de la naturaleza y por ejercer el derecho a la resistencia y la protesta social.

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Entre finales de marzo y finales de abril, jueces unipersonales y parte de tribunales de diferente nivel dieron a conocer a los sujetos procesales amnistiados la resolución en la que acogían lo dispuesto por el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea y levantaban todas las medidas cautelares de carácter personal y real, extinguían el ejercicio de la acción penal y ordenaban el archivo de la causa.

Entre esos casos están el seguido por rebelión contra la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández y del cercano al correísmo Christian González; el proceso por paralización de un servicio público en el que fue condenado el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Yoffre Poma, o el iniciado contra el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, ante una supuesta ocupación ilegal de suelos o tráfico de tierras en la provincia de Cotopaxi.

Ernesto Pazmiño, abogado de 4 de los 27 llamados a juicio por el incendio en la Contraloría ocurrido en octubre de 2019 y acusados por sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros, dijo que el tribunal del caso demoró en ordenar el archivo de la causa pese a que no solo él, sino otros abogados, insistieron de forma reiterada adjuntando la resolución de la Asamblea.

QUITO.- El último acto público que realizó Alexandra Vela, como ministra de Gobierno, fue entregar la demanda de inconstitucionalidad a las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional. Foto: Alfredo Cárdenas

El 7 de abril pasado, casi un mes después de la aprobación del informe, fueron en este caso notificados del archivo de la causa y la extinción de la acción penal los procesados. Para Pazmiño, así como varios de los familiares de los amnistiados, esa falta de agilidad causó desesperación y zozobra, principalmente por el tema de cumplir o no las medidas cautelares definidas en el proceso penal.

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En otros ocho casos con procesos penales iniciados por delitos como sabotaje, daño a bien ajeno, tráfico de tierras o paralización de un servicio público, no se conoce si se ha notificado a los beneficiarios de la amnistía del archivo de la causa, pues en el Sistema Informático de Trámites Judiciales (Satje) no aparece providencia alguna que hable de este tema. Existe un caso por robo que no tiene respuesta sobre el archivo y extinción, pero el Tribunal de la Corte Nacional está a la espera de una respuesta de las partes para resolver lo de fondo.

Una de las causas que no tendrían aún respuesta judicial es la del expresidente de la Conaie Antonio Vargas, quien fue amnistiado por la Asamblea dentro de un proceso penal por el uso ilegal de suelo o tráfico de influencias. El líder indígena asegura que no conoce del tema, dijo que va a averiguar qué ha sucedido para la demora y recordó que como ya le dieron un indulto, él no dio seguimiento al tema de la amnistía.

Amnistías se basan en análisis de delitos presentados como lucha social, derecho a la resistencia y administración de justicia indígena

El efecto de la amnistía definida en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: la amnistía extingue el ejercicio de la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos, respecto a la presunción o el cometimiento de los delitos políticos o conexos con lo político. En la norma se explica que resuelta la amnistía no podrán ejercerse acciones penales ni iniciarse proceso penal alguno por dichos delitos.

Además se indica que si con anterioridad se inició un proceso penal, la pretensión punitiva se extinguirá mediante auto dictado por el juez competente, que no admitirá consulta ni recurso alguno. Si existe sentencia condenatoria, se entenderá como no impuesta la pena, y quedan cancelados todos los efectos de tal sentencia, inclusive los civiles.

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Paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, usurpación, rebelión, secuestro, sabotaje, ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, intimidación fueron en la mayoría los delitos en los que eran procesadas personas que recibieron amnistía.

Al menos dos demandas de inconstitucionalidad ante las amnistías entregadas por la Asamblea tiene en su conocimiento la Corte Constitucional. Una fue presentada por integrantes del Colectivo Quito Levántate y otra fue planteada por la ahora exministra de Gobierno Alexandra Vela. (I)